OEA presenta informe sobre los 53 días de bloqueos en Bolivia y el Gobierno pide misión policial de acompañamiento
La OEA presentó ante el Consejo Permanente el informe de su misión en Bolivia tras 53 días de bloqueos. El Gobierno reportó más de Bs 14.000 millones en pérdidas y 22 fallecidos.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recibió este jueves el informe oficial de la Misión de Alto Nivel que visitó Bolivia tras un periodo de 53 días de bloqueos y movilizaciones sociales. La sesión, desarrollada en la sede del organismo en Washington, contó con la intervención del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y del ministro de la Presidencia de Bolivia, Fernando Aramayo.
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OEA llama a respetar el mandato constitucional y fortalecer el diálogo
Durante su intervención, Albert Ramdin señaló que el mandato constitucional de Bolivia debe ser respetado y que la misión buscó acompañar la preservación de las instituciones democráticas, el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y la resolución pacífica de las diferencias dentro del marco constitucional.
Entre las conclusiones y recomendaciones centrales expuestas por el secretario general destacan:
Límite a la protesta social: Ramdin señaló que la protesta pacífica es un derecho fundamental, pero que la violencia, la coerción, las amenazas a la infraestructura o al orden establecido democráticamente, fuera de los mecanismos constitucionales, no constituyen un camino legítimo para resolver diferencias sociales o políticas. También remarcó la necesidad de proteger derechos de terceros, como la vida, la salud, la libertad de movimiento y el acceso a servicios fundamentales.
Diálogo institucional: La OEA recomendó continuar y ampliar el diálogo con actores políticos y sociales, fortalecer mecanismos que permitan anticipar tensiones y resolver desacuerdos antes de que deriven en confrontaciones.
Rendición de cuentas e instituciones: La misión recomendó continuar las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos durante la crisis, garantizando la rendición de cuentas, el debido proceso y las garantías judiciales. También planteó defender la libertad de expresión y el periodismo y fortalecer la capacidad de la Defensoría del Pueblo en mediación, prevención de crisis y protección de los derechos humanos.
Seguridad y crimen organizado: Ramdin advirtió que la inestabilidad política y la fragilidad institucional pueden generar condiciones que sean aprovechadas por el crimen organizado, con consecuencias que trascienden las fronteras nacionales y alcanzan la seguridad regional.
Gobierno cifra las pérdidas directas en Bs 14.000 millones y 22 fallecidos
A su turno, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, en representación del presidente Rodrigo Paz, expuso el balance económico y social que, según el Gobierno, dejaron los 53 días de bloqueos.
Aramayo señaló que la crisis significó para Bolivia más de Bs 14.000 millones en pérdidas directas y la pérdida de aproximadamente 250.000 empleos directos e indirectos. También afirmó que, en La Paz, siete de cada diez industrias continúan sufriendo los efectos de la paralización.
En cuanto al costo humano, citó datos de la Defensoría del Pueblo según los cuales 22 personas fallecieron, de las cuales 19 eran terceros que no participaban de las movilizaciones.
El ministro justificó la aplicación del estado de excepción como una medida que, según explicó, buscó defender la vida y abrir corredores humanitarios para garantizar el traslado de alimentos, medicamentos y combustibles, además de llevar oxígeno a hospitales y carburantes al sector productivo.
Aramayo sostuvo que los bloqueos no constituyeron únicamente reclamos sectoriales, sino que, a su juicio, respondieron a una estrategia deliberada para erosionar el orden democrático y forzar la interrupción del mandato constitucional expresado en las urnas en 2025.
“Aceptar que un gobierno legítimamente electo pueda ser acorralado para forzar renuncias al margen de la Constitución sentaría un precedente peligroso para la estabilidad de cualquiera de nuestros Estados”, afirmó.
El ministro también sostuvo que el Estado actuó con firmeza, pero con vocación de paz, y que las investigaciones sobre los hechos de violencia y las pérdidas humanas deben continuar con respeto al debido proceso y con reparación a las víctimas.
Bolivia solicita una misión de acompañamiento policial
En la parte final de su alocución, Aramayo solicitó a la Secretaría General de la OEA el despliegue de una misión de observación y acompañamiento policial a través de la RedPolOEA.
El ministro describió la iniciativa como técnica, preventiva y desarmada, orientada a fortalecer las capacidades de gestión del orden público bajo estándares internacionales de derechos humanos.
Bolivia invitó a los Estados miembros de la OEA a sumarse a esta misión con contribuciones de personal y recursos. Aramayo destacó además el interés expresado por delegaciones como la de Estados Unidos para concretar este acompañamiento.
