Cámara Automotor Boliviana denuncia trabas al sector y pide al Gobierno frenar el ingreso de autos ilegales
Luis Encinas pide al Gobierno controlar el contrabando, revisar normas y proteger al importador legal.
Cámara Automotor Boliviana pide cambios al Gobierno
El gerente general de la Cámara Automotor Boliviana, Luis Encinas, denunció una serie de problemas que, según afirmó, afectan al sector automotriz formal y también generan un impacto económico para el Estado. Entre sus principales preocupaciones mencionó el ingreso de vehículos ilegales, las dificultades para acceder a dólares, los problemas vinculados al combustible y lo que calificó como deficiencias en la normativa vigente.
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Encinas realizó sus declaraciones durante una conferencia de prensa previa a una reunión con autoridades de dos ministerios, convocada para analizar la situación del sector. El ejecutivo pidió además que la prensa acompañe y haga seguimiento a las mesas de trabajo que se desarrollen con el Gobierno.
La Cámara Automotor Boliviana, explicó, tiene más de 80 años de trayectoria y representa a empresas que cuentan con contratos de representación de marcas directamente vinculadas con fabricantes internacionales.
El impacto del tipo de cambio
Uno de los problemas expuestos por Encinas fue la dificultad que enfrentan las empresas para reponer sus inventarios debido a la escasez de dólares.
Según explicó, mientras los vehículos eran comercializados tomando como referencia un tipo de cambio de Bs 6,96 por dólar, las empresas llegaron a enfrentar costos mucho mayores para conseguir divisas destinadas a la reposición de vehículos.
El ejecutivo sostuvo que esta diferencia generó dificultades para la actividad comercial, debido a que el costo de reposición es un componente central del negocio automotor.
“Uno no puede vender un vehículo y no tener con qué reponer para volver a vender el vehículo”, explicó Encinas al referirse al impacto de la brecha cambiaria.
Críticas a la Resolución Ministerial 064
Uno de los principales cuestionamientos de la Cámara Automotor Boliviana está dirigido contra la normativa que, según Encinas, permitió ampliar el ingreso de vehículos importados por operadores que no forman parte de la red oficial de representantes de las marcas.
El gerente general señaló directamente al exministro de Obras Públicas Édgar Montaño y cuestionó la Resolución Ministerial 064, aprobada en 2022. Según su versión, esta disposición habría modificado aspectos establecidos previamente en el Decreto Supremo 3244.
Encinas sostuvo que la resolución abrió la posibilidad de que cualquier persona pueda importar vehículos y, a su juicio, debilitó las garantías vinculadas con repuestos, servicio técnico y respaldo del fabricante.
El representante empresarial puso como ejemplo vehículos procedentes de mercados como Omán, Emiratos Árabes y Dubái. Según afirmó, algunos de estos motorizados fueron fabricados para condiciones diferentes a las de Bolivia y podrían tener características técnicas y disponibilidad de repuestos distintas a las requeridas en el país.
La Cámara sostiene que esta situación genera problemas para los representantes oficiales, que deben responder por garantías de las marcas que representan.
Reclamo por el ingreso de autos ilegales
Otro de los principales puntos planteados durante la conferencia fue el ingreso de vehículos ilegales o “autos chutos”.
Encinas afirmó que la Zona Franca de Iquique, en Chile, constituye un punto central de abastecimiento de vehículos que posteriormente ingresan a Bolivia de manera irregular. Según su estimación, alrededor de 100.000 vehículos ilegales ingresarían cada año al país.
El gerente de la Cámara Automotor Boliviana planteó que una de las formas de enfrentar este problema sería controlar el origen del dinero utilizado para adquirir los vehículos en la zona franca.
También vinculó el problema con la presunta subfacturación y el lavado de dinero, aunque estos señalamientos fueron formulados por el dirigente empresarial como parte de sus denuncias y requieren la correspondiente verificación de las autoridades competentes.
Piden recuperar información de la Aduana
Encinas también cuestionó las dificultades que, según dijo, enfrenta la Cámara para acceder a información de la Aduana Nacional.
Explicó que anteriormente la institución recibía datos que permitían verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la importación de vehículos, como la antigüedad permitida, la cilindrada y otras características técnicas.
Según su relato, ese acceso a información fue restringido durante la gestión de anteriores autoridades aduaneras.
Para la Cámara, contar con información oficial es fundamental para identificar posibles irregularidades y realizar denuncias cuando se detectan vehículos que no cumplen con la normativa.
El sector formal reclama mayor protección
Encinas sostuvo que el sector automotor formal genera alrededor de 8.000 empleos directos, cifra que, según explicó, se multiplica al considerar las fuentes laborales indirectas.
En ese contexto, cuestionó que las empresas que cumplen con las normas enfrenten numerosas exigencias y trámites, mientras que la actividad ilegal tendría mayores facilidades para operar.
“Es difícil ser legal en este momento”, afirmó el ejecutivo, al resumir la posición de la Cámara frente a las condiciones actuales del mercado.
La institución espera que las reuniones con el Gobierno permitan avanzar en soluciones concretas para el sector. Entre sus pedidos están la revisión de la normativa, mayores controles al ingreso de vehículos ilegales, mecanismos más ágiles para la importación formal y acceso a información que permita fiscalizar el cumplimiento de las reglas.
Reuniones con ministerios
Encinas informó que la Cámara solicitó audiencias con diferentes autoridades y que recibió una convocatoria para participar en reuniones con representantes del Gobierno.
El ejecutivo pidió que los medios de comunicación acompañen el proceso y hagan seguimiento a los resultados de las mesas de trabajo.
La Cámara Automotor Boliviana considera que los problemas del sector no solo afectan a las empresas importadoras y representantes oficiales de marcas, sino que también tienen consecuencias sobre la recaudación estatal, la seguridad jurídica y las condiciones de competencia en el mercado automotor.
El objetivo, según Encinas, es que el Gobierno adopte medidas que permitan reducir las distorsiones existentes y establecer condiciones más equilibradas entre los operadores legales y quienes ingresan vehículos por vías irregulares.
