Con el final de la “luna de miel” del gobierno, esa breve etapa donde la economía y política aún se comporta con cortesía diplomática, comienza una transición menos romántica y mucho más contable: podrías denominarla el valle de la muerte donde hay pagar cuentas, ordenar la casa fiscal, reducir el tamaño del Estado, descentralizar el poder, reformar el sistema de justicia, contener la inflación, recuperar el crecimiento económico y, de paso, identificar quién dejó la deuda estratégicamente escondida. En ese primer tramo, el gobierno acumuló varias victorias tempranas que merecen reconocimiento, aunque no indulgencia.
La más relevante fue la eliminación de las subvenciones a los hidrocarburos, una decisión políticamente audaz, casi un gol de media cancha. Sin embargo, la realidad, ese árbitro implacable, introdujo matices incómodos: los problemas de calidad de los combustibles, la ya célebre “gasolina basura”, erosionaron parte del beneficio fiscal. Así, mientras la macroeconomía celebraba el ajuste, los motores de los ciudadanos protagonizaban una protesta ruidosa pero costosa. La gasolina volvió, pero envenenada.
El contexto internacional también le pasó factura a esta victoria temprana: la guerra en Medio Oriente empujó el petróleo hacia los 100 dólares por barril, y para una economía dependiente de importaciones energéticas eso convierte cualquier equilibrio fiscal en un ejercicio digno de maratón bajo el sol paceño. La pregunta, incómoda pero inevitable, asoma en el horizonte: si el “oro negro” insiste en ese entusiasmo alcista, ¿volverán las subvenciones por la puerta de atrás o tocará ajustar nuevamente los precios del diésel y la gasolina, con todo el costo político que ello implica?
Otra victoria temprana es la diplomacia económica más activa y visible. Bajo el lema de apertura al mundo, se intensificaron los vínculos internacionales: encuentros con Trump, acercamientos regionales con Chile, gestos hacia Europa y, sobre todo, un fortalecimiento estratégico de la relación con Brasil. A esto se sumó el renovado acceso a organismos multilaterales como la CAF y el BID, con anuncios de financiamiento por unos 7.800 millones de dólares. En el plano de las expectativas, esto funcionó como una potente vitamina de confianza. Sin embargo, como suele recordar la experiencia, los anuncios no equivalen a desembolsos, y las promesas de crédito no sustituyen dólares efectivos en la economía.
Aquí entra en escena la Asamblea Legislativa, donde las expectativas deben pasar por la aritmética política. La materialización de estos recursos dependerá de la aprobación de créditos, en un contexto donde cada voto es una negociación compleja. Por ello, esta victoria internacional enfrenta su prueba doméstica: si no se traduce en inversiones concretas y resultados visibles, corre el riesgo de diluirse con elegancia diplomática.
La estabilidad del tipo de cambio fue otra victoria temprana. Sin embargo, esta estabilidad descansa más en factores transitorios que en fundamentos estructurales: financiamiento de corto plazo, acumulación de obligaciones diferidas, respaldo parcial multilateral y la aparición de los llamados “dólares psicológicos” de la CAF y el BID, útiles para calmar expectativas, pero menos eficaces para resolver restricciones reales de liquidez. Se trata, en suma, de un equilibrio elegante, pero sostenido con alfileres.
El riesgo es claro: si esta estabilidad no evoluciona hacia un régimen cambiario más flexible y respaldado por reservas internacionales reales, puede convertirse en su propia debilidad. Además, requiere un Banco Central con mayor credibilidad e independencia, y, sobre todo, una corrección del desequilibrio fiscal. Intentar estabilizar el tipo de cambio sin ordenar las cuentas públicas es, en el mejor de los casos, un acto de optimismo; en el peor, una invitación a futuras crisis. La estabilidad actual está, por tanto, en una encrucijada: consolidarse o desvanecerse.
El Banco Central ha vuelto a posar su mirada, con cierta nostalgia dorada, sobre las reservas internacionales en oro como tabla de salvación, aunque su eventual uso depende de una Asamblea que convierte cada decisión en una coreografía política. En paralelo, un acuerdo con el FMI, postergado de manera difícil de explicar incluso para los más creativos en narrativa económica, aparece como la otra vía para sostener la estabilidad cambiaria; una alternativa menos romántica, pero probablemente más efectiva que seguir confiando en lingotes y buenos deseos.
Superada la fase de la luna de miel y las victorias tempranas se entra en un terreno más exigente: el paso de la poesía romántica a la ingeniería del día a día. Las decisiones de política económica dejan de ser prerrogativa exclusiva del Ejecutivo y pasan a depender del Legislativo. La aprobación del Presupuesto 2026, la aprobación de financiamiento externo y leyes económicas se convierten en hitos clave. Ya no bastan los anuncios; se requieren acuerdos políticos concretos.
En efecto, el gobierno ha anunciado que, tras las elecciones regionales, iniciará el ciclo de reformas estructurales vía legislativa. Esto marca el verdadero punto de inflexión: se pasa de las señales a la construcción institucional. Sin embargo, no se vislumbra aún un pacto político y social amplio que respalde estas reformas. Más bien, parece apostarse a la apelación al patriotismo de los legisladores, una estrategia comprensible pero históricamente frágil en contextos fragmentados.
La experiencia demuestra que las reformas estructurales no se aprueban por inspiración, sino por acuerdos cuidadosamente negociados. La ausencia de operadores políticos capaces de transformar ideas en votos aumenta el riesgo de que las iniciativas queden en el limbo legislativo.
Se cierra así la etapa de las victorias tempranas y comienza una fase menos visible pero decisiva: la de la ingeniería y carpintería política. Es en los detalles de las leyes, en las comisiones de la Asamblea, en las cláusulas y en los equilibrios entre intereses donde se define el éxito de las reformas. La transformación estructural dependerá no solo de la calidad técnica, sino de la capacidad de construir gobernabilidad en un entorno complejo. Ha llegado el tiempo de los carpinteros de la política, esos artesanos discretos que, lejos de los reflectores, convierten ideas en leyes y discursos en votos, ensamblando con paciencia de artesanos cada detalle hasta que el consenso deje de ser aspiración y se transforme en arquitectura institucional.
En definitiva, las victorias tempranas pueden ser tablas de salvación o simples espejismos. Todo dependerá de si logran traducirse en resultados económicos sostenibles y como se atraviesa el valle de la muerte.
En suma, durante la luna de miel todo es poesía y promesa. Pero el idilio termina cuando comienza la convivencia real: pactar con la suegra institucional, lidiar con los primos antipáticos de la Asamblea y escuchar a los “tíos catarro” de la oposición. Es ahí donde la política deja de declamar y empieza a negociar: quién lava los platos, cómo se distribuye el poder, que sectores se prioriza para crecer, quién paga las cuentas, quién saca la basura y, sobre todo, de dónde aparecen los dólares de verdad. A ese tramo, menos lírico pero decisivo, se lo conoce como el Valle de la Muerte: algunos gobiernos lo atraviesan con oficio; otros quedan atrapados entre la polarización, la incomprensión, la intolerancia… y la inflación.
