Fiscalía pide seis meses de detención preventiva para Vicente Salazar por cinco presuntos delitos
El dirigente de la Federación Túpac Katari es investigado por terrorismo, atentados e instigación, entre otros delitos.
Fiscalía pide seis meses de detención preventiva para Vicente Salazar por cinco presuntos delitos
La situación judicial de Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, ingresó a una nueva etapa. La Fiscalía solicitó que el dirigente permanezca seis meses con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones por los bloqueos y movilizaciones registrados en el departamento de La Paz.
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La petición fue presentada ante la autoridad jurisdiccional luego de que Salazar fuera aprehendido en un operativo policial realizado en la ciudad de El Alto, en el marco de las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público.
Los delitos que investiga la Fiscalía
La imputación presentada por el Ministerio Público incluye cinco tipos penales que, según la investigación, estarían vinculados con la organización y ejecución de las medidas de presión desarrolladas durante varias semanas.
Los delitos atribuidos son:
- Terrorismo.
- Instigación pública a delinquir.
- Atentados contra la libertad de trabajo.
- Atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
- Asociación delictuosa.
La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos para continuar la investigación con el dirigente bajo detención preventiva.
La investigación por los bloqueos
Las pesquisas están relacionadas con los bloqueos de carreteras y movilizaciones que afectaron el abastecimiento y la circulación en distintas regiones del país durante mayo y junio.
Según las investigaciones, Salazar fue uno de los principales dirigentes que encabezó las protestas impulsadas por organizaciones campesinas, que posteriormente incorporaron demandas políticas como la renuncia del presidente.
El Gobierno también presentó una querella penal contra varios dirigentes señalados como promotores de las medidas de presión, argumentando que las protestas ocasionaron perjuicios económicos y afectaron servicios esenciales.
Qué busca la Fiscalía
El Ministerio Público pidió una detención preventiva de seis meses al considerar que ese plazo permitirá desarrollar actos investigativos pendientes, entre ellos la recolección de declaraciones, pericias y otros elementos probatorios.
La audiencia cautelar definirá si el dirigente afronta el proceso en libertad o desde un recinto penitenciario mientras continúa la investigación.
