En las elecciones presidenciales de 2025, la undécima votación general desde el retorno a la democracia en 1985, más de 7.937.138 ciudadanos estaban habilitados para elegir entre ocho partidos y agrupaciones. A diferencia de procesos anteriores, el Órgano Electoral llega a esta jornada sin acusaciones masivas de fraude que minen su credibilidad, generando un ambiente menos tensionado, acompañado por la presencia de veedores internacionales. Sin boicots anunciados ni intentos de desestabilización, las condiciones parecen dadas para un proceso democrático más previsible.
No obstante, el telón de fondo es ineludible: la crisis económica. La inflación, la escasez de hidrocarburos y la falta de dólares golpean a las familias bolivianas desde hace más de dos años. Esa fragilidad condiciona las decisiones en las urnas. La memoria reciente recuerda cómo, en 2020, las medidas desacertadas del gobierno transitorio de Jeanine Añez durante la pandemia, teñidas de denuncias de corrupción y acompañadas de un freno económico brutal, impulsaron el retorno del Movimiento al Socialismo. En 2025, los votantes siguen una lógica práctica: más allá de discursos, lo que importa es quién puede ofrecer una salida viable a la crisis.
Durante este ciclo electoral se difundieron más de 15 encuestas que, con distintos niveles de precisión, moldearon percepciones y expectativas. Los candidatos ajustaron estrategias según esos números, los partidos midieron fuerzas y muchos empresarios calcularon sus apuestas políticas sobre esa base. La campaña se convirtió en un laboratorio de tensiones: esperanzas para unos, miedos para otros.
Un rasgo particular de esta elección es la división del MAS en tres fracciones. Por segunda vez desde 2020, Evo Morales no figura en la papeleta, dejando espacio a figuras emergentes como Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo, que disputan la herencia del liderazgo popular e indígena. Esa fragmentación resta hegemonía al partido que durante casi dos décadas dominó la escena política, abriendo un panorama más competitivo, pero también más incierto.
La posibilidad de una segunda vuelta aparece como un desenlace casi inevitable, y los actores políticos lo saben. Para quienes logran representación parlamentaria, el momento electoral se vive con una mezcla de resignación y esperanza: la derrota duele, pero abre espacio a futuras negociaciones. Para los que no alcanzan curules ni alianzas, la pérdida se traduce en costos no solo políticos, sino también económicos, tras campañas financiadas con ahorros personales y deudas.
El día de la votación se vive y se recordará como un espectáculo de logística y nervios. Desde temprano, la ciudadanía acude a los recintos mientras los medios transmiten cada detalle: filas, incidentes menores y declaraciones de los candidatos. El Tribunal Supremo Electoral supervisa el proceso, acompañado por la Policía y las Fuerzas Armadas que garantizan seguridad. Observadores internacionales y nacionales certifican transparencia a lo largo de la jornada.
Al caer la noche, como en cada elección, Bolivia se detiene frente a las pantallas. Las encuestas en boca de urna ofrecen las primeras lecturas mientras el cómputo oficial avanza con lentitud. En casas, plazas y sedes partidarias se desbordan emociones: alegría para unos, frustración y sospechas para otros. La democracia boliviana, frágil y apasionada, se expresa una vez más en esa mezcla de esperanza y desconfianza.
Pero la verdadera pregunta no termina con los resultados inmediatos, sino que empieza después: ¿qué hará el nuevo gobierno con una economía al límite? Ganar elecciones no garantiza tener las herramientas para gobernar. El Estado gasta más de lo que recauda, las reservas internacionales están en mínimos históricos y la escasez de dólares pasó de ser un tema técnico a una preocupación cotidiana. Empresas que no pueden importar, ciudadanos que recurren al mercado paralelo y un tipo de cambio oficial cada vez menos creíble son parte del paisaje. Los subsidios a los combustibles drenan miles de millones de dólares y generan distorsiones imposibles de ignorar.
El liderazgo que surja de estas elecciones hereda un país con enormes problemas: sincerar precios, diversificar la economía, atraer inversión y reconstruir confianza institucional. Los que queden en la oposición, en lugar de convertirse en contrapeso responsable, corren el riesgo de atrincherarse en denuncias de fraude o en la descalificación del proceso, alimentando otra vez el ciclo de polarización.
El espejo de las urnas revela una verdad incómoda: la política boliviana parece vivir en un mundo separado de la economía. Mientras los actores celebran victorias o lamentan derrotas, el déficit fiscal, el agotamiento del modelo extractivista y la urgencia de construir una economía más diversificada apenas se discuten. Ese divorcio entre política y economía constituye la amenaza más seria para el futuro inmediato.
Y sin embargo, incluso en medio de la incertidumbre, existen oportunidades. Bolivia cuenta con recursos estratégicos como el litio, potencial agroindustrial y ventajas geográficas para consolidarse como un eje logístico regional. Si el nuevo liderazgo logra construir consensos y superar la lógica del cálculo inmediato, esta crisis puede transformarse en catalizador de un cambio profundo.
El reto es doble: reconstruir instituciones democráticas debilitadas y emprender reformas económicas impopulares pero necesarias. Para ello se requiere legitimidad, visión de largo plazo y capacidad de diálogo. Ceder a la revancha política o al beneficio rápido equivaldría a un desgaste inmediato.
En definitiva, el 17 de agosto de 2025 no es solo un día electoral. Es un punto de inflexión que marcará el rumbo de Bolivia durante los próximos años. Entre la esperanza de un cambio real y el riesgo del estancamiento, el país enfrenta la disyuntiva de administrar la crisis o atreverse a construir un proyecto de desarrollo. El tiempo, más que los discursos, dirá si Bolivia estuvo y estará a la altura de este desafío histórico.
