Carlos Eduardo Correa, secretario de justicia de la gobernación, anuncia auditorías específicas para garantizar transparencia en contrataciones y compras públicas en Santa Cruz, tras observaciones en informe de confiabilidad en la gestión 2023, y niega intenciones de persecución.
El secretario de justicia de la gobernación de Santa Cruz, afirmó en Asuntos Centrales que la implementación de estas auditorías especiales asegurará la transparencia del trabajo administrativp de la Gobernación.
Según Correa, la gestión compartida con el gobernador electo Luis Fernando Camacho, se enfocará en corregir las deficiencias señaladas en el informe, priorizando la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos.
El secretario de justicia explicó que las observaciones realizadas no son solo de forma, sino que resaltan puntos específicos que deben mejorarse. En este sentido, se iniciarán auditorías específicas en aquellos puntos que requieran una mayor clarificación y seguimiento.
La asambleísta Paola Aguirre, manifestó que la Asamblea Legislativa Departamental está de acuerdo con la auditoría «siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que se nos permita a los asambleístas departamentales ejercer nuestro rol fiscalizador para que, a partir de estas observaciones detectadas por la auditoría, podamos acceder a toda la información tomando en cuenta que son observaciones relativas a tareas del Ejecutivo departamental y no del Legislativo departamental»
En respuesta a las declaraciones de la asambleísta Aguirre, Correa menciona la posibilidad de crear una comisión que supervise las auditorías y verifique el cumplimiento de las recomendaciones previas.
Sobre el inicio de las auditorías especiales, Correa señaló que el proceso no será inmediato:
«Vamos a esperar que el Gobernador mediante su asesor o mediante su despacho nos hagan llegar los puntos y recomendaciones para que nosotros podamos solicitar informes también específicos»
En cuanto a las observaciones mencionadas por el gobernador en suplencia, Correa indicó que se trata de casos específicos que están siendo investigados. Por ejemplo, se refirió a un caso de presunta malversación de fondos en la adquisición de una perforadora de pozo por un monto de 279.000 bolivianos, denuncia en contra de Óscar Javier Porras Suárez, ex director de recursos hídricos, por la presunta comisión del delito de malversación de fondo el cual ya está siendo procesado por la fiscalía anticorrupción.
En relación con las contrataciones de personal, Correa informó que se están revisando cerca de 837 carpetas en recursos humanos, las cuales no han cumplido con ciertos requisitos legales. Esta situación ha generado retrasos en el pago de salarios a cerca de 1000 funcionarios, cuya contratación en enero resulta llamativa para la gestión de Aguilera, que iniciaron labores a inicios de febrero de 2024.
