Dos juristas plantean dudas sobre la legalidad de la aprehensión de Roger Mariaca

La aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, abre un debate jurídico sobre el procedimiento utilizado por las autoridades y la vía que corresponde para establecer su situación legal. Los abogados Pedro Gareca, exfiscal, y Fabricio Góngora, constitucionalista, coincidieron en señalar que existen aspectos que deben ser aclarados.

Ambos juristas analizaron el caso en una entrevista y pusieron el foco en dos cuestiones: el procedimiento utilizado para la aprehensión y el régimen especial que corresponde a una autoridad que continúa ejerciendo el cargo de fiscal general del Estado.

Gareca cuestiona que no se haya mostrado el procedimiento de aprehensión

El exfiscal Pedro Gareca sostuvo que toda aprehensión debe formar parte de un proceso legal y contar con la intervención de una autoridad competente.

Según su análisis, en el caso de Mariaca y de otras autoridades aprehendidas, debería establecerse cuál fue el procedimiento utilizado para disponer las medidas.

“Todo proceso de detención forma parte de un proceso legal”, afirmó Gareca durante la entrevista.

El jurista señaló que una autoridad pública también tiene derecho al debido proceso, a una investigación adecuada y a la asistencia correspondiente. Por ello, consideró necesario aclarar si existió una orden o procedimiento legal previo que sustentara las aprehensiones.

Gareca sostuvo que, hasta la información que conocía al momento de la entrevista, no se había mostrado públicamente un procedimiento legal que explicara de manera suficiente cómo se ejecutaron las aprehensiones.

Para el exfiscal, este aspecto es relevante porque la seguridad jurídica debe aplicarse tanto a los ciudadanos como a las autoridades públicas.

Góngora plantea dos posibles vías judiciales

Fabricio Góngora centró su análisis en la condición de Mariaca como fiscal general del Estado.

El abogado explicó que Mariaca continúa siendo una alta autoridad y que, dependiendo de los hechos que se le atribuyan, podría existir un régimen especial para determinar qué instancia debe conocer el caso.

Según Góngora, hay una diferencia fundamental entre hechos presuntamente cometidos durante el ejercicio de las funciones como fiscal general y aquellos que habrían ocurrido antes o fuera de ese ejercicio.

Si los hechos investigados corresponden al periodo en el que Mariaca ejercía como fiscal general, el abogado señaló que debería analizarse la aplicación del procedimiento de juicio de responsabilidades previsto en la normativa mencionada durante la entrevista.

En cambio, si las acusaciones corresponden a hechos ocurridos fuera del ejercicio de esas funciones, Góngora consideró que podría abrirse la posibilidad de un proceso ante la justicia ordinaria.

El jurista remarcó que, al momento de la entrevista, el Gobierno no había aclarado suficientemente bajo cuál de estas dos vías se estaba actuando.

“Un juez natural debe definir su situación”

Fabricio Góngora también puso énfasis en la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

Afirmó que, independientemente de quién sea la persona investigada, debe existir un procedimiento establecido y una autoridad competente que determine su situación jurídica.

En ese sentido, señaló que un juez natural deberá establecer si corresponde una eventual detención preventiva, una detención domiciliaria o la defensa en libertad.

El abogado cuestionó además que, de acuerdo con la información conocida hasta ese momento, el operativo hubiera sido principalmente policial sin que se hubiera explicado públicamente el conjunto del procedimiento judicial que lo sustentaba.

¿Quién debe reemplazar a Mariaca?

Otro de los puntos analizados por los juristas fue la situación institucional de la Fiscalía General del Estado después de la aprehensión de Mariaca.

Pedro Gareca explicó que la normativa del Ministerio Público contempla determinadas causales para la sustitución de un fiscal general, entre ellas la renuncia, una condena ejecutoriada, un impedimento definitivo o una destitución definitiva por una causal prevista legalmente.

Desde su perspectiva, la situación actual no encajaría de manera evidente en esas causales, por lo que consideró necesario determinar cuál es el mecanismo legal que corresponde.

Gareca señaló además que la normativa establece una prelación para la sustitución, tomando en cuenta a fiscales departamentales o fiscales superiores y su antigüedad en el cargo.

Góngora advierte sobre la eventual designación de un fiscal por decreto

Fabricio Góngora coincidió en que la sucesión debe ajustarse a las normas vigentes.

Explicó que existe una figura de suplencia interina y que deben revisarse las causales establecidas por la normativa para determinar si corresponde aplicarla en el caso de Mariaca.

El abogado sostuvo que el fiscal general continúa formalmente en el cargo mientras no exista una determinación que establezca lo contrario.

También se refirió a la situación de un fiscal que habría asumido el cargo de manera interina y a las versiones sobre una posible designación mediante decreto.

Sobre ese punto, Góngora afirmó que la Constitución no establece esa vía para designar a un fiscal general del Estado y advirtió que una eventual designación al margen del procedimiento correspondiente podría generar un nuevo conflicto jurídico.

La Asamblea y el juez natural, claves en las próximas decisiones

Los dos juristas coincidieron en que las siguientes decisiones dependerán de cómo se defina la situación jurídica de Mariaca y de cuál sea la vía procesal que corresponda.

Góngora señaló que la Asamblea Legislativa tenía una sesión convocada para analizar la situación institucional y determinar los pasos que correspondan.

Mientras tanto, insistió en que debe respetarse la presunción de inocencia y que será una autoridad judicial competente la que deberá establecer la situación legal de Mariaca y garantizar su derecho a la defensa.

El debate, según el análisis de Gareca y Góngora, no se limita a la investigación contra el fiscal general. También alcanza al procedimiento utilizado para su aprehensión, el régimen jurídico aplicable a una autoridad con fuero especial y el mecanismo para garantizar la continuidad institucional de la Fiscalía General del Estado.

Las consideraciones expuestas corresponden al análisis jurídico de Pedro Gareca y Fabricio Góngora durante la entrevista. La transcripción no contiene una resolución judicial que determine la legalidad o ilegalidad definitiva de la aprehensión de Mariaca.