Fiscalía cierra el caso “narcoaudios” y hay rechazo de diversos sectores

Los coroneles Franco Jaime Arancibia y José María Velasco, además del capitán Ivert Villegas, denunciados por supuestamente abortar un operativo antidroga en el trópico de Cochabamba, fueron liberados de culpa por la Fiscalía que decidió cerrar el caso ‘narcoaudios’.

El expresidente Evo Morales, como denunciante, cuestionó que los exjefes policiales no hayan sido dados de baja. Desde Comunidad Ciudadana (CC) consideran que el cierre de dos “casos de corrupción” son parte de un pacto con la justicia, previo a la elección de magistrados.

“Tomando en cuenta los delitos que fueron imputados (como) uso indebido de influencias, no se ha podido generar una certeza de cómo se habría decidido un beneficio indebido o cuál fue este.

Resoluciones contrarias a la Constitución: no se tiene el elemento material como ser la resolución que contravenga a la Constitución o a las leyes o, en su defecto, no se corrobora una instrucción que contravenga las normas. Incumplimiento de deberes: revisados los elementos probatorios colectados durante la etapa preparatoria se advierte que no se ha identificado cuál era el deber propio de sus funciones de los sindicados que hubiesen incumplido o rehusado cumplir”, dice parte de la explicación del fiscal Freddy Alborta para cerrar la investigación.

El 4 de abril de 2022 el expresidente Evo Morales convocó a los medios de comunicación y presentó un audio que supuestamente le enviaron los propios vecinos de Valle Sacta, en el trópico de Cochabamba.

En la reproducción se oye decir a una persona: “Aquí hay un laboratorio, hay fábrica y todo. ¿Cuál es el problema?” La respuesta de otro sujeto es inmediata y le dice: “No me hagas enojar, te estoy diciendo que salgan del lugar”. Según Morales, se trataba de jefes policiales de la lucha antidrogas que abortaron un operativo. Por ese audio fueron destituidos y aprehendidos los principales responsables de la lucha antidrogas del país y se realizó una intervención a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de Chimoré. Los jefes policiales involucrados fueron aprehendidos, pero no hubo destitución de autoridades tal como había planteado el exmandatario. Incluso, el Ministerio de Gobierno ordenó someter a los policías antidroga a pruebas del polígrafo.