Gobierno promulga el alza salarial 2025 en medio de reclamos empresariales, con pago retroactivo hasta el 31 de julio

Gobierno promulga el alza salarial 2025 en medio de reclamos empresariales, con pago retroactivo hasta el 31 de julio

El incremento alcanza el 10% al salario mínimo nacional y el 5% al haber básico. El ajuste beneficia a trabajadores del sector público, salud, educación, policías y militares.

El Gobierno promulgó este 1 de mayo el Decreto Supremo 5383 que oficializa el incremento salarial para la gestión 2025. La norma establece un aumento del 10% al Salario Mínimo Nacional (SMN) —que sube de Bs 2.500 a Bs 2.750— y del 5% al haber básico mensual, tanto para el sector público como privado. El pago deberá realizarse con carácter retroactivo al 1 de enero y efectivizarse hasta el 31 de julio de este año.

Según el reporte de Erbol, el incremento al salario mínimo es de aplicación obligatoria, mientras que el ajuste al haber básico en el sector privado debe acordarse entre empleadores y trabajadores. Las entidades públicas, por su parte, deberán aplicar el aumento conforme a sus posibilidades, bajo responsabilidad de su Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

Entre los sectores beneficiados por el incremento se encuentran:

  • El magisterio fiscal, incluyendo docentes y administrativos de unidades educativas, Escuelas Superiores de Formación de Maestros e institutos técnicos y comerciales.
  • El sector salud, abarcando centros dependientes de los servicios departamentales, el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (Inlasa), Cenetrop, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) y los programas nacionales bajo administración del Ministerio de Salud y Deportes.
  • Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, con un incremento lineal al haber básico conforme a su escala vigente.

El decreto también autoriza a las entidades territoriales autónomas y a las universidades públicas a aplicar el aumento del 5%, siempre que exista una solicitud justificada y cumplan los parámetros establecidos.

Desde el sector empresarial, surgieron reclamos y observaciones debido a los posibles impactos en la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan dificultades económicas. No obstante, el Gobierno aseguró que la medida busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de baja inflación.

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