El Gobierno ha alertado sobre una estrategia de sabotaje económico que impacta a las familias bolivianas, provocando desabastecimiento y alzas injustificadas en productos esenciales como el aceite. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, aseguró que esta situación forma parte de una “guerra económica” diseñada para generar descontento social y desestabilización política en el país.
Durante una conferencia, Prada presentó un análisis del mercado de aceite refinado de soya, señalando que, a noviembre de 2024, la producción nacional alcanzó las 400 mil toneladas, lo que dejó un excedente de más de 39 mil toneladas tras cubrir el consumo interno y las exportaciones. Sin embargo, se reporta una escasez en los mercados de ciudades como La Paz y El Alto, acompañada de aumentos de precio. La ministra atribuyó este fenómeno a prácticas de agio, especulación y contrabando inverso, donde algunos sectores ocultan o sacan ilegalmente el producto fuera del país para obtener mayores ganancias aprovechando los precios en mercados vecinos.
En respuesta a esta crisis, el gobierno ha intensificado operativos en todo el país, decomisando más de 45.000 quintales de arroz y productos como aceites que estaban destinados al contrabando o eran objeto de especulación. Prada destacó que estas acciones se basan en el artículo 226 del Código Penal, que sanciona la manipulación artificial de precios, y afirmó: “No permitiremos que se juegue con la alimentación de las familias bolivianas”.
Gracias a estos operativos, los precios de productos como el aceite comestible han comenzado a estabilizarse. En mercados de La Paz y El Alto, el precio de un envase de 5 litros ha bajado de Bs 100 a un promedio de Bs 60 tras la intervención. Además, el gobierno ha comenzado la compra de los productos decomisados a precios justos para redistribuirlos en el mercado interno, priorizando la demanda local antes de permitir la exportación.
El presidente Luis Arce reiteró su compromiso de garantizar la soberanía alimentaria y el abastecimiento interno, y se han reforzado los controles fronterizos para frenar el contrabando. La ministra Prada adelantó que, en las próximas semanas, se intensificarán las medidas contra intermediarios y mayoristas que participen en prácticas ilegales, con el fin de proteger la economía de las familias y estabilizar la canasta familiar. El gobierno también hizo un llamado a la unidad y condenó las acciones que buscan atentar contra la estabilidad del país.
