Régimen de Daniel Ortega ahora arremete contra la educación superior
Gobierno nicaragüense confisca la Universidad Centroamericana.
Después de acusarla de propiciar el terrorismo, el Gobierno de Daniel Ortega confiscó todos los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA), una de las principales instituciones de educación superior de Nicaragua.
Tras la confiscación y el cierre de actividades de la UCA este 16 de agosto, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) creó ayer 17 de agosto y de manera expedita una nueva institución de educación superior, se trata de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
Según el medio Divergentes, el oficio judicial que permitió la confiscación de la UCA tacha a la Universidad de “centro de terrorismo” y agrega “aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas, destruyeron universidades públicas, edificios públicos y privados”.
La Universidad Centroamericana, propiedad de los jesuitas, se creó en 1963, como producto de una alianza con los empresarios nicaragüenses y en 2018 sirvió de refugio a cientos de estudiantes que se manifestaron en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ante las acusaciones, la Compañía de Jesús emitió un comunicado en el que indica: “Son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua”.
La congregación agrega: “La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres”.
A través de sus redes sociales, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó los hechos: “La OACNUDH recuerda al Estado de Nicaragua que su obligación ante la grave medida de cerrar una universidad, por supuesto motivos de seguridad nacional, debe estar justificada respecto a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales».
