La noche del miércoles, miles de ciudadanos se movilizaron en Santa Cruz, marchando desde la Plaza del Estudiante hasta la Plaza 24 de Septiembre para exigir al gobierno la declaración de desastre nacional debido a los incendios forestales que arrasan el país. La protesta, que unió a bomberos, biólogos, indígenas, universitarios, colectivos ambientalistas y residentes de comunidades afectadas, buscó presionar a las autoridades para que tomen medidas urgentes ante la crisis ambiental.
Al finalizar la marcha, los manifestantes aprobaron un pronunciamiento con siete demandas clave:
- Declaratoria de Desastre Nacional: Exigen al gobierno reconocer la magnitud de la catástrofe y declarar el país en estado de desastre nacional para activar mecanismos de ayuda internacional y nacional.
- Paralización de Distribución de Tierras Fiscales: Solicitan la suspensión inmediata de la distribución de tierras fiscales y de predios que tienen autorización para quemas, como medida preventiva contra futuros incendios.
- Eliminación de Leyes Incendiarias: Demandan la derogación total de las leyes que promueven o facilitan las quemas y el desmonte ilegal, a las que califican de “incendiarias”.
- Reversión de Tierras con Desmonte Ilegal: Exigen la reversión de tierras en propiedades medianas y grandes donde se hayan registrado desmontes ilegales y quemas no autorizadas, devolviéndolas al Estado.
- Ayuda Inmediata a Municipios y Comunidades: Instan al gobierno nacional y departamental a proporcionar ayuda efectiva y urgente a los municipios y comunidades afectadas por los incendios.
- Planes de Recuperación Forestal: Solicitan la ejecución inmediata de planes de recuperación forestal en todas las áreas que han sido devastadas por incendios, para restaurar los ecosistemas afectados.
- Prohibición de Nuevos Eventos Transgénicos: Piden la prohibición de autorizaciones para nuevos eventos transgénicos, argumentando que estos contribuyen a la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad.
La movilización reflejó el creciente descontento social ante la falta de acción del gobierno y la urgencia de implementar políticas que prioricen la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades afectadas.
