La resolución del Tribunal Agroambiental que dispuso nuevas medidas cautelares frente a la emergencia de incendios forestales en Bolivia ha generado múltiples reacciones en la esfera jurídica, ambiental y social. Especialistas coinciden en que se trata de un precedente sin parangón en la defensa de la Madre Tierra, aunque advierten de los retos en su cumplimiento.
Vivian Molina, presidenta del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, consideró que la decisión reafirma la vigencia del principio de no regresión ambiental: “El Tribunal está recordando a todas las instituciones que no pueden retroceder en sus obligaciones de protección. Si se incumple, los responsables deben responder penalmente.”
Paola Barriga, abogada constitucionalista y analista ambiental, destacó que por primera vez el órgano judicial se coloca como vigilante directo de la acción estatal: “Obliga a los niveles de gobierno a rendir cuentas en 48 horas y advierte procesos penales. Esto marca un antes y un después en la justicia de los derechos de la Madre Tierra.”
Luis Fernando Rojas, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), afirmó que la incorporación activa de la sociedad civil y los bomberos voluntarios es un paso inédito: “Se reconoce de forma explícita a defensores ambientales bajo el Acuerdo de Escazú. Esto eleva su protección jurídica y visibiliza su rol en la primera línea de la defensa del territorio.”
Mariana Da Silva, coordinadora de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS Bolivia), valoró la orden de revisar leyes como la N° 741 y la N° 1171: “La exhortación legislativa es crucial. Estas normas han facilitado la expansión agropecuaria sin controles ambientales. Revisarlas es indispensable para alinear la producción con la sostenibilidad.”
Carlos Borth, analista político y exconstituyente, subrayó el carácter coercitivo e innovador del fallo: “Nunca antes el incumplimiento de medidas ambientales había sido ligado de forma tan directa a procesos penales. Es un mensaje claro de que la negligencia estatal frente a los incendios es un delito.”
Impacto percibido
Los especialistas de diferentes áreas coinciden en que este fallo, fortalece el rol judicial en la defensa de los derechos ambientales y visibiliza la corresponsabilidad entre Estado, sociedad civil y bomberos voluntarios. Por otro lado también mencionaron que abre la puerta a responsabilidades penales por omisiones en la gestión de incendios, en especial a autoridades llamadas por ley, y finalmente obliga a un debate legislativo sobre normas que favorecen la deforestación y el chaqueo.
