UNA SALIDA HONROSA Y CONSTITUCIONAL

Primeros atisbos de un gobierno extraviado
En octubre de 2025 el Tribunal Supremo Electoral proclamó oficialmente la victoria del
binomio presidencial conformado por Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara Montaño, que
obtuvieron 3.579.534 votos equivalentes al 54% de la votación general, frente a los
2.884.661 (45,04%) de votos logrados por su contendor de 2da vuelta Jorge “Tuto”
Quiroga. El nuevo presidente logró la victoria en 6 departamentos del país (La Paz,
Cochabamba, Chuquisaca, Pando, Oruro y Potosí) mientras que Tuto Quiroga gano en
sólo 3 (Santa Cruz, Beni y Tarija).
Curiosamente, para lo que enfrentamos hoy, el mayor apoyo electoral del presidente a
nivel departamental fue obtenido en La Paz con 1.153.026 votos frente a los 593.108 de
su oponente, es decir que logró una diferencia favorable de más de medio millón de
votos en este departamento. Ese apoyo mayoritario y contundente le llegó de las
provincias paceñas pues en la ciudad de La Paz perdió al alcanzar solamente el 41,75%
de la votación. Así, en provincias como Omasuyos, Larecaja, Inquisivi y Aroma, logró
resultados por encima del 80%. En la provincia Aroma, por donde pasa la carretera
principal que vincula a La Paz con el resto del país (hoy bloqueada en diferentes puntos),
capitalizó un respaldo del 89.28% frente al exiguo 10,72% logrado por su oponente Tuto
Quiroga.
Estos datos de la preferencia electoral lograda nos permiten ingresar al análisis de fondo
sobre la actual coyuntura de descontento, bloqueos y cerco a la ciudad de La Paz.
Recordemos que posterior a la posesión del nuevo presidente, el 2025 cerro con
modestas protestas liderizadas por una COB debilitada y hasta deslegitimada por las
denuncias penales públicas contra su ex ejecutivo Juan Carlos Huarachi y otras
denuncias de corrupción vinculadas a las dirigencias de las organizaciones sociales; sin
embargo, desaciertos del nuevo gobierno que sostenía la esperanza de cambio de la
mayor parte de la población, proporcionaron a esa COB la plataforma discursiva de
reclamo inicial contra la novel administración.
El flamante gabinete, acartonado de títulos y corbatas, inició la cadena de extravíos
aprobando el Decreto Supremo 5503 que contenía al menos cinco artículos que entre
otros, vulneraban la Constitución Política del Estado (CPE), recortaban atribuciones del
Legislativo y contradecían la Ley del Presupuesto General del Estado; tales
descalificaciones ni siquiera fueron realizadas por la COB sino por legisladores de
oposición de la Asamblea Legislativa.
Esta norma fallida es la que dio inicio a la recuperación de protagonismo político de la
organización sindical bajo el liderazgo de Mario Argollo, que el lunes 22 de diciembre,
encabezando la marcha de la COB, llegó hasta Palacio de Gobierno en la Plaza Murillo
donde el dirigente sindical proclamaba: “Tienen que gobernar para todos los
bolivianos; quitaron el impuesto a las grandes fortunas y le dieron perdonazo a los
millonarios. Los empresarios y banqueros no votaron por Paz, votaron las grandes
mayorías a las que ahora les están dando la espalda”. Tal conflicto, secundado por
marchas en La Paz de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras y en
Cochabamba por las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico, en los primeros días
de enero de 2026 logró doblar el brazo al gobierno incluso obligándolo a constituirse en
el mercado campesino Santa Rosa de la ciudad de El Alto, lugar impuesto por la COB
para reunirse, donde la comisión de ministros a nombre del presidente, comprometía la
abrogación del Decreto Supremo cuestionado. Fue la primera victoria de una dirigencia
sindical venida a menos que comenzó a entender que estaba frente a un gobierno débil
y carente de respaldo social, legislativo y político, sumado a un pésimo asesoramiento
presidencial.
Cronología del desastre – carencia de estrategia y lectura política del presidente,
sus asesores y gabinete
Después fueron sumando problemas dispersos como la mala calidad de la gasolina
comercializada por YPFB que estropeaba los motores; la aprobación sin socialización
previa de la ley 1720 que permitía convertir la pequeña propiedad en mediana para
ofrecerla como garantía para préstamos bancarios; el lamentable manejo del accidente
aéreo y los billetes de la serie “B” que afecto principalmente a La Paz; el reclamo político
sobre la anulación de la segunda vuelta electoral para la Gobernación paceña que
benefició al candidato oficialista Luis Revilla, que si bien no apuntaba directamente
contra el Ejecutivo terminó salpicándolo. Todo ello logró configurar un esbozo inicial
discursivo de descontento social liderado por la COB que articulando reclamos
dispersos de diferentes sectores, el 31 de marzo, bajo consignas de reposición salarial
del 20%, compromiso de no privatizar empresas estatales, rechazo a las iniciativas
legislativas contra los bloqueos y a una anunciada nueva legislación del trabajo, entregó
su pliego petitorio al gobierno.
En respuesta mediática y discursiva del propio presidente Paz, el ejecutivo inició
equivocadamente una serie de reuniones con representantes de la sociedad civil que
no eran los que estaban involucrados en las protestas.
El 8 de abril, los pueblos indígenas y campesinos de Beni y Pando iniciaban una marcha
hacia la Sede de Gobierno para pedir la abrogación de la ley 1720, mientras que la COB
iba anunciando un gran cabildo que terminó realizando el 1 de mayo en la ciudad de El
Alto donde resolvió iniciar un paro indefinido movilizado ante la falta de respuestas del
gobierno y en rechazo a sus políticas. El 6 de mayo la Federación de Campesinos Túpac
Katari inició el bloqueo de caminos respaldando las demandas de la COB bajo el
argumento de apoyo a la marcha de los indígenas.
La réplica del gobierno consistió en organizar en Cochabamba el denominado “Gran
Encuentro Nacional” donde participaron algunas de las nuevas autoridades
departamentales y municipales además de líderes políticos como Tuto Quiroga. En
dicho evento el presidente anunciaba un paquete de leyes reformistas en las áreas de
hidrocarburos, minería, inversión y energía, además de reformas estructurales a la
Constitución. Tal encuentro no logró mayor trascendencia en tanto que las marchas y
bloqueos iban tomando mayor fuerza y sumando adherentes. A mediados de mayo
iniciaba la denominada “Marcha por la vida para salvar Bolivia” impulsada por sectores
afines a Evo Morales, movilización a todas luces más política que reivindicativa de
derechos, que arribo el lunes 18 de mayo a la sede de gobierno.
Decisiones tardías e inefectivas del gobierno, como la rezagada abrogación de la ley
1720, un bono para apaciguar las protestas de los maestros, constantes e infructuosos
llamados al dialogo, variadas reuniones del presidente y ministros con organizaciones
civiles no involucradas en las protestas, promesa de ajustes en su gabinete,
conformación de un Consejo Económico Social que resultó intrascendente en los
hechos, todas acciones extraviadas que no lograron siquiera apaciguar las protestas
que por el contrario fueron escalando de manera exponencial y cada vez menos
contenible; desde unos cuantos puntos de bloqueo a inicios de mayo en La Paz hasta
más de 90 puntos en varios departamentos del país apenas iniciando el mes de junio,
ya no con pedidos de reivindicación social o de derechos sino con la exigencia
innegociable de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Medidas como el denominado corredor humanitario a la cabeza del ministro Mauricio
Zamora (y no es equivocación, no encabezó el ministro de Gobierno o el de Defensa
sino el de Obras Públicas) o antes algunos intentos de desbloqueo por fuerzas conjuntas
militares y policiales, fracasaron estruendosamente.

El camino sin retorno
La cronología de hechos descrita nos permite concluir que el gobierno de Rodrigo Paz
fue perdiendo de a poco el fugaz apoyo eleccionario del sector campesino, sobre todo
del occidente del país, porque en sus 6 meses de gobierno equivocó absolutamente la
lectura política y social de la realidad nacional, baste revisar los nombres del gabinete
que eligió, ninguno destaca por su accionar político, conocimiento o cercanía al
movimiento obrero, campesino o de sectores populares, pero si alguno que otro lo hizo
por su destreza técnica en favor de sectores empresariales principalmente del oriente
del país. Muchos títulos y cartones excelentes para la teoría pero insuficientes en
experiencia para la administración del Estado, sin mencionar que la mayor virtud de
algunos fueron sus nexos familiares o de amistad con el presidente.
Por el otro lado, dirigencias semienterradas, sin norte aglutinador y con el discurso
agotado, lograron lo inimaginable para ellas mismas hace apenas poco más de medio
año, tener contra las cuerdas al gobierno democráticamente elegido en las últimas
elecciones nacionales. El análisis acerca de los intereses ocultos y financiamiento de
las movilizaciones lo dejaremos para otra futura columna.
En este escenario, cuando la conflictividad se agrava para el gobierno pero quienes más
lo sienten son los ciudadanos del país, principalmente de la Sede de Gobierno que lo
vive tormentosamente en sus bolsillos, en su estómago, en las carencias para sus hijos;
en sus emprendimientos o negocios afectados que poco a poco van cerrando; en la
carencia del combustible que el gobierno duplicó en precio pero distribuyo de tan pésima
calidad que terminó arruinando motores; en la insensibilidad del presidente que parece
vive otra realidad e insiste en pedir mas paciencia y sacrificio a quienes viven del día a
día pues las grandes mayorías no tienen un salario asegurado a fin de mes como lo
tienen las autoridades del Estado y los dirigentes de las organizaciones sindicales. Por
esas y otras muchas razones la impotencia y rabia ya no apunta solamente a los
bloqueadores y vándalos que atropellan la ciudad, sino que comenzó a señalar al
gobierno por su extrema ineficiencia y falta de decisión para poner orden en el país,
pues si bien garantiza a los movilizados el derecho a la protesta, la libre expresión, a
ser escuchados y exigir cambios, equivocadamente lo hace a costa de derechos
fundamentales de la mayoría de la población, como el derecho a trabajar, al libre
tránsito, a la educación, a la salud, a la vida y alimentación digna. Esta dicotomía,
asumida y manejada incorrectamente por el gobierno, va en perjuicio de unos para
favorecer a otros y está logrando lo impensable, ir legitimando el pedido de renuncia del
mandatario para normalizar la vida del país, considerando que ya transcurrió mas de un
mes de bloqueos y conflictividad que además ya no se concentran sólo en La Paz sino
que se han extendido a la mayoría de los departamentos bajo la consigna innegociable
de renuncia del presidente.
Salida al conflicto honrosa y constitucional
Cuando la población considera que una gestión de gobierno ha sido deficiente o no
cumplió con el programa de gobierno prometido, la CPE prevé un mecanismo
constitucional de democracia directa y participativa denominado “referendo
revocatorio” a través del que la ciudadanía decide de forma universal, libre, directa y
secreta, si la autoridad debe continuar en funciones o dejar el cargo. Dispone al efecto
algunas condiciones constitucionales que son de cumplimiento obligatorio como por
ejemplo que tal revocatorio puede solicitarse cuando al menos haya transcurrido la mitad
del periodo del mandato y cuya procedencia se canaliza por iniciativa ciudadana, a
solicitud de al menos el 15% de votantes del padrón electoral; asimismo establece que
procederá de acuerdo a Ley.
Visto que el presidente Rodrigo Paz elude de forma reiterada la decisión de declarar
Estado de Excepción, cuya facultad le es otorgada por la CPE para resolver
precisamente casos que pongan en peligro la seguridad del Estado, amenazas externas,
conmoción interna o desastres naturales, porque seguramente la autoridad considera el
costo político y social que conlleva, además de los riesgos propios de esta figura
constitucional que si no es correctamente aplicada le podría generar responsabilidades
futuras, todo ello lamentablemente a costa del sufrimiento de gran parte de la población
que clama por una autoridad decidida que imponga orden en el país porque esa es
precisamente una de sus principales funciones, entonces lo que le queda es una salida
honrosa urgente, resguardándose en la misma Constitución Política del Estado.
En ese contexto, lo que corresponde al presidente Rodrigo Paz Pereira es asumir
estoicamente las consecuencias de sus errores e indecisiones reiteradas, para lo cual
de manera urgente debiera considerar un mensaje presidencial en el que bajo
condición de que se suspendan todas las movilizaciones y bloqueos en el país,
asuma el compromiso de someterse a un referendo revocatorio bajo las reglas
establecidas en la Constitución, es decir a la mitad de su mandato, comunicando que
se remitirá al legislativo en los próximos 15 días el proyecto de ley que regule tal figura
conforme lo establece la CPE, trasladando a su vez a la COB, CSUTCB y otras
organizaciones sociales movilizadas, la responsabilidad de solicitar tal referendo
recabando el apoyo escrito del 15% de votantes del padrón electoral.
Esta salida equilibrada es honrosa y satisfactoria para ambas partes pues los
movilizados podrán sentirse ganadores porque habrían logrado la posibilidad legal y
material de acortar el mandato presidencial bajo las reglas establecidas en la
Constitución y siendo protagonistas de primera línea para recabar inclusive más del 15%
del apoyo requerido. Por el lado del gobierno, el presidente Paz evita una declaratoria
de excepción con las probables consecuencias antes descritas y logran desmovilizar las
protestas con la oportunidad de rectificar sus desaciertos y apuntar a satisfacer
realmente las necesidades del pueblo boliviano en el corto plazo pues deberá someterse
a una evaluación con probable consecuencia revocatoria en poco menos de 2 años.