Comité pro Santa Cruz y Gobierno acuerdan 10 medidas ante la crisis de combustibles
El Comité pro Santa Cruz, representantes cívicos, productivos, provinciales y municipales, autoridades departamentales y municipales, junto al Gobierno Nacional y YPFB, suscribieron este lunes un...
El Comité pro Santa Cruz, representantes cívicos, productivos, provinciales y municipales, autoridades departamentales y municipales, junto al Gobierno Nacional y YPFB, suscribieron este lunes un Acta de Compromiso por Bolivia tras una reunión de emergencia por el abastecimiento de combustibles.
Entre los acuerdos figura la publicación, desde este lunes, de un cronograma diario de suministro, con los volúmenes programados y efectivamente despachados para Bolivia, Santa Cruz, sus provincias y municipios.
El documento también plantea incorporar al sector privado en la importación, almacenamiento, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles, además de solicitar la eliminación de cargas tributarias y de sustancias controladas que, según el acta, dificultan la importación privada.
Otro de los compromisos establece pedir que la producción de biocombustibles sea declarada prioridad nacional, mientras que YPFB deberá activar la producción de crudo en campos actualmente subutilizados o paralizados y poner en funcionamiento poliductos y oleoductos para fortalecer el suministro.
El acta incluye además la exigencia de eliminar la ANH, el pedido al Gobierno para que las Fuerzas Armadas refuercen el control de fronteras frente al contrabando y el mercado negro, y el inicio de un debate nacional sobre reformas legales y constitucionales para modificar el modelo energético.
El documento establece los siguientes 10 compromisos:
1. Abastecimiento y cronograma diario.
Garantizar el abastecimiento inmediato y publicar desde este lunes un cronograma diario con los volúmenes programados y efectivamente despachados para Bolivia, Santa Cruz, sus provincias y municipios.
2. Participación público-privada.
Impulsar una solución estructural que incorpore a los sectores público y privado en la importación, almacenamiento, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles.
3. Eliminación de cargas para la importación privada.
Solicitar una normativa que elimine las cargas tributarias y de sustancias controladas que, según el acta, obstaculizan la importación privada, particularmente el IVA y el IT.
4. Prioridad nacional para los biocombustibles.
Solicitar que la producción de biocombustibles sea declarada prioridad nacional para reducir la dependencia de insumos importados, dinamizar el sector agropecuario e incrementar la oferta local y departamental.
5. Reactivación de la producción nacional.
Establecer que YPFB active la producción en campos de crudo actualmente subutilizados o paralizados y ponga en funcionamiento poliductos y oleoductos para fortalecer la logística y el suministro.
6. Eliminación de la ANH.
El acta plantea la eliminación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a la que señala como una de las fuentes de corrupción en la comercialización de combustibles.
7. Control del contrabando.
Exigir al Gobierno que las Fuerzas Armadas cumplan su rol constitucional de proteger las fronteras y combatir el contrabando, el mercado negro y el desvío ilegal de combustibles.
8. Reforma del modelo energético.
Iniciar un debate nacional sobre las reformas legales y constitucionales necesarias para transformar el modelo energético, recuperar inversiones y recuperar la capacidad de producción de hidrocarburos.
9. Identificación de responsables.
Exigir los nombres de los responsables y acciones penales concretas, además de un informe sobre los resultados de las acciones contra la corrupción en YPFB y otras instituciones del Estado.
10. Nueva reunión el 31 de agosto.
Se acordó una nueva reunión para el 31 de agosto con el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, y el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en representación del Ejecutivo Nacional.
Asimismo, los sectores exigen conocer los nombres de los responsables y las acciones penales relacionadas con hechos de corrupción en YPFB y otras instituciones del Estado.
Como último punto, se acordó una nueva reunión para el 31 de agosto con el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, y el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en representación del Ejecutivo Nacional.


