Experto considera que no es el momento de aplicar impuesto a servicios digitales

Ante el anuncio del Gobierno de implementar un impuesto a los servicios digitales, previa aprobación del proyecto de ley en el Congreso, diversas versiones surgen sobre la viabilidad de esta iniciativa. El consultor en tecnología y experto en marketing, Mariano Cabrera, considera que el tema debe analizarse en tres niveles: entretenimiento, educación y empresas, pero que definitivamente no es el momento de aplicar el nuevo impuesto, porque afectará al consumidor final.
«No era el momento, no es ahora el momento de lanzar este impuesto… No se hace un análisis de la realidad boliviana… y va recaer finalmente en el usuario final, que son todos, tanto sectores populares, clase media y alta», opinó en contacto con Asuntos Centrales.
En su criterio, el tema debe analizarte en tres niveles, el primero es que hay usuarios que consumen contenidos por entretenimiento como Netflix, pero también hay un componente educativo por las clases virtuales y por último las empresas que utilizan la tecnología.
Cabrera cree que comparar Bolivia para aplicar el impuesto, que puede tener siete millones de usuarios digitales, con países como Argentina, es una locura, porque estas naciones tienen como 40 millones. «No creo que la gran mayoría (Netflix, Spotify, Zoom) vaya a abrir subsidiarias en Bolivia para pagar impuestos. Lo más fácil es que se nieguen y se cargue el impuesto al uso de las tarjetas de crédito, lo que va a afectar a cualquier compra o uso de tarjeta», analizó.
También hizo notar que muchas de estas compañías de tecnología ya tributan en otros países.
Nuevo impuesto
El 22 de abril, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Luis Arce anunció: “Enviamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de ley para modificar la Ley 843 y ampliar el alcance del IVA a los servicios digitales provistos desde el exterior” y complementó: “Las grandes firmas que comercializan servicios digitales en Bolivia, desde el exterior, deben tributar en igualdad de condiciones que las empresas que operan en territorio nacional”.