Justicia impone detención domiciliaria al concejal opositor Federico Morón

Cuarenta y ocho horas después de denunciar al alcalde Jhonny Fernández por irregularidades en el asfaltado de la vía a Tundy, la Justicia determinó la detención domiciliaria para el concejal opositor Federico Morón.

Estas son las medidas sustitutivas impuestas por la Justicia contra Morón:

– Detención domiciliaria de 24 horas, sin escolta policial.

– Presentación ante el ministerio público cada viernes.

– Arraigo.

– Prohibición de tener comunicación con ningún testigo del proceso.

– Fianza de carácter personal.

La justicia determinó otorgar la detención domiciliaria para el concejal cruceño Federico Morón, tras una audiencia que se llevó adelante en el Juzgado Primero de instrucción Anticorrupción en la capital cruceña la mañana de este viernes, según confirmó el abogado Jorge Valda.

El concejal de Comunidad Autonómica (C-A) deberá presentar dos garantes y otorgar una fianza juratoria, de acuerdo con el reporte que emergió tras la audiencia que se extendió por más de cinco horas.

Morón fue aprehendido el miércoles y pasó dos noches en una celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), mientras la Fiscalía formuló la imputación que sindica al edil por los presuntos delitos de beneficios en razón del cargo y concusión.

Mientras tanto, diferentes manifestaciones de apoyo se dieron tanto en puertas de la Felcc como en el Palacio de Justicia, donde se instaló una vigilia que estuvo impulsada por los concejales de C-A, colectivos ciudadanos y personas allegadas al concejal.

Por dentro, y si bien la audiencia se llevó adelante a puerta cerrada, expuso un mensaje que le envió su hijo y que reza: “Papá, el coraje es contagioso, somos valientes”.

EL CASO TUNDY

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra destinará Bs 9,5 millones para pavimentar una ruta rural de 6,5 kilómetros que unirá las comunidades Tundy, La Peña y Oro Negro, ubicadas en el Distrito 14, según se lee en el detalle de la programación de inversiones de 2023 al que accedió el diario El Deber.

Esta inversión fue observada por concejales de Comunidad Autonómica (C-A). “¿Por qué el alcalde Jhonny Fernández está invirtiendo tanta plata en una zona tan despoblada?”, se preguntó Juan Carlos Medrano, concejal de esa fuerza política de oposición.

Observó que la obra fue promovida por el propio Fernández para beneficiar el acceso “a su quinta” que está, precisamente, en la ruta que se construye entre Tundy y La Peña. Vecinos del sector le explicaron al concejal que la propiedad del alcalde está junto a la actual vía de ripio, donde se realizan los trabajos iniciales para los trabajos de la pavimentación.

Medrano, según se ve un video que divulgó, también preguntó a varias personas si Fernández estaría comprando terrenos en esa zona para beneficiarse una vez que la nueva carretera esté concluida.

Ayer por la tarde, EL DEBER hizo el recorrido a través de esa carretera rural, conversó con los operadores de la maquinaria que trabajan en la preparación y compactación de tierra para la futura pavimentación. También conversó con los vecinos de La Peña, quienes aseguraron que el camino era una “exigencia antigua”.

“Hay como seis barrios aquí. Nosotros hicimos un censo, por así llamarlo, y aquí viven 6.500 personas. Este camino es necesario para sacar la producción de leche, soya; hay también una fábrica de ladrillo”, dijo el dirigente vecinal Pastor Torrez al diario cruceño.

Explicó que el área aún es considerada rural, aunque están organizados en barrios, precisamente, para conseguir equipamiento. “Después de la carretera vamos a exigir una posta de salud, porque esta es una zona que crece cada año y además estamos afectados directamente por el nuevo vertedero de basura que está en San Miguel de los Junos, desde donde además salen los lixiviado”, dijo Torrez. Esa zona de tratamiento está a tres kilómetros.

Entre La Peña y Oro Negro, el punto final de la carretera, existe algo más de un kilómetro. En el trayecto se ven caseríos dispersos y viviendas, además de una fábrica de tejas. Desde La Peña, donde aparecen tiendas de abarrotes, hasta la comunidad Tundy existen propiedades, algunas de ellas, incluso, con cultivos y pastizales para ganado. Muchas lucen bien dotadas y con nombre.

Sobresale en la ruta las quintas San Jorge, Toborochi y Santa Natasha, además de la urbanización Villa Bonita. El concejal Medrano, en el video que divulgó por sus redes sociales, señaló que una de esas propiedades sería del alcalde.

“Esas quintas no son parte de esta comunidad. Ellos son parte de Tundy”, afirmó Torrez y recordó que La Peña es parte del Distrito 14, una zona municipal mucho más grande. “Somos 56 barrios y trabajamos con el alcalde a través Asociación del Sur”, dijo Torrez.

Para llegar a ese lugar existe un servicio regular de minibús que sale desde el Mercado Nuevo del Plan Tres Mil. El costo del pasaje es de Bs 8, por un recorrido de 21 kilómetros. El servicio diario es desde las 5:00 hasta las 21:00.

Por su lado, el concejal Marcelo Vidaurre (C-A) dijo ayer que las primeras observaciones a esta obra vial fueron planteadas por su colega Federico Morón. Sucedió, dijo, un día antes que sea aprehendido por un caso de “concusión y de beneficios en función del cargo” que pudo cometer al recibir recursos provenientes de “aportes” que realizaron ciudadanos que trabajaron en su campaña proselitista. Los concejales de esa tienda política afirmaron que esa denuncia fue planteada a partir de dos testimonios falsos, de personas que no son parte de la administración edil ni el Concejo.

“El día anterior a su aprehensión, el martes, en conferencia de prensa, Federico denunció que recibió información sobre el asfaltado de la ruta Tundy- La Peña, donde está la quinta del alcalde municipal. Íbamos a ampliar esa denuncia, pero fue aprehendido”, dijo el concejal.

De acuerdo con el desglose de la programación de inversiones de la municipalidad, se destinaron Bs 9,2 millones para la construcción de la carretera y otros Bs 345.172 para las tareas de supervisión de esta obra de conexión vial.

El pasado 21 de enero, Fernández inauguró la rehabilitación de 10 kilómetros de pavimento flexible que beneficia a las zonas de Jorori, Tundy y Paurito. Para esa obra se destinaron Bs 18 millones.

En esa ocasión, el burgomaestre aseguró que la obra iba a beneficiar a más de 75.000 vecinos de la zona sur de la ciudad. El vecino Pastor Torrez dijo que el compromiso del alcalde era emprender la obra Tundy-La Peña-Oro Negro tras la entrega de esos trabajos.

Las obras comenzaron hace un mes, pero hubo una paralización de dos semanas por las lluvias. La empresa contratista Convial SRL tiene 331 días para terminarla.

“No hay allí urbanización porque es área rural. Corresponde a la jurisdicción de Santa Cruz porque Paurito es un distrito ya no es catón. Pero, esa zona no está bajo tuición del gobierno municipal, está bajo la administración del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Son quintas lo que allí hay, no hay vecinos”, insistió Vidaurre, quien además anunció que continuarán con una investigación sobre este caso.

El portavoz de la Dirección Jurídica de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, dijo que espera que se presenten pruebas respecto a esta supuesta irregularidad. “Estos concejales se han acostumbrado a levantar cualquier tipo de denuncia y, ¿qué pruebas se presentan?”, afirmó Montenegro.

Montenegro explicó que la obra fue incorporada en “un plan estratégico” que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ha puesto en marcha para la pavimentación de 200 kilómetros en toda la ciudad.

“Como presidenta de la Comisión de Organización Territorial y Autonomías del Senado he tomado la decisión de fiscalizar la pavimentación del tramo Tundy-La Peña por parte de la Alcaldía de Santa Cruz”, anunció la senadora Centa Rek, tras asegurar que tomó nota de la denuncia de Federico Morón sobre las irregularidades que pudieron haberse cometido con esta nueva carretera”. Además, dijo que envió peticiones de informe escrito a la Fiscalía General del Estado por la aprehensión del concejal Morón para que brinde un detalle pormenorizado de las denuncias en su contra. “No se pueden permitir arbitrariedades contra autoridades electas que fiscalizan”, dijo.