La discordia política, los desafectos creados por la polaridad social junto a las evidentes intolerancias y a la baja vocación democrática han empujado al país hacia un ordenamiento jurídico institucional distorsionado, un estado de para-legalidad en el que las normas y la estructura legal tiene una aplicación parcial, o es constantemente reinterpretada para encontrar evasivas y decisiones por los bordes de la ilegalidad. La aplicación de la ley es, por lo tanto, una cuestión insegura, pues crea espacios de ambigüedad, oscuridad e incertidumbre constante.
Con derechos y leyes vulnerados de forma constante, la para-legalidad se expresa, en la inobservancia selectiva de la ley– piénsese en las elecciones judiciales parciales – donde su interpretación tiene miradas de interés subjetivo. En una cotidianeidad de acciones políticas deformadas respecto de la necesaria responsabilidad y sensatez del ejercicio gubernativo y público, este tiempo del bicentenario está caracterizado, negativamente, por la para-legalidad que ha establecido normas y reglas informales, que sin respaldo legal son aplicadas y aceptadas dócilmente por el conjunto de la sociedad.
La para-legalidad, en su trascendencia más negativa, produce desinstitucionalización, pérdida acelerada de la confianza en el sistema democrático y sus representantes, ingobernabilidad y una extensa conflictologia. También está asociada a derechos preferenciales, corrupción e impunidad, discriminación y desigualdad.
Los “estados permanentes de fragilidad” de la estructura estatal/institucional boliviana encontrados a lo largo de nuestra historia, generaron un desarrollo anárquico de las formas de vida social, las que estuvieron marcadas por la ausencia y abandono del Estado sobre grandes sectores de población indígena y de espacios territoriales. Ante ello, prevalecieron mecanismos que asomaron con el fin de asegurar la continuidad colectiva ante la falta de poder estatal. Es un hecho que, las sociedades plurales, cuando de regularizar y solucionar sus conflictos se trata, utilizan el “derecho propio”, las pautas culturales de conductas primigenias e independientes y a veces distantes del ordenamiento jurídico oficial, que son ampliamente empleadas por la comunidad. Este el origen de la para-legalidad.
El proceso de construcción del Estado Plurinacional, que debe ser corregido y perfeccionado con carácter de urgencia histórica y social ante la amenaza de ser suspendido regresivamente, buscó superar la jerarquización elitaria de una sociedad asimétrica que sostenía sus relaciones político, sociales, económicas y culturales hundidas en los cimientos del racismo, las marginalidades y la exclusión. Desde la construcción de soberanías territoriales movilizadas como modelo de poder sobrepuesto al pactismo, propio de la democracia de coaliciones, las élites contrapuestas y en conflicto han ido avanzando en ejercicios de acción política y de gobierno que tienen como centro y elementos convocadores la lucha por el control de espacios institucionales, organizacionales y territoriales, desde los cuales despliegan la para-legalidad para construir el poder común y propio, lograr los objetivos propuestos y asegurar la pervivencia en el marco político y cultural.
Esta precisión que identifica en la coyuntura actual las manifestaciones visibles de la para-legalidad en hechos que vienen acumulando normalidad y dónde el mayor agravio es la constante manipulación de la Constitución Política y las entidades vinculadas a la noción de justicia, demuestra que las corrientes de para-legalidad están peligrosamente reinantes en cada una de las lógicas políticas instaladas en nuestro sistema.
La disputa de liderazgos a lo interno del MAS, la pugna política en los ámbitos de la legalidad y para-legalidad mediante la confrontación entre la institucionalidad pública estatal, las leyes y las normas silenciosas y paralelas de organizaciones afines a la dirección gubernamental, las dirigencias burocratizadas de los movimientos sociales que están arraigados a formas clientelares de poder y el conservadurismo regional y nacional que aún permanece de espaldas a la Bolivia diversa, no plantea la controversia transparente y plural entre propuestas políticas contradictorias y busca resolver las diferencias a partir de opciones de fuerza política o conexión judicial.
La para-legalidad oficial ha construido un proceso judicial contra un expresidente, ha permitido también emitir una orden para su detención, y es la misma para-legalidad la que hace que el expresidente decida que “esa” justicia no puede alcanzarle. El predominio de la para-legalidad exterioriza, sin atenuantes, la descomposición y el desprecio que sienten los hombres de la política por la correcta institucionalidad estatal. La reflexión está entonces, otra vez, en pensar qué Estado necesitamos proyectar y levantar.
