El Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, llamó al Ministerio Público, al Tribunal Agroambiental, la Policía Boliviana, la ABT, los sectores productivos, entidades del sector agropecuario y Gobiernos departamentales y municipales a una cumbre para tratar la situación de los avasallamientos en el Departamento donde más de 70.000 hectáreas están bajo amenaza de grupos irregulares.
En diálogo con Asuntos Centrales, Nuñez afirmó: “tiene que haber una reunión de emergencia donde participe el Ministerio Público, el Tribunal Agroambiental, la Policía, los productores y la ABT para tratar la situación de los avasallamientos”.
Además, remarcó que más del 95% de las tierras en Santa Cruz ya están tituladas y deben ser resguardadas en el marco de la seguridad jurídica de la Ley 477 contra el tráfico y avasallamiento de tierras.
Nuñez aseguró que cualquier productor o propietario de tierras puede denunciar amenazas de tomas de tierras y avasallamientos concretos que deben ser sustanciados en los juzgados agroambientales.
“Los que ingresan a tierras tituladas deben ser denunciados ante un juez agroambiental que puede sentenciar a los avasalladores por esos delitos”, indicó.
“Como máximo en 10 días el juez agrario debe definir la situación de las tierras avasalladas y los culpables tendrá entre 3 y 8 años de prisión”, remarcó.
“En el país está vigente la ley 477 contra el tráfico y avasallamiento de tierras con sanciones penales y se debe cumplir”, manifestó.
