Jubileo plantea registro social para compensar el impacto del diésel

La Fundación Jubileo considera que la fijación de un precio referencial para el diésel representa un cambio frente al esquema de precios fijos aplicado durante años en Bolivia, pero advierte que la existencia de valores diferenciados puede mantener distorsiones. Ante este escenario, plantea que el ajuste sea acompañado por mecanismos de protección social dirigidos a los sectores más afectados.

Raúl Velásquez, representante de la Fundación Jubileo, explicó que el nuevo esquema establece de manera transitoria un precio de Bs 18 por litro, mientras se define una metodología vinculada al comportamiento del precio internacional. Aclaró que esto no implica necesariamente igualar ambos valores, sino que el precio interno debería seguir una tendencia similar cuando el mercado externo suba o baje.

Focalizar la ayuda

Uno de los puntos de preocupación para Jubileo es la aplicación de precios diferenciados. Velásquez señaló que todavía existen dudas sobre qué consumidores deberán pagar el precio referencial, una situación que podría generar espacios para la reventa de combustible adquirido a menor costo.

Frente a ello, planteó cambiar el carácter general de la subvención por una asistencia dirigida a quienes realmente la necesitan. “Hay que sincerar los precios, creemos que eso es algo inevitable”, afirmó Velásquez, quien propuso crear un registro social para identificar a los hogares y grupos que requieren apoyo.

Según el representante de Jubileo, el incremento del precio de los combustibles puede trasladarse a los costos de producción y posteriormente incidir en alimentos y otros bienes de consumo. Por ello, considera necesario que el ajuste esté acompañado por políticas sociales específicas.

Transporte público y costo de la subvención

Jubileo también propone fortalecer el transporte público como una medida para reducir el impacto sobre los hogares. Velásquez señaló que este sector concentra cerca del 55% del consumo energético del país y mencionó la incorporación de buses eléctricos en ciudades como Santa Cruz como una alternativa.

El análisis también apunta al creciente peso de las importaciones. Velásquez indicó que Bolivia pasó de importar alrededor del 45% del diésel que consumía en 2015 a cerca del 95% actualmente. A esto se suma el costo fiscal de la subvención, que el año pasado habría alcanzado aproximadamente $us 2.000 millones.

“Es un problema que está desangrando la economía nacional”, afirmó Velásquez, al señalar que la falta de recursos obliga al Estado a recurrir al endeudamiento y se relaciona con las dificultades de abastecimiento.

Para Jubileo, el ajuste del diésel debe ir más allá de la modificación del precio e incluir mecanismos de asistencia focalizada y medidas destinadas a reducir las distorsiones acumuladas durante años en el mercado de combustibles.