Cerré mi anterior columna con una frase: «¡Y lo que falta aun!» Y lo que faltaba era mucho, quizás hasta mucho más de lo que se esperaba.
Empecemos por lo que creo más positivo del período último, suceso que —para no dejar lo habitual altoperuano y la miope politiquería— fue vapuleado y criticado. No es necesario decir que me refiero a la reunión en la Universidad de Harvard dentro del Proyecto Bolivia360.
Un resumen rápido es que reunió candidatos, economistas y opinadores de varias áreas y políticos no candidatos, tanto q’aras (no indígenas: “blancos” o mestizos) como t’aras (indígenas) —estos para “estupor indignado” tanto de charlatanes wokistas como de cultores del pedrigrí (estos falsos impostados, izquierdista de caviar)—, con el definido propósito de crear la expectativa para lograr un Proyecto País (la Agenda Bolivia360) mediante la más vieja vía de la que los demagogos del populismo han siempre renegado: oír e intercambiar ideas, propósitos y esperanzas. No asumo del éxito —aunque me gustaría equivocarme— pero como reza el proverbio chino atribuido a Lao-Tsé «un viaje de mil li comienza con un paso» y en nuestra anomia de soluciones (crisis económica y crisis social, un país detenido sin combustibles para movilizarse ni para producir el actual sueldo del país, la agricultura; con el Estado inmovilizado y que se gastó hasta un no-golpe, ¿nuestros? representantes autoanulados y la justicia prostituida contra un pueblo que se debate entre la inopia y el plato de comida), el verse las caras y escucharse (aunque para algunos asistentes fuera sólo una “obligada cortesía democrática”) es un primer y, sin dudas, gran paso. El que esto fuera en una de las universidades más prestigiosas del mundo —discutidora del Top One comúnmente y resistiendo la avalancha Trump— y, incluso más, bajo la guía del mentor del Proyecto Bolivia360 profesor Ricardo Hausmann Goldfarb (exministro de Planificación de la Venezuela Saudita y director fundador del Growth Lab de Harvard, uno de los centros más prestigiosos e influyentes del mundo para la investigación sobre crecimiento económico y desarrollo), dan muestra de la gran importancia de la reunión, promovida y financiada por un emprendedor boliviano exitoso: Marcelo Claure Bedoya, quien —más allá de beneficios inmediatos o candidaturas— ha promovido estudios de percepción (démosles los beneficios de la fiabilidad), abierto espacios virtuales no-partidarios de discusión y financiado este proyecto, entre otros. (Apostillo que las suspicacias que este boliviano ha despertado serían útiles si motivaran la emulación de otros enriquecidos nacionales, “históricos” o nuevos: cambas nuevos, qamiris y utjirinis).
Ojalá no quede la reunión en un tour boliviano a Massachusetts.
Lamentablemente no me quedan más buenas noticias. En una semana el Organismo Electoral deberá anunciar las candidaturas revisadas y confirmadas para las elecciones 2025 en agosto y la baza aparentemente más potente (Andrónico Rodríguez) de la trica de residuales del MAS-IPSP (Rodríguez-Copa-Del Castillo) aún no ha podido solicitar su revisión (que no es lo mismo que confirmar su postulación). La causa es otra más de la larga sarta de demandas constitucionales que han caído en cascada al Organismo Electoral contra irregularidades (más que presuntas) de organizaciones políticas y que ya han sacado de competencia (inhabilitando su participación electoral) varias de los comicios: PAN-BOL (la última lágrima de Morales), FPV y, ahora, el MTS por mencionar los más conocidos.
La Ley Electoral 026/2010 (además de la 1096/2018) eliminó la posibilidad, hasta entonces vigente, que las Agrupaciones Ciudadanas y las de Pueblos Indígenas pudieran postular al ámbito nacional, reduciéndolas para ello a acólitos o rodrigones de un partido. Por ello, las agrupaciones ciudadanas Partido Socialista Revolucionario y Movimiento Autonomista de Trabajo y Esperanza —integrantes de la Alianza Popular con el partido Movimiento Tercer Sistema— que promovían la candidatura del exdelfín de Morales, a falta del MTS tienen que conseguir un partido para darle “legalidad electoral” a esa alianza y candidatura. (La actual legalidad electoral de la “democracia” masista reduce los beneficios de participación nacional para las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas que les daba la anterior Ley Electoral 1984/1999, paradójicamente de la democracia banzerista).
Súmesele a ello la absoluta desesperación de Morales Ayma en postularse como vía de impunidad (Arce fue más precavido y —al menos lo supone— se aseguró impune con una primera senaturía); por eso Morales, ahora sin sigla ni derecho legal, cree salvar su angustia promoviendo presiones violentas y amedrentamientos (criminales) de autoridades electorales, sin importarle la suma de ilegalidades e indiferente al clima de creciente rechazo social contra él —incluso más que a sus vándalos— y acelerando su aniquilamiento total de actor político y social.
Volviendo a las anulaciones e impugnaciones de organizaciones políticas, hecha por la vía judicial y aceptadas sin apelación e implementadas por el Organismo Electoral, me tengo que preguntar ¿qué papirotada (sustitúyase a voluntad por sustantivo más… “sonoro”) se dieron los Vocales del Ente rector de la elecciones y sus adláteres para no observar antes del inicio del proceso electoral esas irregularidades que los han llevado ahora a tamañas decisiones y han ensombrecido aun más esta jerigonza de proceso que vivimos? Peor en un ambiente precomicial donde oposiciones y oficialismo-protooficialismos están, ambos, divididos y multiplicados.
Suficiente por hoy. La próxima semana, con la programada finalización de las revisiones de candidaturas y la confirmación de las aprobadas, deberían empezar las campañas electorales. Pero me adscribo a los analistas que han mencionado como inmerso todo el dicenio masista en campañas electorales; es más: diré yo que desde 1999 no salimos de “discutir elecciones y de votar candidatos”: en 1999 (alcaldes), 2002 (nacionales), 2004 (alcaldes), 2005 (nacionales + prefectos), 2006 (constituyente), 2008 (estatutos autonómicos y referéndum revocatorio), 2009 (referéndum constituyente y elecciones nacionales + gobernadores), 2010 (alcaldes + gobernadores), 2011 (judiciales), 2014 (nacionales), 2015 (alcaldes), 2016 (referéndum constitucional), 2017 (judiciales) 2019 (nacionales), 2020 (nacionales), 2021 (subnacionales) y 2024 (judiciales); sólo en los 27 años desde 1999 no hubo procesos en diez: 2000, 2001, 2003, 2007, 2012, 2013, 2016, 2018, 2022 y 2023. ¿Será récord para Guinness?
«¡Y lo que falta aun!»… una vez más. Como República Bananera, al igual que las de O. Henry y luego Fallas hasta las de Miguel Ángel Asturias.
