Decreto 5726: ¡no tenemos gas, pero tendremos autos para consumirlo!

No sé si el Gobierno es o se hace. Cuando uno cree que la imaginación burocrática ha llegado a su límite, aparece el Decreto Supremo 5726 y nos transporta directamente al realismo mágico energético. Se crea el programa PATRIA para renovar el transporte público, se mantienen los programas de conversión a GNV y se autoriza utilizar parte de sus fondos para financiar nuevos vehículos. El pequeño detalle, casi una impertinencia de la realidad, es que ¡Bolivia se está quedando sin gas! Nuestra producción cayó de aproximadamente 60 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a unos 27 millones en 2025, y las proyecciones anticipan nuevas disminuciones.

Es como descubrir que el pozo de agua familiar se está secando y anunciar, con bombos y platillos, la construcción de cinco duchas adicionales, tres jacuzzis y una piscina olímpica. Cuando alguien pregunta de dónde saldrá el agua, la respuesta ministerial es tranquilizadora: ¡ese pequeño detalle se resolverá mediante reglamento! El decreto no obliga a comprar vehículos a gas, pero tampoco establece una estrategia energética que garantice su abastecimiento futuro.

Pero la verdadera joya económica viene ahora. En determinados segmentos del mercado interno, como la generación termoeléctrica, el gas tiene un precio administrado cercano a 1,30 dólares por millar de pies cúbicos, aproximadamente equivalente a un millón de BTU. Algo similar funciona para el GNV

Si nuestra producción continúa cayendo, podríamos terminar importando gas a precios internacionales muy superiores. Las estimaciones de importación divulgadas en julio contemplaban entre 10 y 12 dólares por unidad energética equivalente; en un escenario hipotético extremo de 67 dólares, la diferencia sería de más de 51 veces, aunque esta última cifra no constituye un precio internacional actual verificado.

!Una contribución extraordinaria a la ciencia económica: comprar caro y vender barato! algo que el gobierno ya había dicho que no hará nunca más

Mientras intentamos eliminar las subvenciones a los combustibles líquidos, corremos el riesgo de trasladarlas al gas. Y como toda genialidad merece financiamiento, el decreto permite utilizar fondos destinados a la conversión y seguridad de los equipos de GNV para renovar vehículos, sin precisar todavía los porcentajes.

Además, crea el SIFICC, un sofisticado sistema informático conectado al B-SISA para controlar el financiamiento. Podemos digitalizar las estaciones, registrar consumos y cobrar cuotas, pero todavía no existe una aplicación de inteligencia artificial capaz de descargar gas natural de la nube.

La renovación del transporte público es necesaria, pero debería comenzar con un balance energético, una evaluación de costos y una estrategia que contemple vehículos eléctricos, híbridos, GNV y transporte masivo, considerando que buena parte de nuestra electricidad también depende del gas. Necesitamos calcular cuánto combustible tendremos durante los próximos quince años, cuánto costará importarlo, qué tecnologías ahorran más divisas y quién pagará las eventuales subvenciones.

En cambio, el decreto cambia el nombre de una institución, la traslada de ministerio y organiza el financiamiento sin resolver estas preguntas fundamentales. Imagino la inauguración: ministros sonrientes, cintas tricolores y una flamante flota de vehículos. Un transportista pregunta: «Señor ministro, ¿dónde cargamos gas?». «¡No sea pesimista, patriota, tenga fe en el decreto!». «¿Y si tenemos que importarlo?». «¡Para eso tenemos la subvención!». «¿Y quién paga?». «¡No complique la transición energética con preguntas económicas!». Después de los dólares que están por llegar, ahora tenemos los metros cúbicos que están por aparecer. Estamos a punto de inventar el automóvil que funciona con decretos supremos y se alimenta de subvenciones. Porque el gas se acaba, las divisas escasean, pero la imaginación burocrática es un recurso verdaderamente renovable