¿Podrá Bolivia asumir los desafíos que 2022 le depara?

Por Mauricio Ríos García – Economista

Para Bolivia 2021 marca un año en el que el régimen parece haber tratado de abrir el paraguas antes del
aguacero. Por un lado, el fracaso en la gestión de la crisis sanitaria es inocultable. Bolivia estuvo peleando el último
lugar de la campaña de vacunación en la región junto con Paraguay y Venezuela, pero cierra el año en el fondo
de la tabla con una diferencia cada vez mayor: tiene apenas un 37,42% de la población vacunada con dos dosis al 20
de diciembre.

En el ámbito político el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) comenzó cosechando derrotas muy
importantes. Entre las más importantes están las elecciones a gobernaciones y alcaldías en marzo, habiendo recibido
alrededor de la mitad de votos recibidos en las presidenciales de 2020, luego de haber condicionado las vacunas a
cambio de votos; fracasó en la toma de Adepcoca; y fue derrotado con la abrogación de más de una de las “leyes
malditas”, funestas para los derechos individuales de propiedad privada y la libertad.


De manera paralela, el régimen se vio forzado a realizar una serie de detenciones ilegales y persecución de ex
autoridades, policías, militares y civiles, persecución política, violación de los derechos humanos, huelgas generales, inmediatamente después de la derrota electoral de marzo. La primera detención fue la de la expresidenta Jeanine Áñez, y la última fue la del ex dirigente cívico, ex candidato a la vicepresidencia y a la gobernación potosina, Marco Antonio Pumari.
Asimismo, en el ámbito internacional el régimen fracasó en toda iniciativa que estuvo orientada a desafiar las conclusiones de las investigaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el fraude de Evo Morales en 2019.
Desde luego, todo lo anterior recae en las posibilidades que los individuos tienen para salir adelante y superar la crisis, pues sin institucionalidad no existe previsibilidad alguna para lograrlo.
Pero, además, las decisiones en materia de política económica han sido pro cíclicas. Es decir, que están precipitando la economía, más allá de lo que muestran las cifras macroeconómicas de corto plazo: todo el financiamiento que el Estado está consiguiendo por medio del incremento de la deuda interna, es el financiamiento que podrían conseguir las familias y empresas para encarar la crisis solucionando problemas de terceros y creando riqueza.
La política económica no ha cambiado, sigue siendo la misma desde 2006. Las autoridades presuponen que el crecimiento es riqueza, y que se funda no en el ahorro y la inversión, sino en el gasto, el consumo y el endeudamiento.
De esta manera, se ha apostado por tratar de seguir gastando a manos llenas, lo cual se ha traducido en el incremento de impuestos y de la deuda, en mayor acumulación del déficit fiscal y mayores presiones sobre el tipo de cambio, a la vez que una salida cada vez mayor de capitales internacionales (ya ni se hable de las vergonzantes cifras de la Inversión Extranjera Directa).
Como ilustración de que el tiempo para realizar los ajustes y reformas para encarar los principales problemas del país -solamente es necesario mirar la crisis por la que atraviesa YPFB) se ha acabado, está el fracaso en conseguir financiamiento mediante la emisión de deuda por $3.000 millones en los mercados internacionales.
Todo esto ha redundado en que las calificadoras de riesgo hayan cambiado sus perspectivas sobre la economía de estables a negativas, con el riesgo de que en la próxima revisión directamente rebaje la calificación de riesgo y que la economía se encuentre todavía más acorralada.
Para 2022, las perspectivas en el ámbito internacional relacionadas primero a la crisis sanitaria, están puestas en el inicio del fin de la pandemia del Covid-19. Así como respecto de la variante Delta, la variante Ómicron no representa tantas amenazas como se pensaba en un principio. Esto podría traducirse en un alivio, pero la magnitud de los problemas del país deja este aspecto en segundo plano.
En el ámbito económico el principal problema está constituido por la falta de financiamiento, fundamentalmente porque Bolivia arrastra tareas pendientes desde hace ya varios años. Es decir, el hecho de que se haya tenido que recurrir a un incremento de la deuda pública a niveles sin precedentes para encarar la crisis de la pandemia, ilustra lo mal que se estuvieron haciendo las cosas durante toda la etapa del auge. El derroche ha sido tan grande, que el endeudamiento está superando lo recibido por el auge de materias primas hasta 2014: el problema es el modelo, no las circunstancias en las que opera.
Por el momento el gasto permanece en niveles récord y está siendo financiado fundamentalmente con ahorro privado. Esto significa que los mayores riesgos se están trasladando al último sector de la economía nacional que queda de pie y que ha ayudado en gran medida durante la crisis, a diferencia de otros períodos críticos donde más bien era parte importante de la crisis: el sistema bancario y financiero.
Por el momento no parecen haber problemas en este sector, pero bien se sabe que los indicadores están distorsionados fundamentalmente por las reprogramaciones y diferimientos de pagos. No es posible concebir que los niveles de mora no solamente sean bajos, sino que además hayan empezado una tendencia a la baja en un entorno de crisis económica generalizada.
Esta es la última fuente de financiamiento antes de recurrir al FMI -lo cual podría constituir una de las mayores derrotas del régimen- o la China a cambio de, probablemente, importantes concesiones del litio, pero aún así tampoco queda mayor margen de maniobra.
Cuando estos problemas afloren, no tendrían que constituir sorpresa alguna. Sin embargo, la pregunta más importante a responder es si el Banco Central de Bolivia tendrá la capacidad de atender cualquier eventualidad que pueda surgir con el nivel de reservas que se observa.
En síntesis, cuando la burocracia finalmente caiga en cuenta de que el dinero de los demás se ha terminado por su voracidad fiscal sin precedentes -lo cual podría suceder más temprano que tarde-, el ajuste tendrá que asumirlo el conjunto del aparato público en todos sus niveles, tanto en el gobierno central (incluyendo todas las empresas públicas que dependen de él), así como las gobernaciones y alcaldías incuestionablemente sobredimensionadas.
Lo saben, pero veremos.

*Esta nota se publicó originalmente en la edición Nº 3 de la revista impresa Asuntos Centrales, que será distribuida gratuitamente en los principales quioscos de periódicos de la ciudad.

Asuntos Centrales

Programa radial que se emite de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 a través de Marítima 100.9

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