Evo Morales, responde a través de su cuenta X, al presidente Luis Arce Catacora, y lo compara con Lenin Moreno (expresidente de Ecuador).
“En su traición al movimiento indígena y popular, con el único objetivo de proscribirnos e intentar distraer de la grave crisis económica, hace una pregunta imponiendo una interpretación constitucional que no le corresponde” señaló Morales.
Morales critica que las preguntas no sean presentadas a la Asamblea Legislativa, sino que se dejen en manos de miembros del Tribunal Constitucional, cuya legitimidad es cuestionada debido a su auto prórroga y a la nulidad de sus actos. Según Morales, Luis Arce debería tener más coraje y proponer preguntas como: "¿Está usted de acuerdo con la prohibición de Evo Morales como candidato?" y "¿Aprueba usted la gestión de Luis Arce?" Morales concluye afirmando que el pueblo se da cuenta de lo que está ocurriendo.
Otras repercusiones:
Luis Fernando Camacho (exdirigente cívico) critica el referendo convocado por Luis Arce, considerándolo una táctica política para ocultar su falta de acción frente a la crisis económica. Camacho denuncia que el referendo, que costará unos 180 millones de bolivianos, es un despilfarro y que las cuestiones propuestas no requieren un referendo.
Camacho concluye que el referendo no ha sido solicitado por el pueblo y que Arce está violando la Constitución al convocarlo por decreto.
El líder del partido de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, critica el referéndum propuesto por el Presidente Arce, calificándolo de violatorio de la Constitución y de un engaño. Según Mesa, el referéndum retrasa por cinco años la implementación de los resultados del censo, ignora la decisión del 21F y de la CIDH, y evita enfrentar con la urgencia necesaria problemas críticos como la falta de dólares, el contrabando y la escasez de carburantes. Mesa advierte que aceptar esta iniciativa sería caer en una trampa más de un gobierno que demuestra incapacidad.
Asimismo, Samuel Doria Medina critica el referéndum propuesto por Arce, señalando que genera confusión y podría implicar gastos innecesarios. Destaca que la propuesta para eliminar la subvención de gasolina y diésel probablemente será rechazada y empeorará la crisis, y que la redistribución de escaños podría causar conflictos regionales. Además, subraya que Arce no puede cambiar la Constitución sin la aprobación del parlamento, lo que sería ilegal.
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