Fernando Aramayo: la Asamblea Legislativa enfrenta un “desafío histórico” por el caso Mariaca
El ministro afirma que la Asamblea enfrenta una jornada clave por el caso Mariaca y las pesquisas.
La Asamblea Legislativa enfrenta, según el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, un “desafío histórico” ante la situación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca. En entrevista con Desayuno Informado, sostuvo que diputados y senadores deberán definir su actuación frente a las investigaciones y las pruebas que, según afirmó, se conocieron en las últimas horas.
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El ministro señaló que la jornada es determinante para la lucha contra el narcoterrorismo y la corrupción y sostuvo que la Asamblea tiene la posibilidad de recuperar la confianza de la ciudadanía.
En ese contexto, cuestionó cuál será la posición de los legisladores frente a las investigaciones y afirmó que existe una red criminal que, según su versión, comenzó a ser desmontada y que todavía habría personas intentando impedir que se presenten acusaciones formales.
Entre los elementos mencionados durante la entrevista están Bs 3,5 millones y $us 10.000 que, según la declaración, fueron encontrados en una ambulancia que salió del domicilio de Mariaca. También habló de dinero en Sucre y Chuquisaca y de un fiscal autoproclamado que habría intentado bloquear una acción de denuncia probatoria.
Las pruebas y las detenciones
Consultado sobre las evidencias que sustentan las detenciones de Mariaca y otros fiscales, el ministro respondió que corresponde al Poder Judicial, fiscales y jueces dar cuenta de esos elementos.
Explicó que las actuaciones policiales se produjeron después de una fase investigativa y que el procedimiento debe continuar para que la población conozca las pruebas que sustentan las acciones contra las autoridades detenidas.
“Nosotros como Ejecutivo tenemos un ámbito de competencia, no vamos a intervenir con la acción del Poder Judicial”, afirmó.
Frente a los cuestionamientos de la defensa sobre una posible detención arbitraria y la falta de evidencias, hizo referencia a las declaraciones del ministro de Gobierno y a elementos relacionados con narcoterrorismo, ganancias y dineros ilícitos.
También volvió a mencionar el dinero que, según su versión, fue encontrado en una ambulancia que salió del domicilio del fiscal general.
Durante la entrevista, además, sostuvo que cuando Mariaca era fiscal en Santa Cruz habría rechazado casos y encubierto, junto con otros fiscales y jueces, acciones relacionadas con el narcoterrorismo.
La supuesta lista de 20 nombres
Otro de los temas abordados fue la supuesta lista de 20 personas a las que Estados Unidos retiraría las visas.
Sobre ese punto, el ministro aclaró que no conocía otro listado y señaló que esa información no tendría una fuente de verificación real. Agregó que Estados Unidos puede definir su política migratoria en ejercicio de su soberanía.
También explicó que el Gobierno inició conversaciones porque algunos casos podrían derivar en procesos de extradición. Según detalló, las gestiones forman parte de la coordinación entre los ministerios de Relaciones Exteriores y los equipos judiciales de ambos países.
El caso de las maletas
Respecto a una posible vinculación del caso de las maletas con Mariaca, evitó adelantar conclusiones y señaló que se debe esperar el resultado de la fase investigativa.
Sin embargo, afirmó que habría existido un “encubrimiento estructural” de varios hechos ocurridos en el país y mencionó actuaciones que, a su criterio, generan dudas sobre el accionar del Ministerio Público.
Entre ellas citó la liberación de personas acusadas en el caso de las maletas, la detención domiciliaria de la hermana de Sebastián Marset y un caso relacionado con el contrabando de oro.
A partir de esos hechos, sostuvo que existe un escenario de duda sobre las actuaciones realizadas y afirmó que, en su criterio, existen pruebas que deben ser investigadas.
La respuesta sobre el caso Cerimedo
Ante la consulta sobre quienes consideran que las acciones contra Mariaca podrían ser una vendetta para tapar el caso Cerimedo, rechazó esa interpretación.
Sostuvo que el caso debe ser investigado y planteó la conformación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa, además de la participación de organismos internacionales.
También afirmó que el Ejecutivo no obstruyó esa investigación y que, por el contrario, entregó informes a la Asamblea mediante interpelaciones, informes orales e informes escritos.
Finalmente, señaló que corresponde a los mecanismos de justicia establecer responsabilidades y cuestionó que el tema sea utilizado como una forma de “extorsión política”.
