YPFB: Hallan 630 accesos irregulares y el Gobierno advierte que la subvención “llegó a su límite”

El Ministerio de Hidrocarburos confirmó la detección de al menos 630 accesos remotos no autorizados a los sistemas de comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), hecho que derivó en la suspensión de personal y en cambios dentro de la gerencia comercial distrital de Santa Cruz. La medida forma parte de la intervención dispuesta por el Órgano Ejecutivo junto a otras cuatro carteras de Estado frente al desabastecimiento de carburantes y la especulación en el mercado interno.

En entrevista con Asuntos Centrales, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicó que las acciones de fiscalización están focalizadas estrictamente en las áreas administrativa, financiera y de venta de combustibles, descartando afectaciones a las tareas de exploración y explotación de la estatal petrolera.

Irregularidades en la comercialización y reestructuración

Blanco detalló que las pesquisas identificaron la intromisión de usuarios ajenos al área comercial en la plataforma operativa de YPFB, además de irregularidades en la asignación de cupos a estaciones de servicio y grandes consumidores. En consecuencia, la autoridad instruyó los relevamientos administrativos correspondientes y el inicio de procesos ante las instancias judiciales.

“Hay personas que no tenían nada que ver con la gerencia comercial y tenían acceso no sabemos cómo, y tendrán que tomarse las acciones correspondientes. Va a tener que caer quien tenga que caer y pagar quien tenga que pagar”, afirmó Marcelo Blanco.

Como parte del plan de ordenamiento, el Gobierno nacional concretará en los próximos días la contratación de una consultoría internacional financiada por el Banco Mundial. Esta firma ejecutará una reorganización integral de la estructura institucional de la petrolera estatal.

Costo fiscal y debate por la subvención

Respecto a la continuidad de los precios subvencionados del diésel y la gasolina, la autoridad argumentó que el mantenimiento de tarifas diferenciadas genera contrabando y distorsiones comerciales que afectan el erario público. Según el reporte oficial, el subsidio estatal al sector hidrocarburífero demanda cerca de 200 millones de dólares mensuales.

“La subvención le cuesta al Estado nacional aproximadamente 200 millones de dólares al mes, que son menos escuelas, menos hospitales, menos caminos. Nos han dejado un país sin dinero, pero esto ha llegado a su límite; ya no hay bolsillo que aguante”, remarcó el ministro de Hidrocarburos.

Ante las propuestas presentadas por diversos sectores productivos para retirar la subvención a cambio de garantizar el abastecimiento de carburantes, el titular de la cartera energética señaló que el tema permanece en análisis dentro del gabinete ministerial del presidente Rodrigo Paz Pereira, con el objetivo de consensuar medidas de mitigación para no impactar a la población vulnerable.