Los maestros sindicalizados aplazaron a Bolivia
Análisis crítico sobre el conflicto del magisterio sindicalizado en Bolivia, el debate por la descentralización de institutos técnicos y el impacto en los estudiantes.
Hay una ironía difícil de ignorar, quienes deberían enseñar a las nuevas generaciones que los problemas se resuelven con conocimiento, argumentos, responsabilidad y diálogo terminan transmitiéndoles lo contrario, que basta con cerrar una calle, suspender actividades y ejercer presión para imponer una posición.
El magisterio boliviano acaba de ofrecer, una vez más, una lección pública, aunque no precisamente de pedagogía, civismo o responsabilidad. Mientras miles de estudiantes pierden clases, sus maestros marchan para defender intereses sindicales y pretenden que la sociedad lo interprete como una defensa de la educación.
Los dirigentes se movilizan denunciando una supuesta privatización, cuando la propuesta gubernamental busca descentralizar la administración de los institutos técnicos y tecnológicos, transfiriéndola a las gobernaciones. Confundir descentralización con privatización es un error elemental. Cuando ese error se convierte en el fundamento de la protesta, cabe preguntarse si estamos ante una defensa de la educación o ante una dirigencia que ni siquiera se ha tomado el trabajo de comprender lo que combate. En esa materia, parece que también se aplazaron.
Toda reforma merece discusión, observaciones y controles. La descentralización debe acompañarse de recursos, responsabilidades y garantías institucionales. Pero una cosa es cuestionar técnicamente una política pública y otra, muy distinta, desfigurarla, atribuirle intenciones que no contiene y paralizar las aulas como primera respuesta. La deliberación debería ser la herramienta de los educadores, no su último recurso.
El problema es aún más grave. ¿Con qué autoridad se erige una dirigencia sindical en defensora de la calidad educativa, cuando el sistema educativo público arrastra deficiencias estructurales en los aprendizajes y no logra garantizar competencias básicas a sus estudiantes? Se reclaman prerrogativas y beneficios, pero rara vez se acepta una evaluación rigurosa de resultados.
Necesitamos maestros con sólida preparación académica, actualización permanente y verdadera vocación pedagógica, no educadores condicionados por estructuras sindicales, prácticas corporativas y una formación excesivamente ideologizada, donde el discurso político parece haber desplazado la exigencia académica. Resulta paradójico que existan movilizaciones en torno a la admisión a las propias escuelas de formación de maestros, como si el ingreso a una carrera destinada a formar educadores debiera resolverse mediante presión colectiva y no por mérito y capacidad.
La Ley 070, Avelino Siñani-Elizardo Pérez, es parte central de este debate. Promulgada durante el gobierno del MAS, bajo una concepción ideológica que pretendió redefinir la educación desde postulados políticos, no resolvió los problemas de calidad y aprendizaje; consolidó un modelo que requiere un cambio profundo y sin dogmatismos. Bolivia necesita reformar su legislación educativa, revisar el currículo, fortalecer la formación docente, introducir evaluaciones independientes y devolverle al mérito un lugar central. La educación no puede seguir siendo rehén de ninguna ideología, y menos de una corporación.
La Confederación de Maestros y la propia Central Obrera Boliviana (COB) forman parte de una cultura corporativa que durante décadas ha pretendido condicionar las decisiones del Estado mediante la presión callejera. La COB terminó reproduciendo una lógica en la que la capacidad de paralizar el país importa más que la de proponer soluciones. Estas organizaciones se consideran titulares de un derecho de veto sobre cualquier reforma, y la institucionalidad queda subordinada a los intereses de sus dirigencias. Al adueñarse de la educación pública, profundizan sus problemas y comprometen el futuro de miles de niños y jóvenes en cuyo nombre dicen actuar, uno de los daños más injustos que puede producir una dirigencia.
Naturalmente, existen maestros excepcionales, que preparan sus clases, se actualizan y enseñan con vocación; a ellos, nuestro reconocimiento. Pero su esfuerzo individual no puede seguir siendo la excepción que disimula las deficiencias de un sistema que necesita transformarse.
En esta tarea, los padres de familia deben asumir un protagonismo mucho mayor. No pueden limitarse a contemplar cómo otros deciden sobre la educación de sus hijos, deben exigir cumplimiento del calendario escolar, calidad docente, evaluación de aprendizajes y transparencia en el manejo de los recursos. La educación es un derecho de los estudiantes, no una concesión de los sindicatos.
La reforma que Bolivia necesita es mucho más profunda que la propuesta que hoy provoca las movilizaciones. Mientras el magisterio permanezca sometido a las actuales estructuras sindicales, cualquier intento serio de transformación encontrará en ellas un obstáculo antes que un aliado. El país necesita maestros comprometidos con la enseñanza, no dirigentes comprometidos con la movilización permanente.
Bolivia no necesita más paros ni más lecciones de sindicalismo; necesita recuperar la educación. Para ello habrá que tener el coraje de reformar lo que durante demasiado tiempo nadie se ha atrevido a cuestionar. Porque, al final, quienes pagan el aplazamiento del magisterio no son sus dirigentes, sino nuestros estudiantes.


