Diputados opositores de Bolivia denunciaron este jueves presiones del Gobierno de Luis Arce para aprobar los contratos de explotación de litio firmados con empresas extrajeras, los que consideran nocivos para el Estado, por lo que las reuniones en el Legislativo para informar sobre el alcance de los proyectos quedaron suspendidas.
El diputado de la alianza opositora Creemos Erwin Bazán aseguró que el Ejecutivo “maneja los contratos de litio en secreto” y que prueba de eso es que el presidente Arce y sus ministros “no tienen verdaderas explicaciones”.
“Agendaron los proyectos para tratarlos en la comisión pero no enviaron documentación, a exigencia de la comisión recién la enviaron. Luego agenda una reunión directamente para aprobarlos, no para socializarlos con el pueblo boliviano”, dijo Bazán a los medios locales.
En esta jornada se tenía prevista una reunión para que el ministro de Hidrocarburos y Energía, Alejandro Gallardo, y el titular de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), Ómar Alarcón, explicaran los alcances de los contratos a los legisladores de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, Bazán denunció que los diputados del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) no dejaron ingresar a periodistas y que funcionarios de YLB, que no estaban citados, entraron para “presionar y amedrentar a los diputados”, por lo que esa sesión se suspendió.
Según expertos y diputados, los contratos están paralizados en el Legislativo por los “costos financieros” que representarían para el Estado y por “la falta de experiencia” de las compañías interesadas, dos de China y otra de Rusia, situación que deja al menos 2.006 millones de dólares en suspenso para inversiones en infraestructura.
El diputado Miguel Roca, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), precisó que los contratos con las empresas chinas señalan que “los chinos deciden cuánto y en qué gastar, y luego los bolivianos tenemos que pagar el 100 % de lo que gasten ellos con el 12 % de interés y encima les vamos a tener que pagar el 17 % de su tecnología”.
Esta información molestó a los representantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), en cuya región está el mayor salar del país, el de Uyuni, y rechazaron recibir solo el 3 % de regalías de lo que genere la explotación del litio.
“Estamos en estado de emergencia y movilizaciones, no se ha socializado, no hubo una consulta previa, nos quieren dar un 3 % de regalías lo que es una migaja, no se hagan la burla de este pueblo”, exigió el presidente de Comcipo, Alberto Pérez, a quien tampoco lo dejaron ingresar a la sesión de diputados.
El Gobierno boliviano firmó en 2023 acuerdos para la implementación de la tecnología EDL de extracción directa con las compañías chinas CATL BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan y en 2024 con la empresa rusa Uranium One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio, esta última invertiría cerca de 970 millones de dólares.
Para que se ejecuten los proyectos, la Asamblea Legislativa debe aprobarlos pero hace pocos días la comisión a cargo rechazó la documentación y devolvió los contratos al Ejecutivo.
Uyuni es el mayor salar situado en la región de Potosí, con unos 10.000 kilómetros cuadrados, ubicado a más de 3.600 metros de altitud.
Según YLB, Bolivia posee la primera reserva mundial de litio al haber pasado de 21 a 23 millones de toneladas.
