La Human Rights Foundation (HRF) celebró la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (UNWGAD, por sus siglas en inglés), que determinó que la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue arbitraria y violó el derecho internacional.
La HRF presentó la petición en nombre de Camacho en febrero de 2023. En su pronunciamiento, el UNWGAD exigió al gobierno boliviano la liberación inmediata del gobernador, el pago de una compensación y otras reparaciones de acuerdo con el derecho internacional. Asimismo, instó a realizar una investigación independiente sobre su detención y a tomar medidas contra los responsables de esta violación de derechos humanos.
“El régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) ha gobernado Bolivia durante casi dos décadas, debilitando progresivamente las instituciones democráticas, lo que culminó en el fraude electoral de 2019. Camacho denunció este fraude y, por su valentía, fue perseguido por un gobierno cada vez más represivo”, afirmó Javier El-Hage, director legal de HRF. “Esta decisión debe dejar en claro a la comunidad internacional la verdadera naturaleza del régimen boliviano, que no tolera la disidencia y busca perpetuarse en el poder de cara a las elecciones de 2025”.
Camacho lideró protestas a nivel nacional contra el fraude en las elecciones generales de 2019, lo que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Morales había ignorado un referéndum de 2016 en el que los bolivianos rechazaron su intento de reelección indefinida y se postuló en 2019. Tras su salida del poder, un gobierno de transición encabezado por Jeanine Áñez organizó nuevas elecciones en 2020. Camacho, quien fundó el partido CREEMOS, se postuló sin éxito a la presidencia, pero fue elegido gobernador de Santa Cruz en 2021.
En 2020, Luis Arce, delfín político de Morales, recuperó la presidencia y el control del Congreso para el MAS. Desde entonces, su administración ha intensificado la persecución a opositores, entre ellos Camacho, Áñez y el excandidato vicepresidencial Marco Pumari, acusándolos de terrorismo y conspiración. Según organizaciones civiles, al menos 173 personas son consideradas prisioneros políticos en Bolivia.
El 28 de diciembre de 2022, Camacho fue arrestado en un operativo de estilo militar por más de 40 agentes vestidos de civil. Fue trasladado sin orden judicial a la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, donde permanece recluido. El gobierno sostiene que su detención está relacionada con el caso “Golpe de Estado I“, aunque no ha presentado pruebas de que el exgobernador haya participado en un golpe de Estado. En realidad, Camacho está detenido sin juicio por motivos políticos.
Desde su arresto, su detención preventiva ha sido extendida en más de cinco ocasiones. Su vida corre peligro, ya que padece una enfermedad que requiere tratamiento especializado, pero el gobierno de Arce ha restringido su acceso a medicamentos y atención médica.
El UNWGAD concluyó que la detención de Camacho estuvo motivada por su participación en las protestas de 2019 y vulneró su derecho a la igualdad, ya que fue arrestado por su postura política. Además, determinó que no se le informaron los motivos de su detención, no hubo justificación legal para su prisión preventiva y se le negó el derecho a un juicio justo.
El informe también cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional de destituir a Camacho como gobernador y reemplazarlo con su vicegobernador, afín al MAS, bajo el argumento de que estaba ausente de sus funciones, pese a su condición de prisionero político.
Ante este panorama, la HRF instó a la comunidad internacional a exigir cuentas al gobierno boliviano y a solidarizarse con Luis Fernando Camacho y los demás presos de conciencia en el país.
