El informe de rendición pública de cuentas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en su sección de reporte nacional de avasallamientos y desalojos en Bolivia, mantiene la situación alarmante en el país. De los 237 avasallamientos registrados a 2023 (136, bajo la tuición de esa entidad), solo 36 desalojos fueron ejecutados.
El departamento de Santa Cruz es el más afectado, pero la falta de control e intervención de las autoridades para frenar el problema origina conflictos por tierra también en Beni, Cochabamba y otros departamentos.
La preocupación de los productores crece ante la toma ilegal de tierras productivas y el inexistente control. A la cifra contabilizada a 2023 se suman cinco predios invadidos en los últimos meses en el Norte Integrado, donde grupos irregulares inclusive sembraron y cosecharon soya.
En mayo, la Asociación de Productores de Oleaginosas (ANAPO) advirtió que la producción de alimentos para el país sufre una nueva amenaza. Esta vez por el riesgo de que al menos 70.000 hectáreas en la provincia Obispo Santiestevan de Santa Cruz, destinadas al cultivo de soya, maíz y sorgo, sean avasalladas por grupos irregulares. Estos amenazan con tomar los predios titulados, es decir que cuentan con derecho propietario, y donde además se hicieron inversiones y mejoras para la producción de alimentos desde hace más de 30 años.
“Si se quiere impulsar una política pública de desarrollo rural y sostenibilidad ambiental, un principio básico es tener seguridad jurídica sobre las tierras y derechos de propiedad claros. Que al obtener un título, el productor realmente sea dueño, pueda invertir con certeza, transferir la tierra, dividirla, heredarla o hipotecarla para un crédito productivo”, indica Fernando Asturizaga, abogado especialista en derecho agrario, medioambiente, recursos naturales y desarrollo rural.
El derecho propietario agrario en Bolivia está severamente afectado por las tomas de hecho de tierras en producción. Esto se debe a que las propiedades agrarias con títulos de propiedad son afectadas bajo nuevas formas de avasallamiento, que consisten en que grupos irregulares se atribuyen las funciones de jueces agroambientales y del propio INRA para exigir a los propietarios que acrediten ante ellos, derechos de propiedad. “Además, entran y salen, sientan presencia en ciertas áreas de los predios e impiden que los propietarios desarrollen sus labores agrícolas”, afirma Asturizaga.
Las personas que componen estos grupos aseveran que necesitan tierra porque hay numerosas familias que necesitan 50 hectáreas y, con ese argumento, amenazan con tomar un aproximado de 70 mil hectáreas bajo la consigna de una “Segunda Reforma Agraria”.
Muchos propietarios se han visto obligados a interponer acciones de amparo constitucional y denunciar ante el Ministerio Público los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras; y a pesar que se han emitido ordenes de aprehensión y desapoderamiento, todavía esperan la acción policial. “Mientras tanto, el avance en tierras tituladas no cesa y las amenazas tampoco”, comenta el experto.
Vínculos y falta de sanciones
En mayo, tras la aprehensión de Rimberto Yavira, uno de los cabecillas de grupos dedicados a la toma ilegal de tierras en del departamento de Santa Cruz, la diputada por Creemos, María Rene Álvarez, advirtió que -en caso de que suceda- no debería sorprender la posible liberación del acusado, debido a sus supuestos vínculos con el partido de Gobierno. Por ello, pidió al Órgano Ejecutivo demostrar voluntad para luchar contra la toma ilegal de tierras.
Yavira está relacionado con la toma ilegal de tierras en la propiedad El Encanto y de haber participado en el secuestro y torturas durante 2021 a un grupo de periodistas y policías en Las Londras.
Según un reciente informe de Anapo, los productores del Norte Integrado viven en la incertidumbre ante los constantes intentos de avasallamiento a cinco predios (que se sumarían a los 237 registrados a 2023), a pesar de que cuentan con títulos de derecho propietario.
Los grupos irregulares, activados ahora en el municipio de San Pedro, que intentan tomar 70 mil hectáreas de la zona ponen riesgo la producción de al menos 300.000 toneladas de granos de soya, maíz y sorgo, que deberían estar en plena siembra de la campaña de invierno. Como consecuencia, están en peligro las cadenas de producción alimenticia de pollo, cerdo, leche, huevos, aceite y otros alimentos imprescindibles de la canasta familiar de los bolivianos.
Mientras tanto en Cochabamba, en especial en la región metropolitana, que abarca de Sipe Sipe a Sacaba, en los últimos meses la toma violenta de predios dejó casi una docena de heridos por armas de fuego. El secretario ejecutivo de la Central Regional de Cotapachi, Lucio Padilla, informó que el conflicto comenzó en junio de 2023, pero fue en agosto que se suscitó un enfrentamiento que dejó ocho comunarios heridos con proyectiles de armas de fuego y 13 detenidos de manera preventiva. Pero algunos ya fueron liberados con medidas cautelares.
Intervención policial
De acuerdo con el reporte de avasallamientos a 2023 del INRA, con el apoyo de la fuerza pública, se logró efectuar desalojos en solo 25 de los avasallamientos en Santa Cruz, cinco en Beni, dos en Cochabamba y uno en Tarija. Durante estos operativos, se detuvo a 59 personas involucradas en estos actos ilegales. Además, se recuperaron 31.013 hectáreas, restituyendo así la legalidad sobre estas tierras.
En una reciente columna, Ronald Nostas, expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, afirma que lo ocurrido en Guarayos (Santa Cruz) no es un caso aislado. Asevera que “desde hace 20 años, los avasallamientos de tierras se han vuelto muy comunes en Bolivia; aumentaron en número y en violencia; alcanzan incluso a las propiedades urbanas y; se extienden a zonas mineras, ganaderas y madereras”.
El Ministerio de Gobierno reveló que en 2022 se registraron 272 denuncias por toma ilegal de predios, (el 80% ocurrió en Santa Cruz), aunque la Fundación Tierra estima que estos eventos sobrepasan los 300 anuales.
“El sector productivo requiere una intervención efectiva, que haga cumplir la Constitución, protegiendo las tierras productivas que cumplen la función económico-social, estén tituladas o no, siendo necesario que las autoridades cumplan la palabra del Presidente del Estado, para combatir este problema, que afecta tanto a la propiedad privada como a la estabilidad social y económica del país”, afirma Fernando Asturizaga.
El director nacional del INRA, Eulogio Núñez, en una reciente entrevista aseveró que el 95% de los predios en Santa Cruz cuentan con titulación y que solo un 5% está en revisión. Indicó, por tanto, que los propietarios deberían denunciar para que, en tres días, los jueces agroambientales emitan sentencia, declarando probadas o improbadas las demanda. “En caso de declararse probada, en cuatro días tiene que proceder al desalojo”, enfatizó.
No obstante, la falta de control e intervención de las autoridades para frenar el problema agrava los conflictos y muchas veces deriva en enfrentamientos con armas de fuego. Uno de los casos que permanecen en la memoria cercana en Santa Cruz, es el de Santagro, cuya situación permanece en vilo.
