Miguel Angel Amonzabel Gonzales – Analista socioeconómico
La confianza pública en los datos de los institutos de estadística nacionales es esencial para entender la realidad socioeconómica. Sin embargo, en algunos países, la falsificación de datos y la demora en su divulgación socavan esta confianza. A pesar de la aparente objetividad en la recopilación, estos problemas ponen en duda la transparencia y la credibilidad de la información oficial
Ejemplos claros de esto fueron los gobiernos de los Kirchner en Argentina y los de Chávez y Maduro en Venezuela, se observó una marcada intervención en la designación de ejecutivos en los institutos de estadísticas, lo que afectó la calidad y la prontitud de la información. Esto condujo a distorsiones en los datos sobre la inflación, el crecimiento económico y otros indicadores, generando una pérdida de credibilidad.”
En el contexto de Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha comenzado a replicar estos lamentables ejemplos de falta de institucionalidad. La información cuantitativa que proporciona es superficial y se presenta en tablas con datos generales que no pueden desagregarse, además de que los informes se publican con meses de retraso. Por ejemplo, los datos de la industria cementera, un indicador importante del crecimiento económico, no están disponibles en su página oficial. Se limita a informar a través de los medios de comunicación que las ventas del año 2023 ascendieron a 3.93 millones de toneladas, sin ofrecer un análisis más detallado ni contextualizar la información.
La inflación acumulada hasta febrero, reportada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con un modesto 0.28%, plantea dudas sobre la precisión de los datos. Este valor resulta cuestionable por dos razones fundamentales. En primer lugar, el aumento significativo en los precios de los alimentos, evidenciado por el alza de precios en productos argentinos desde diciembre, no se refleja adecuadamente en las cifras oficiales del INE. Además, los productos nacionales también han seguido esta tendencia alcista de precios, lo cual no queda debidamente reflejado en los datos de inflación reportados.
Por otro lado, el incremento alarmante del 30% en el costo de los materiales de construcción importados, debido a la escasez de dólares en el mercado, constituye otro factor relevante que pone en entredicho la veracidad de las estadísticas de inflación del INE. Esta realidad económica, que impacta directamente en los costos de construcción y, por ende, en la vida cotidiana de los ciudadanos, no encuentra un reflejo adecuado en los datos proporcionados por la institución estadística nacional.
El Censo de Población 2024, uno de los proyectos más costosos, plantea incertidumbres respecto a su presupuesto. Informes recientes sugieren un costo estimado de alrededor de 60 millones de dólares, mientras que otras fuentes mencionan una cifra más elevada de 83.9 millones de dólares. Sin embargo, persisten interrogantes importantes sobre este censo: ¿Cuál es el costo real del Censo? ¿En qué áreas se destinará el presupuesto exactamente? Y ¿Por qué existe resistencia a asignar un monto económico a las censadoras similares al de otros países para este propósito?
Al no haber remuneración y teniendo en cuenta la idiosincrasia de algunos bolivianos, es probable retrasos o incluso en la ausencia de los censadores en sus labores, o bien que estas se lleven a cabo de manera deficiente. En cuanto al Instituto Nacional de Estadística (INE), es probable que el Censo se realice siguiendo un estilo característico del boliviano, es decir, con grandes improvisaciones y con numerosas dudas respecto a la precisión de los resultados. Es posible que se repitan los errores del CENSO 2012 que se destinen muchos recursos para obtener una cantidad limitada de información, la cual se entregará con demoras y aplazamientos, presentándose de forma parcial.
La desconfianza de los políticos opositores sobre supuestas adulteraciones en el Censo es lamentable. Su cuestionamiento sobre el uso de lápiz, insinuando que las respuestas podrían ser modificadas, es superficial. La verdad es que llevar a cabo tal tarea sería extremadamente laborioso y tendría poco impacto. Ellos deberían centrar su atención en áreas más relevantes, como quién controla la centralización de la información y qué datos se están generando. Ahí radica el verdadero detalle al que deben prestar atención.
Las consecuencias pueden ser graves, ya que la falta de información oportuna y la publicación de datos inexactos pueden llevar a la toma de decisiones erróneas por parte de instituciones gubernamentales, empresas y otros actores clave. Esta falta de elementos objetivos para evaluar el desempeño económico y social puede resultar en políticas ineficaces, inversiones equivocadas y una planificación deficiente, lo que a su vez puede tener un impacto negativo en el desarrollo económico, el bienestar social y la calidad de vida de la población.
