El abogado constitucionalista Williams Bascopé respondió a Asuntos Centrales respecto a la supuesta intromisión de la embajada de Rusia en el Ministerio de Justicia de Bolivia, explicando que puede ser una operación de injerencia diplomática o tráfico de influencias, tan sólo con la carta que envió dicha delegación diplomática.
“Creo que llama la atención la noticia que ha salido la anterior semana manifestando dos cosas muy importantes que deberían interesarnos. Primero, porque el centro nuclear en la ciudad de El Alto, tiene una inversión millonaria de 350 millones de dólares. Se tiene entendido que correría el riesgo de que esta pueda no concluirse, toda vez que la empresa adjudicada cobró más del 65 o 70% del presupuesto, es decir, unos 250 o 260 millones de dólares, y no habría cancelado sus deudas con empresas subcontratadas”. Recordemos que la obra fue comprometida para ser entregada en 2024 por Luis Arce, sin embargo, todavía no ha concluido. Este centro médico de lucha contra el cáncer, atiende pacientes desde el 3 de julio de 2022, en parte de sus instalaciones.
Bascopé remarcó que esta situación ha generado retrasos significativos, “tengo entendido que ya esto debió ser entregado en 2022, ya tenemos varios años de retraso con la millonaria inversión y hay un proceso judicial de por medio para cobrar la deuda a la empresa rusa. Existió una suerte de congelamiento de cuentas y ahí surge el otro problema: un escándalo de carácter diplomático” aseveró en relación a la carta del embajador dirigida a la Ministra de Justicia.
En ese sentido, cuestionó la presunta solicitud de legación diplomática para interceder en el caso: “Lo más curioso es que, en el proceso judicial, de manera muy inmediata el juez haya levantado la acusación preventiva que era una garantía para las empresas subcontratadas. ¿Cómo es posible que un diplomático mande supuestamente una nota a la ministra de Justicia y que esta no aparezca para aclarar? Eso es una injerencia de carácter internacional”.
El jurista enfatizó que este hecho podría configurar tráfico de influencias, ya que “no es muy sensato ni muy aconsejable en términos diplomáticos que un embajador pida a una ministra de Justicia que coadyuve o influya en asuntos judiciales. Eso se puede entender como tráfico de influencias. La ministra hasta el día de hoy no ha dicho absolutamente nada”.
Finalmente, advirtió sobre el peligro de que la millonaria inversión en El Alto quede inconclusa y exigió mayor fiscalización legislativa ya que son 350 millones de dólares de inversión en esta estructura nuclear. “Si no se aclara, podríamos tener la sensación de que será un elefante blanco más, como la planta de San Buenaventura. Creo que esta situación tendría que ser investigada por las autoridades en Bolivia y por los diputados y senadores. No podemos seguir ocupándonos de cosas banales mientras hay obras millonarias con tres años de retraso” aseguró el abogado.
