El caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de América Latina, que el martes llevó a la condena del expresidente peruano Ollanta Humala, hace aguas en Brasil, país donde se originó la trama, con una serie de decisiones judiciales que han asestado un golpe de gracia a las investigaciones.
La Corte Suprema brasileña ha anulado en los últimos dos años y de forma sistemática pruebas contra la constructora Odebrecht, acusada de sobornar políticos de todo el continente, y ha cancelado condenas y multas impuestas en el marco de ese macroproceso.
“En Brasil hay un escenario de tierra arrasada, con la destrucción de casos y de las condiciones para que una operación anticorrupción ocurra de nuevo”, opina para EFE el director en el país de la ONG Transparencia Internacional, Bruno Brandão.
En ese sentido, no le sorprende la llegada este miércoles a Brasil de la esposa de Humala, Nadine Heredia, quien fue condenada a 15 años junto al exgobernante, porque el país se ha convertido en un “puerto seguro para la corrupción”.
Heredia, a quien le fue concedido el asilo, viajó en un avión fletado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que es abiertamente hostil a los jueces y fiscales del caso Odebrecht, quienes llevaron al hoy presidente a pasar más de año y medio en prisión entre 2018 y 2019.
Irregularidades en el proceso
El pecado original de la investigación, según el Supremo, fue la parcialidad de Sergio Moro, el juez que instruyó una causa que juzgó una de las ramificaciones de la trama montada por la constructora, así como las irregularidades cometidas durante el proceso.
Todo ello llevó a la anulación de la condena de Lula, ya que el tribunal determinó que las pruebas procedentes del sistema informático en el que la constructora registraba los sobornos y cuyo servidor estaba en Suiza no fueron obtenidas por los cauces formales, por lo que estaban “contaminadas”.
En 2023, en otra puñalada al caso, el magistrado José Antonio Dias Toffoli amplió el alcance de esa decisión a todos los procesos y, poco después, suspendió la multa de 8.500 millones de reales (unos 1.500 millones de dólares al cambio de hoy) que Odebrecht se había comprometido a pagar al Estado como parte de un acuerdo de colaboración.
Entre los beneficiados por las recientes decisiones judiciales, están el expresidente de la constructora Marcelo Odebrecht y el exministro de la Presidencia durante el primer Gobierno de Lula, José Dirceu.
Anulación de pruebas usadas contra Humala
En medio de estos movimientos, los abogados de Ollanta Humala pidieron a Toffoli que la justicia brasileña dejara de cooperar con Perú en relación con las pruebas informáticas que habían sido consideradas ilícitas y por las que el exmandatario estaba siendo acusado.
Toffoli confirmó la “inaplicabilidad” de las pruebas y ordenó informar de su decisión al Gobierno peruano, lo que no impidió que Humala fuera condenado este martes por lavado de dinero y por recibir aportaciones ilícitas para sus campañas electorales.
El jurista Marcelo Cavali, profesor de Derecho Penal de la Fundación Getulio Vargas, afirma a EFE que el magistrado brasileño “no podía obligar a la justicia peruana a respetar su decisión”, aunque este sí podría responder con un freno a la cooperación y dejar de compartir pruebas si es ignorado.
El desmantelamiento del caso Odebrecht ha sido criticado por la Organización de Estados Americanos y por la OCDE, quienes han alertado sobre un posible aumento de la impunidad y el peligro que corre la cooperación con Brasil en investigaciones anticorrupción.
Mientras, Transparencia Internacional, otra organización crítica con las decisiones de Toffoli, es objeto de una investigación criminal abierta por el propio magistrado por una sospecha de apropiación indebida de fondos públicos, si bien la ONG niega las acusaciones y la Fiscalía ha solicitado su archivo.
