Bolivia atrapada entre la crisis, el poder y el retorno del pasado

Bolivia atraviesa una nueva etapa de crisis política. Y el caso Nadia Beller, por sus características y por las denuncias que han emergido alrededor del atentado que sufrió, amenaza con convertirse en mucho más que un proceso policial: puede transformarse en un nuevo epicentro de la disputa por el poder.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿estamos ante un nuevo intento de desestabilización del Gobierno o ante la consecuencia de una crisis política que el propio Gobierno no ha sabido contener?

Hay elementos que permiten sostener distintas hipótesis, pero todavía no existe una verdad judicial establecida sobre quién ordenó el ataque, cuáles fueron sus móviles y qué nivel de responsabilidad tienen las personas señaladas. Por eso, cualquier conclusión definitiva sería prematura. Lo que sí existe es un escenario político extraordinariamente vulnerable.

Evo Morales continúa siendo un actor político con capacidad de movilización, pese a las restricciones constitucionales y judiciales que enfrenta para volver a la Presidencia. Su estrategia, desde la segunda vuelta electoral, parece orientada a recuperar centralidad política. Pero para que ese retorno sea posible necesita que ocurran circunstancias extraordinarias: una crisis económica profunda, un desgaste acelerado del Gobierno y una ruptura de la institucionalidad.

Y esas condiciones, lamentablemente, están apareciendo.

El Gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder con una expectativa concreta: resolver la crisis económica, energética y social y cerrar el ciclo político del MAS. Sin embargo, nueve meses después enfrenta escasez de combustibles, pérdida de respaldo político, conflictos internos, cuestionamientos éticos y una creciente desconfianza ciudadana.

El problema es que el Gobierno no solamente está perdiendo capital político. También está perdiendo capacidad de respuesta.

La censura de ministros, los enfrentamientos con la Asamblea Legislativa y la posibilidad de nuevas investigaciones parlamentarias muestran que el oficialismo ya no tiene la misma capacidad de control institucional con la que comenzó su gestión.

Y cuando un Gobierno pierde simultáneamente respaldo ciudadano, capacidad económica y control político, aparece el verdadero peligro: el vacío de poder.

En ese vacío vuelven a crecer los actores que parecían derrotados.

El fenómeno no es exclusivamente boliviano. La izquierda latinoamericana atraviesa un proceso de reacomodo. Bolivia puede convertirse nuevamente en un escenario estratégico para quienes pretenden recuperar espacios de poder en la región. Morales, por su experiencia política, su capacidad de organización y su estructura internacional, sigue siendo una pieza importante dentro de ese tablero.

Pero reducir toda la crisis boliviana a Evo Morales sería un error.

También hay una responsabilidad enorme del actual Gobierno.

Rodrigo Paz recibió un país agotado por años de crisis y debía comenzar una transformación institucional profunda. Sin embargo, una de las mayores frustraciones es que muchas de las estructuras heredadas permanecen prácticamente intactas: burocracia, legislación, mecanismos de contratación, empresas estatales cuestionadas y un sistema judicial cuya credibilidad está seriamente deteriorada.

El ciudadano observa que los grandes casos de corrupción, narcotráfico, contrabando, oro y enriquecimiento ilícito rara vez terminan con responsables poderosos tras las rejas.

Y cuando la gente percibe que la justicia funciona de manera distinta dependiendo de quién tenga dinero o poder, el Estado pierde autoridad moral.

A eso se suma la crisis de seguridad.

El atentado contra Beller introduce un componente particularmente grave: la violencia política y el sicariato. Si las investigaciones confirman que hubo una planificación criminal detrás del ataque, Bolivia tendrá que preguntarse hasta dónde ha penetrado el crimen organizado en las estructuras políticas y económicas.

No basta con detener a una persona.

La sociedad necesita saber quién ordenó, quién financió, quién ejecutó y quién intentó encubrir.

Ese es el verdadero desafío de la investigación.

El caso también tiene una enorme carga política porque alrededor de Beller han aparecido acusaciones que involucran a personas vinculadas, de manera directa o indirecta, con distintos sectores del poder. Eso obliga a investigar sin privilegios y sin proteger a nadie.

Ni al Gobierno.

Ni a la oposición.

Ni al MAS.

Ni a quienes hayan tenido vínculos con cualquiera de ellos.

Porque si la investigación se convierte en una disputa partidaria, la verdad volverá a perder.

Y Bolivia ya perdió demasiadas veces.

El caso Beller recuerda inevitablemente otros episodios de enorme impacto político que marcaron la historia reciente del país. No necesariamente porque sean iguales en sus hechos, sino porque todos demostraron una misma debilidad: cuando la institucionalidad es frágil, un hecho criminal puede convertirse rápidamente en una crisis de Estado.

Hoy existen tres crisis simultáneas.

La primera es política: el Gobierno pierde respaldo y enfrenta una Asamblea Legislativa cada vez más confrontacional.

La segunda es económica y social: los bolivianos sufren por combustible, precios, empleo, divisas y pérdida del poder adquisitivo.

La tercera es institucional: Policía, Fiscalía y Justicia enfrentan una profunda crisis de credibilidad.

Y cuando esas tres crisis se juntan, cualquier chispa puede provocar un incendio político.

El Gobierno todavía tiene una oportunidad.

Pero no pasa por discursos ni por campañas en redes sociales.

Pasa por recuperar autoridad.

Debe investigar a fondo el atentado contra Beller, transparentar sus vínculos políticos, garantizar independencia de la investigación, enfrentar la corrupción, resolver el problema de los combustibles y realizar las reformas institucionales que prometió.

También debe explicar con claridad qué relación tuvo Fernando Cerimedo con el entorno presidencial y cuáles fueron sus funciones reales, sin limitarse a señalar que no era funcionario público. La sociedad no pregunta solamente por el cargo formal; pregunta por la influencia real que determinadas personas tuvieron alrededor del poder.

El país necesita respuestas.

Porque mientras el Gobierno no las entregue, otros escribirán la historia por él.

Y allí está el mayor riesgo.

Que Bolivia vuelva a quedar atrapada entre dos fantasmas: un Gobierno incapaz de resolver el presente y una oposición que pretende recuperar el pasado.

Rodrigo Paz llegó al poder prometiendo un cambio de rumbo. Hoy tiene que demostrar que ese cambio no era solamente electoral.

Porque si el Gobierno fracasa en resolver la crisis, el pasado no necesitará regresar por la fuerza.

La propia crisis podría abrirle nuevamente la puerta.

Bolivia no necesita otro ciclo de confrontación, bloqueos, violencia y pactos políticos de emergencia.

Necesita instituciones que funcionen, justicia independiente, seguridad, combustible, dólares, empleo y un Gobierno capaz de gobernar.

El tiempo político se está agotando.

Y el tiempo económico, mucho más rápido.