INRA ve afán político en denuncias de avasallamientos y comunidades fantasmas hecha por asambleísta
El supervisor jurídico del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), César Córdova Peñaranda, dijo que ve un afán político en las denuncias de la Comisión Especial de la Tierra, conformado por asambleístas departamentales, de avasallamientos y pueblos fantasma en el valle de Tucavaca y Carmen Rivero Torrez, en las provincias Chiquitos y Germán Busch, respectivamente.
«Cabe aclarar, en todo caso, están en un afán más político y tratan de desvirtuar la dotación que se ha realizado de forma legal, integrada y coordinada con todas entidades intervinientes con el tema tierra», afirmó, en contacto con Asuntos Centrales.
Consultado si no es legal una inspección de autoridades electas como asambleístas departamentales, respondió: «Para poder llegar hacer una inspección existe un procedimiento que está estipulado en la normativa agraria. Si bien como autoridades departamentales pueden llegar a hacer una verificación, nos harán llegar de forma responsable información para verificar de una forma concreta para poder aclarar y desvirtuar aseveraciones infundadas con afán político».
El asambleísta de la provincia Chiquitos, Iván Quezada, denunció el martes por la tarde que realizaron una inspección y encontraron comunidades fantasmas. “En las comunidades que hemos visitado, nos sorprendió mucho que tienen resolución de asentamiento de hace 8 años, pero no tienen ningún trabajo, si es que estas tierras fueron dotadas, es precisamente para la subsistencia de las familias que lo necesitaban…Entonces, estos municipios, que albergan a estas comunidades, la verdad que ven un perjuicio en la organización territorial, porque en un determinado momento llegan a los municipios a pedir servicios básicos y ciertos beneficios, que si la comunidad no tiene la resolución del Concejo municipal no los incluyen en el POA”, explicó.
El asambleísta indicó que la inspección se realizó cerca del municipio Carmen Rivero Torrez, provincia Germán Busch, recorrieron la comunidad Bolivia Nueva, 10 de Marzo, Villa San Lorenzo, que el INRA a principios de junio fue a posesionar a las familias, pese a la oposición del municipio de Roboré. También detalló que estuvieron en el valle de Tucavaca, provincia Chiquitos, donde existen tres comunidades campesinas indígenas en más de 6.000 hectáreas.
