El diputado Héctor Arce, del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó una denuncia penal contra el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores Lazo, por presunto malgasto de más de 200 millones de bolivianos en la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro). La denuncia también alcanza al actual gerente de la empresa, José Luis Mamani N., y al exgerente William Ramiro Villalpando C., por los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento.
La denuncia se sustenta en una inspección realizada por Héctor Arce al predio estatal “El Tinto”, en el municipio de Pailón (Santa Cruz), donde se constató el abandono de maquinaria agrícola, semillas en estado de descomposición y agroquímicos vencidos. “Contabilizamos más de 400 bolsas de semillas deterioradas, maquinaria oxidada y equipos expuestos a la intemperie. Esto representa un daño económico superior a los 210 millones de bolivianos”, afirmó el legislador.
B-Agro fue creada el 20 de abril de 2022 como una empresa estatal dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con el objetivo de producir, procesar y comercializar cultivos estratégicos como soya, maíz, trigo y sorgo. Sin embargo, según el diputado, la producción agrícola ha sido mínima y no justifica la inversión ejecutada.
La Fiscalía ya investiga a exfuncionarios de B-Agro por irregularidades en tres contratos relacionados con agroquímicos. El ministro Flores confirmó que se detectó un daño económico de al menos 4 millones de bolivianos por insumos vencidos, y que se iniciaron procesos penales contra el exgerente Villalpando.
En respuesta a la denuncia, Flores pidió al diputado Arce que se adhiera a las acciones legales ya iniciadas por el Ministerio ante la Fiscalía. “El diputado ha llegado tarde a esta fiscalización. Nosotros ya hemos tomado medidas y presentado denuncias documentadas”, declaró en conferencia de prensa.
Mientras tanto, el ministro ha enfocado su discurso público en destacar la producción apícola en Chuquisaca. En una conferencia reciente en Sucre, Flores anunció una inversión de 96 millones de bolivianos en el sector de la miel, con 28,8 millones destinados a Chuquisaca y una proyección de 1.600 toneladas anuales de producción.
Esta dualidad en el enfoque del Ministerio, por un lado, una empresa estatal agropecuaria bajo investigación por corrupción; por otro, la promoción de la miel como símbolo de éxito productivo, ha generado críticas sobre las prioridades institucionales. “No se puede hablar de desarrollo rural mientras se malgastan recursos públicos y se abandona maquinaria en el campo”, cuestionó Arce.
La situación de B-Agro revela un problema estructural en la gestión de empresas estatales, donde las denuncias por corrupción, abandono de activos y falta de resultados concretos contrastan con los discursos oficiales centrados en logros sectoriales.
