Los bloqueos son violentos e ilegales
La cultura del bloqueo genera perjuicios para todos
Hernán Cabrera M. / Periodista
Por un surtidor, por un módulo policial, por el enojo hacia un fiscal, por más ítems, por protesta contra las violaciones, por una carretera, son las demandas de diferentes sectores sociales, que para hacerse escuchar recurren a la extrema medida de los bloqueos de caminos, calles, carreteras.
Lo hacen asumiendo que tienen legitimidad, razón, bajo la lógica de la lucha “hasta las últimas consecuencias”. Se bloquea demandando de todo un poco, pero bloqueando los derechos humanos de los que no son parte de un determinado bloqueo.
Tú bloqueas, nosotros bloqueamos y que se jodan los otros, dinámica en que la que las instituciones del orden del Estado Plurinacional: Ministerio de gobierno, policía, fiscales actúan protegiendo a los que infringen las leyes, a los que violentan la convivencia y el normal desarrollo de las actividades.
O en su caso, esas instancias estatales si es un bloqueo de determinados sectores que no son sus afines, envían contingentes policiales armados hasta los dientes, quienes actúan con fuerza y sin contemplaciones para desbloquearlos.
En estos últimos años se ha fortalecido la cultura de los bloqueos en Bolivia, que más allá que sea un instrumento de lucha social y sindical, la medida es anticonstitucional y violenta. La Constitución Política del Estado en su Art. 21, inciso 7, establece que todos los bolivianos tenemos derecho a la “circulación en todo el territorio boliviano”, por lo que cualquier bloqueo venga de donde venga es ilegal, violento y vulnera los derechos humanos de los otros, los que no bloquean.
Este precepto constitucional es violado por esos sectores que deciden bloquear y por los que están encargados de hacerlo cumplir, como el sistema judicial y el organismo policial, que prácticamente brillan por su ausencia, como los ocurridos en las semanas anteriores, mucho más en ese bloqueo en Buena Vista, cuyos protagonistas quieren que una carretera pase por sus comunidades, afectando un área protegida como son los acuíferos del parque Amboró.
Este bloqueo de la ruta troncal Santa Cruz-Cochabamba-La Paz es permitido por el gobierno, porque un ministro de Estado lo vino impulsando y amenazando, sin tomar en cuenta las observaciones realizadas por informes técnicos de la GTZ Alemana, Saguapac, la UAGRM, la CAF y el reclamo de millones de personas, que se privarían de agua si en caso se concretara este caro y peligroso proyecto carretero. Al parecer para el gobierno hay bloqueos buenos, que deben ser apoyados y hay bloqueos malos que deben ser reprimidos.
Pero ojo, que todo bloqueo de caminos viola los derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la libre circulación, a la alimentación de millones de personas, afecta al desarrollo de una determinada región, genera grandes pérdidas económicas y de especies, pero eso no importa para los bloqueadores, quienes solo quieren que se acepte su pedido.
Pero en esta dinámica hay un gran ausente, a pesar que es parte de su misión constitucional: el Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, quien no hace ni la mínima acción para mediar en esta clase de conflicto, tal como lo hicieron sus predecesores, dejando huellas en el camino: Ana María Romero, Waldo Albarracín y Rolando Villena, para quienes la defensa de los derechos humanos estaba dirigida a los diez millones de bolivianos y no para determinados sectores privilegiados, como es la actual política de la Defensoría del Pueblo.
Con este bloqueo a Santa Cruz, lamentablemente, esa gran institución que es la Defensoría del Pueblo, sino actúa, será percibida que no es garantía de los derechos humanos y que demostrará otra vez que está al servicio del poder y de ciertos sectores, que bajo el manto del poder, creen que pueden atropellar con todo y contra todos.
En todo bloqueo de caminos hay enojo, malestar, preocupación de los pasajeros o personas que deben trasladarse a sus fuentes laborales, que con lágrimas solicitan que den paso, como sucede con ambulancias que llevan enfermos delicados, o se generan peleas entre choferes y bloqueadores, y los policías mirando de lejos.
En definitiva, cada bloqueo de caminos, carreteras, avenidas impide el ejercicio de nuestros derechos humanos, es una situación irregular ante la cual, el Estado en todas sus expresiones tiene la obligación de generar acciones preventivas, con el objeto de garantizarnos a todos que no se violen los derechos.
