Agredidas y obligadas a firmar, la violencia política contra las mujeres aumenta en Bolivia

Yolanda Salazar/EFE

Las amenazas, agresiones, retención de salarios y la presión para que firmen actas de «acuerdos compartidos» son algunas de las situaciones que viven las autoridades mujeres en Bolivia, una realidad que aumentó en 2023 registrándose 151 casos de acoso y violencia política.

Las mujeres, especialmente las concejalas y alcaldesas, sufren coacción para no ejercer sus cargos y para que no fiscalicen el trabajo de sus colegas, muchas viven agresiones verbales, físicas, psicológicas, reciben amenazas y presiones constantes para que terminen renunciando y así sus suplentes hombres tomen el cargo.

«Desde cualquier punto de vista como Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) repudiamos el accionar de estos actos violentos que van sucediendo a lo largo del tiempo del mandato de nuestras autoridades mujeres», dijo a EFE la presidenta de la asociación, Josefina Velásquez.

En 2023 la Acobol contó 151 casos de acoso y violencia política a nivel nacional, 75 casos más que los registrados en 2022.

La mayoría de los casos suceden en el área rural donde sus colegas hombres «presionan» o de alguna forma engañan a las concejalas para hacerles firmar documentos en blanco o los «acuerdos de gestión compartida», en el que aceptan «ceder» su cargo a sus suplentes a la mitad de su gestión o incluso antes, mencionó Velásquez.

Estos «acuerdos de gestión compartida» «no están reconocidos por ninguna ley», por lo que no es legal, pero en algunos casos incluso estos documentos llegaron a tener sellos de notarías de fe pública para que parezcan «válidos» y para que las mujeres cumplan con su compromiso.

Algunos argumentan que de acuerdo a los «usos y costumbres» en el área rural deben «rotar» para ser autoridades, y cuando denuncian la situación son presionadas para callar o cuando comienzan a fiscalizar el trabajo de sus colegas o tienen liderazgo las comienzan a hostigar, comentó Velásquez.

Cuando las mujeres denuncian ante el Ministerio Público que no les dejan ejercer sus funciones mientras viven acoso y violencia política, en algunos casos, la Policía tarda en investigar los casos o sencillamente dicen que «no son relevantes».

«Aún vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad muy machista, sin embargo hay la necesidad de cambiar la mentalidad para que futuras autoridades mujeres electas legalmente y de manera legítima puedan ejercer sus cargos plenamente con toda libertad», indicó la presidenta de Acobol.

Acosadas

Uno de los casos más relevantes de acoso y violencia política que sucedieron 2023 fue el de las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores, quienes fueron elegidas en mayo para liderar el Concejo Municipal de Cercado en la región central de Cochabamba, situación que desembocó en una serie de presiones para que renunciaran.

Las personas pegaron en las paredes cerca a los domicilios de las concejalas fotografías de ellas y tapiaron la entrada al Concejo Municipal para evitar que sesionaran y asumieran sus funciones.

En junio la asambleísta departamental Muriel Cruz fue agredida físicamente por un grupo de personas que impidió su ingreso a la Asamblea Departamental de Santa Cruz, situación que también fue repudiada.

El año pasado también estuvo marcado por la histórica sentencia en el caso de la concejala Juana Quispe, quien fue asesinada luego de recibir amenazas, ser hostigada, agredida físicamente e impedida para ejercer su cargo.

La Justicia determinó 30 de años de cárcel para el exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, y el exconcejal Pastor Cutili, además de 15 años para la exconcejala Basilia Ramos, sentencia que llegó a casi 12 años de su muerte.

A partir de este caso se impulsó la promulgación de la ley 243 que sanciona los hechos de acoso y violencia política en el país.

Desde 2015 a 2023 la Acobol recibió 733 denuncias de acoso y violencia política y solo hay cuatro sentencias en casi 12 años de la vigencia de esta norma.

Este año comenzó con un caso de dos concejalas de la localidad de Sipe Sipe, en la región central de Cochabamba, que fueron obligadas por un grupo de personas a firmar una «licencia fija» para no ejercer sus cargos, situación que provocó la activación del mecanismo de prevención y atención en casos de acoso y violencia política por parte del Gobierno.

De la misma manera, la Defensoría del Pueblo hizo seguimiento del caso y las concejalas asumieron sus funciones con resguardo policial y el Ministerio Público abrió una investigación de oficio.

Velásquez recomendó que para que sea más efectiva la aplicación de esta ley haya fiscalías especializadas en acoso y violencia política, como también que se abra la posibilidad de añadir como un delito los «acuerdos compartidos» para que se sancione esta práctica.

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