20 empresas estatales están en situación crítica y 10 serán evaluadas
La OFEP tuvo que reconstruir y complementar la información disponible sobre las empresas públicas.
La Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) prevé convocar esta semana al Consejo Superior de Empresas Públicas (COSEP) para poner a consideración el diagnóstico de las empresas estatales y avanzar en las decisiones de reorganización, disolución o liquidación previstas en el Decreto Supremo 5727. El director ejecutivo de la entidad, Pablo Camacho, informó que existen 20 empresas identificadas en situación de criticidad, de las cuales un primer paquete contempla 10.
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Camacho explicó que la OFEP tuvo que reconstruir y complementar la información disponible sobre las empresas públicas, incorporando datos de Impuestos, el Banco Central de Bolivia y el Banco de Desarrollo Productivo, entre otras fuentes. Con esa información, señaló, se concluyó el diagnóstico que ahora debe pasar por el COSEP.
Diez empresas en el primer paquete
Según el director ejecutivo de la OFEP, las 20 empresas consideradas críticas son aquellas cuyas pérdidas acumuladas superan el valor de su patrimonio. El primer grupo que será puesto a consideración contempla 10 compañías.
“Estamos hablando de 20 empresas en criticidad, es decir, que ya las pérdidas acumuladas superan el valor del patrimonio; y este primer paquete, si quieren, iría por 10 empresas que iríamos tomando la decisión”, explicó Camacho.
El siguiente paso será la convocatoria al COSEP, instancia que deberá analizar el diagnóstico y determinar si corresponde aprobarlo, rechazarlo o solicitar complementaciones. A partir de esa definición se podrá avanzar con los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 5727.
Camacho remarcó que el proceso no responde, según su explicación, a una definición ideológica o política, sino a criterios económicos y de responsabilidad sobre los recursos públicos.
Empresas creadas por ley
El proceso también contempla a empresas que no pueden ser cerradas directamente mediante decreto, debido a que fueron creadas mediante leyes. En estos casos, la OFEP trabaja en proyectos de ley para establecer los mecanismos correspondientes.
El funcionario explicó que antes de avanzar con esas decisiones también se debe determinar el volumen de obligaciones pendientes, debido a que existen deudas vinculadas al financiamiento, operaciones, proveedores y salarios.
“La norma tiene que ser muy clara para ver también quién va a asumir el pago de eso. El Estado debe ser responsable tanto con trabajadores como con proveedores”, sostuvo Camacho.
Precisó que existen empresas creadas mediante decreto, otras mediante ley y una establecida en la Constitución Política del Estado: YPFB.
Camacho cuestiona cifras sobre subvenciones
Durante la entrevista, el director ejecutivo de la OFEP también rechazó una cifra atribuida a una empresa estatal respecto a una supuesta subvención de Bs 2.100 millones.
Camacho afirmó que ese monto no corresponde a una subvención recibida por la empresa mencionada y señaló que, de acuerdo con los datos que maneja la OFEP, la compañía registró una utilidad de Bs 10 millones en 2025 y hasta junio de este año acumulaba alrededor de Bs 6 millones.
“No es correcto el dato, les reitero, lo hemos aclarado de manera oportuna”, afirmó Camacho.
El director de la OFEP sostuvo que la información sobre las empresas públicas está disponible en la entidad e invitó a quienes plantean cuestionamientos sobre su funcionamiento a revisar los datos y plantear propuestas antes de avanzar en las decisiones contempladas por el Decreto Supremo 5727.
