Desde su llegada a la presidencia en octubre de 2025, Rodrigo Paz ha adoptado un enfoque económico gradualista frente a una Bolivia en crisis: escasez de dólares, déficit fiscal de 7 a 10% del PIB, inflación superior al 20% y reservas en descenso. Sin recurrir a medidas abruptas, ha priorizado la reconstrucción ordenada del país mediante recortes del 30% en gasto público, preservando bonos sociales, eliminando impuestos impopulares para atraer inversiones y repatriar ahorros, y devolviendo de manera escalonada 2.700 millones de dólares retenidos en la banca privada. Estas acciones buscan estabilidad y confianza económica, pero aún son insuficientes frente al desafío más grave que enfrenta la nación: la educación.
Mientras la economía puede ajustarse con prudencia, la educación demanda una transformación profunda, casi revolucionaria, que comienza con la abolición de la Ley Avelino Siñani. Ninguna política fiscal o ajuste económico compensará un sistema educativo rezagado ni garantizará prosperidad si las escuelas no preparan a las nuevas generaciones para competir globalmente. La estabilidad económica será incompleta mientras se desinvierte en capital humano. Derogar la Ley 070 no es una opción; es un imperativo nacional para asegurar el futuro del país.
Promulgada en 2010 bajo el discurso de descolonización y reivindicación indígena, la Ley Avelino Siñani nació con la intención de dignificar la diversidad cultural de Bolivia. Sin embargo, su ejecución transformó una visión cultural valiosa en un instrumento de adoctrinamiento ideológico. El problema no fue reconocer la importancia de las raíces indígenas, sino convertir esa perspectiva en el eje absoluto del currículo, desplazando áreas esenciales como ciencia, tecnología, pensamiento crítico, matemáticas modernas, idiomas y competencias globales. Las aulas dejaron de ser espacios de aprendizaje para convertirse en escenarios donde se repetía la narrativa del partido, transformando la escuela de fábrica de capacidades a recinto de propaganda blanda.
El currículo resultante se volvió un laberinto ideológico que pocos comprenden, pero todos deben recitar. Mientras el mundo avanzaba hacia alfabetización digital, programación escolar, robótica y ciencia aplicada, Bolivia permanecía atrapada en debates sobre la pureza moral de conceptos como el “ser humano socio-comunitario”. Las consecuencias son evidentes: estudiantes incapaces de comprender textos, jóvenes que enfrentan las matemáticas con miedo, ingresantes universitarios sin competencias básicas y una cultura educativa donde el mérito fue sustituido por un relato que evita “herir susceptibilidades”. Esta mediocridad institucionalizada ha minado la calidad educativa del país.
La politización no se limitó a los contenidos académicos. La Ley 070 creó juntas escolares que, en teoría, debían apoyar la gestión educativa, pero en la práctica se convirtieron en células políticas donde se premia a aliados, se castiga a opositores y se negocia influencia partidaria. Las necesidades reales de los estudiantes quedaron relegadas. Simultáneamente, la burocracia se multiplicó: cualquier cambio requiere comités, sellos y reuniones interminables que consumen recursos sin mejorar el aprendizaje. Esta desconexión con la realidad hace que la Ley 070 parezca escrita para un país que ya no existe.
Bolivia no forma jóvenes para competir en la economía del conocimiento; los prepara para un relato romántico del pasado. Pensadores valiosos como Tamayo y Reinaga fueron convertidos en dogma en una era dominada por inteligencia artificial, biotecnología y automatización. Respetar la cultura indígena es necesario, pero usarla como pretexto para marginar la ciencia representa un error estratégico que compromete el futuro nacional.
Hace cinco años la pandemia de COVID-19 expuso brutalmente estas fragilidades: sin autonomía escolar, sin estrategia tecnológica y con docentes poco preparados para entornos digitales, Bolivia improvisó soluciones de emergencia. El problema no fue solo la falta de equipos, sino un sistema rígido, incapaz de adaptarse porque nunca estuvo diseñado para innovar.
Los daños persisten. Las exigencias académicas se diluyeron, aprobar a todos se convirtió en práctica común y la meritocracia fue reemplazada por mediocridad disfrazada de armonía comunitaria. La formación docente permanece atrapada en esquemas rígidos, sindicalizados y politizados, donde la excelencia no se premia y la incompetencia no se corrige.
La urgencia de abolir la Ley 070 no es un ajuste técnico, sino la condición previa para un nuevo contrato educativo. Derogarla significa construir un sistema centrado en ciencia, tecnología, innovación, mérito, autonomía institucional y diversidad cultural sin dogma. Rodrigo Paz puede estabilizar la economía, pero solo una reforma educativa profunda puede consolidar al país como proyecto de nación. La economía mide la temperatura; la educación es el corazón. Hoy ese corazón late débil, atrapado en una ley que cumplió su ciclo.
Abolir la Ley 070 no es un capricho simbólico, sino el único camino para construir un país que tome en serio el conocimiento, la innovación y la competencia global. Bolivia no puede seguir postergando la formación de su capital humano mientras ensalza un relato que ya no responde a las exigencias del siglo XXI. Sin cambios estructurales, los esfuerzos económicos serán incompletos.
El debate sobre la Ley Avelino Siñani debe ser central en la agenda nacional. No se trata de atacar la identidad cultural, sino de garantizar que cada niño tenga acceso a aprendizaje relevante, riguroso y competitivo. Bolivia enfrenta un desafío doble: equilibrar la economía y reconstruir la educación. Mientras los ajustes fiscales pueden mostrar resultados a corto plazo, la transformación educativa es la inversión estratégica que determinará si el país logra desarrollo sostenible. El tiempo para reflexionar se agotó; la acción es urgente. Abolir la Ley 070 es imperativo nacional; postergarlo condena a futuras generaciones a rezago permanente.
