En la última semana, diversos eventos económicos han puesto en evidencia la adopción de tácticas de astucia criolla, manipulación de datos y contabilidad creativa como herramientas comunes en la política económica del gobierno boliviano. Al parecer, ante la incapacidad de abordar integralmente los graves problemas estructurales de la economía, el gobierno ha optado por implementar soluciones temporales y paliativas que, en el mejor de los casos, alivian solo los síntomas de una crisis económica más profunda. Como indica Paul Krugman, premio Nobel de economía, las políticas económicas basadas en ajustes superficiales suelen ser insostenibles a largo plazo, ya que no abordan las verdaderas causas del problema, sino que se limitan a retrasar las consecuencias inevitables de una crisis estructural.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación de octubre registró un incremento del 1,64%, alcanzando un total acumulado del 7,26% en los primeros diez meses del año. La inflación de los alimentos, en particular, fue del 3,6% en octubre, mientras que la inflación interanual de alimentos ya se encuentra en el 9,68%.
Este nivel de inflación es considerablemente elevado, especialmente en un contexto donde los salarios han permanecido estáticos y el poder adquisitivo de los consumidores se ha visto mermado. Sin embargo, el gobierno ha atribuido un 1,45% de la inflación de octubre a los bloqueos recientes, sugiriendo que la “inflación real” sería solo del 0,19% en ausencia de estos factores externos. Esta afirmación parece simplificar peligrosamente la realidad de los factores estructurales detrás de la inflación, los cuales van mucho más allá de eventos coyunturales. Como señalan Blanchard y Fischer una inflación alta y persistente suele ser un síntoma de desequilibrios macroeconómicos acumulados a lo largo del tiempo y no puede ser atribuida únicamente a incidentes puntuales.
Desde principios de 2023, Bolivia ha experimentado una marcada escasez de divisas. Este fenómeno se debe, en parte, a la disminución de las exportaciones de hidrocarburos, una de las principales fuentes de ingresos del país. A esto se suman la falta de inversión extranjera directa y la limitada disponibilidad de créditos internacionales en dólares, factores que han reducido considerablemente el flujo de divisas. Si bien las remesas han continuado ingresando al país, su volumen es insuficiente para compensar la disminución de otras fuentes de dólares.
Esta situación ha contribuido al surgimiento de un mercado paralelo, en el cual el tipo de cambio del dólar ha alcanzado los 10,5 bolivianos, una cifra significativamente superior al tipo de cambio oficial. Como señala Milton Friedman en su análisis sobre las expectativas de inflación, cuando los agentes económicos anticipan una depreciación de la moneda y pérdida de poder adquisitivo, los mercados reaccionan, generando presión adicional sobre el tipo de cambio y los precios internos.
El encarecimiento de las importaciones (alrededor de un 50% en algunos casos) no se debe tanto a factores externos, como el aumento de precios en los países de origen, sino a la devaluación implícita que el mercado paralelo impone sobre el tipo de cambio. Esta devaluación informal genera una dinámica inflacionaria interna que se refleja en el aumento de precios de bienes importados. La teoría de la paridad del poder adquisitivo sugiere que, en economías abiertas, las variaciones en el tipo de cambio pueden trasladarse a los precios internos, especialmente cuando el país depende de importaciones para satisfacer la demanda de ciertos productos.
La escasez de divisas también ha dificultado las importaciones de combustibles, lo cual ha impactado negativamente las cadenas de producción y transporte. La falta de gasolina y diésel ha elevado los costos en distintas etapas de la cadena de valor, encareciendo los precios finales. Estos efectos inflacionarios se observaban antes de los recientes bloqueos, lo que refuerza la idea de que la crisis inflacionaria es más que un fenómeno coyuntural. Además, factores como el cambio climático y los incendios forestales han afectado la oferta de alimentos, restringiendo aún más la disponibilidad de ciertos productos y, por ende, elevando los precios.
La situación política agrava el problema. La disputa entre Arce y Morales ha creado una inestabilidad que deteriora la confianza en la economía y eleva las expectativas inflacionarias, lo que genera una “pugna distributiva” en la que distintos sectores intentan proteger su poder adquisitivo mediante ajustes de precios. Esta dinámica es consistente con la teoría de las expectativas adaptativas, la cual postula que los agentes económicos ajustan sus expectativas con base en experiencias pasadas, generando círculos viciosos en contextos de incertidumbre y falta de credibilidad de las autoridades económicas.
El gobierno ha respondido incrementando la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. La literatura económica ha demostrado ampliamente que este tipo de expansión monetaria sin respaldo tiende a alimentar la inflación, especialmente en economías donde la confianza en la moneda es baja. Sargent y Wallace destacan en su teoría de la dominancia fiscal que, cuando un gobierno enfrenta presiones de financiamiento, la expansión de la oferta monetaria se convierte en una herramienta para cubrir el déficit, lo que inevitablemente se traduce en un incremento de los precios.
La política económica en general ha sido inconsistente y errática. Un ejemplo es la reducción de aranceles para abaratar ciertos productos importados, una medida que, si bien reduce el costo de algunos bienes, no soluciona la raíz del problema. Además, las decisiones del Banco Central han generado incertidumbre, como la reciente modificación del reglamento de administración de reservas internacionales, en el cual se estableció que las reservas de oro serán verificadas solo en fechas específicas. Esta disposición, aunque revertida días después, planteó dudas sobre la estabilidad de las reservas del país. La falta de independencia del Banco Central debilita su credibilidad, lo cual es especialmente problemático en un contexto de inestabilidad económica. Cabe destacar que un banco central independiente tiende a tener mayor capacidad para manejar expectativas y reducir la inflación, dado que sus decisiones no están subordinadas a los intereses políticos de corto plazo.
En conclusión, Bolivia enfrenta una compleja dinámica inflacionaria caracterizada por elementos estructurales que el gobierno ha optado por ignorar. La narrativa oficial que culpa a los bloqueos es una explicación insuficiente y simplista, es una coartada que no se sustenta en los hechos de la realidad. A rigor la inflación que responde a múltiples factores: desde desequilibrios externos hasta políticas monetarias y fiscales expansivas, pasando por una débil institucionalidad en el manejo de las reservas. Las instituciones son clave para el desarrollo económico, y cuando estas instituciones se debilitan o son manipuladas, el crecimiento y la estabilidad económica se ven comprometidos.
La situación actual exige una revisión exhaustiva de la política económica del país, abordando los desequilibrios estructurales que han llevado a la presente crisis. En particular, se requiere una política cambiaria que refleje la realidad del mercado y una política fiscal que reduzca la dependencia de la emisión monetaria como fuente de financiamiento. Asimismo, la restauración de la independencia del Banco Central es crucial para restablecer la credibilidad y controlar las expectativas inflacionarias. Sin estas reformas, el país seguirá atrapado en un ciclo de ajustes temporales que, aunque pueden ofrecer alivio inmediato, no resuelven los problemas fundamentales que enfrenta la economía boliviana.
