El Ministerio Público de Bolivia informó este viernes que en lo que va de año se han registrado 69 feminicidios y 27 infanticidios, la mayoría de ellos consumados en el departamento occidental de La Paz.
La entidad señaló que los feminicidios ocurrieron en su mayoría en los departamentos de La Paz (18), Cochabamba (14) y Santa Cruz (14), que conforman el eje central de Bolivia.
Elizabeth Viveros, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, mencionó que el 94,1 % de estos casos “se encuentran con (los) responsables identificados” e indicó que 22 casos ya tienen sentencias condenatorias.
Los 69 feminicidios en lo que va de 2024 se contrastan con los 67 de 2023 en el periodo de enero a octubre, mientras que en 2022 se reportaron 71 y en 2021 hubo 88.
El caso más reciente de feminicidio corresponde al de una mujer que fue enterrada ilegalmente en el pueblo de Tihuanaco, situado 75 kilómetros al oeste de La Paz.
El hecho se produjo hace dos meses, pero se conoció hace poco porque la madre de la víctima denunció el caso y tras la exhumación del cuerpo se estableció que sufrió agresiones, por lo que su esposo fue enviado a prisión.
Entre tanto, este año son 27 los infanticidios y se han registrado en los departamentos de La Paz (15), Santa Cruz (8), Cochabamba (2) y Oruro (2).
En el mismo periodo de 2023 hubo 21, en 2022 se reportaron 29 y en 2021 se cuantificaron 30.
La Fiscalía estableció que en el 74 % de los casos se identificaron los autores y se dictaron 3 sentencias.
Asimismo, entre enero y agosto pasados, el Ministerio Público recibió 28.876 denuncias relacionadas con hechos de violencia contra mujeres y menores de edad, de las que 21.821 corresponden a violencia familiar.
La ley 348 sanciona el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.
Esta ley fue criticada recientemente por parte del oficialismo, y llamada una ley “antihombres” por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, integrante del Movimiento al Socialismo (MAS).
Esa declaración provocó el descontento de organizaciones sociales y feministas que reclaman desde hace años que esa norma no se cumple plenamente por las demoras judiciales y la falta de recursos económicos, así como a la carencia de personal capacitado para atender las denuncias, entre otros aspectos.
Agencia EFE
