Los cultivos de hoja de coca en Bolivia registraron un incremento de 4 % al pasar de 29.900 hectáreas en 2022 a 31.000 hectáreas en 2023, informó este martes la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés).
Estos datos están en el ‘Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2023’ en Bolivia elaborado por el organismo con financiación de la Unión Europea (UE) y que fue presentado en un evento con la participación del ministro boliviano de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y el vicecanciller, Elmer Catarina.
“Los resultados que muestra el informe elaborado por la Unodc con el apoyo del Ministerio de Gobierno para el año 2023 muestran un incremento del 4 % de la superficie de cultivos de coca con respecto a 2022”, dijo la representante del organismo en Bolivia, la colombiana Mónica Mendoza.
Mendoza indicó que la superficie estimada para 2023 es de 31.000 hectáreas, de las que 18.439 hectáreas están en la zona subtropical de Los Yungas de La Paz, 12.125 en la región central del Trópico de Cochabamba y 486 en el norte del departamento de La Paz.
También señaló que se identificó que hay cultivos de hoja de coca en seis de las 23 áreas protegidas del país, con un incremento “de 34 % a nivel nacional, correspondiente a 583 hectáreas” en esos parques nacionales.
Mendoza sostuvo que en 2024 las autoridades bolivianas “concentraron buena parte de sus esfuerzos en la erradicación” de la planta en estas zonas y que el impacto de esas acciones se reflejará en el informe de monitoreo correspondiente al año pasado que se presentará en esta gestión.
Recomendaciones y antecedentes
El organismo recomendó continuar fortaleciendo las estrategias de control de la expansión de cultivos no permitidos para cumplir con el límite de 22.000 hectáreas establecido en la Ley General de la Coca e identificar las áreas con potencial para diseñar “alternativas sostenibles” a estas plantaciones en beneficio de los productores.
También sugirió fortalecer el “desarrollo integral y sostenible” en las zonas cocaleras para apoyar al control de la expansión de los cultivos “excedentarios”, mediante la diversificación de plantaciones forestales y agroforestales y continuar con el intercambio de información para facilitar los monitoreos que realiza la Unodc.
La representante de la Unodc para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, recordó que el organismo lleva 40 años de trabajo en Bolivia y ratificó el “compromiso” de respaldar al país en la “mejora de las condiciones territoriales y las habilidades institucionales para favorecer al desarrollo legal de las comunidades”.
El ministro Del Castillo valoró el trabajo mancomunado que se realiza con la Unodc y la UE y señaló que el informe permite verificar la cantidad de hojas de coca necesarias para los usos tradicionales y medicinales y evitar que la planta “caiga en las manos equivocadas”.
Además, aseguró que los cultivos de la planta en Bolivia se estabilizaron, pues el país pasó “de producir el 20 % de la hoja de coca en el mundo a un 8 %”.
La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución vigente desde 2009 por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.
En 2017, se promulgó una ley que amplió la superficie legal en el país de 12.000 a 22.000 hectáreas.
En 2013, Bolivia se volvió a adherir a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con una reserva para permitir dentro de su territorio el acullico o masticado de la hoja de coca, una costumbre que se extendió desde las zonas rurales a las ciudades en los últimos años.
El Gobierno de Luis Arce busca ahora que el arbusto salga de la lista de estupefacientes, para lo que ha pedido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una “revisión crítica” de sus propiedades medicinales.
