En plena celebración del Domingo de Ramos, Ecuador elige a su presidente o presidenta para el período 2025-2029, en unos comicios marcados por una nueva declaratoria de estado de excepción, y la “ley seca”, que restringe el consumo de bebidas alcohólicas, además de una inédita prohibición de votar con teléfono en mano.
Alrededor de algunos recintos de votación se combinaron las típicas ventas de comida y el negocio de plastificar certificados de votación, con los vendedores de “ramos” por la Semana Santa.
En medio de esta curiosa mezcla de fe y pragmatismo, a un costado de la iglesia de Conocoto, en el sureste de la capital Quito, María Moposita, de 62 años, ataba con destreza ramas de arrayán, laurel, romero y otras hierbas para ofrecerlas a los fieles creyentes.
Una destreza que ha cultivado desde niña, cuando acompañaba a su ahora difunta madre en esta labor y que actualmente transmite a su nieta, quien ayuda también en la venta por un dólar cada atado, y por dos los que incluyen arreglos con totora trenzada, en reemplazo de la palma de cera, cuyo uso está vetado a fin de conservarlas.
“La palma se prohibió porque no tienen donde dormir los pajaritos”, comentó María a EFE en referencia al perico cachetidorado y loro orejiamarillo, que dependen de la palma de cera para su supervivencia.
Bajo el intenso aroma del incienso, decenas de fieles se congregaron en la misa para recibir la bendición de los ramos, mientras en los recintos electorales cercanos, la votación de la segunda vuelta presidencial avanzaba con notable fluidez.
Más de 13,7 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para decidir si reeligen el presidente Daniel Noboa para el período completo 2025-2029 o si convierten a la correísta Luisa González, en la primera presidenta electa en las urnas.
Sin celulares
En la primera vuelta electoral, Noboa denunció -sin pruebas públicas- que supuestamente bandas criminales habían extorsionado a electores para que votaran por González, y logró que el Consejo Nacional Electoral (CNE), en una polémica decisión, prohibiera para el balotaje votar con el teléfono en la mano, argumentando que podría usarse para fotografiar la papeleta como prueba del voto.
La disposición despertó opiniones divididas: mientras algunos afirmaron que la acatarían sin inconvenientes, otros -en un acto de rebeldía y en defensa de sus libertades- reclamaron en redes sociales su derecho a usar el dispositivo.
En un recorrido por varias mesas electorales, EFE constató que los ciudadanos acataban la disposición del CNE, cuya desobediencia acarrea una sanción que oscila entre 9.870 y 32.900 dólares. Durante las primeras tres horas de votación, fueron detectadas al menos 17 personas que usaron el teléfono para fotografiar el voto, según el CNE.
Pequeños avisos en las paredes recordaban que, al cierre de las mesas electorales, el vocal escrutador de las mesas electorales podrá usar “dispositivos electrónicos para operaciones matemáticas”.
Asimismo, que organizaciones políticas, observadores y prensa pueden usar los “dispositivos electrónicos sin restricciones durante toda la jornada de votación y escrutinio”.
Estado de excepción y “ley seca”
La víspera de las elecciones, Noboa decretó un nuevo estado de excepción -por dos meses- en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como al Distrito Metropolitano de Quito (provincia de Pichincha) y el municipio Camilo Ponce Enríquez (provincia del Azuay).
El decreto, que también incluye a las cárceles, suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, y ordena el toque de queda en 22 municipios desde las 22:00 hora local a 05:00 (03:00 a 10:00 GMT), todos los días, una medida que no incluye a Quito.
La medida es uno más de los sucesivos estados de excepción que Noboa ha decretado desde inicios de 2024, cuando declaró la “guerra” al crimen organizado para contrarrestar la escalada de violencia que ha llevado al país a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, una tendencia que se ha recrudecido en este inicio de 2025 con un promedio de un asesinato por hora.
La Asamblea Nacional, liderada por el correísmo, expresó su preocupación por el posible impacto de la decisión en el proceso electoral, en el que las fuerzas del orden también controlan el cumplimiento de la “ley seca”, que castiga la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas 36 horas antes y 12 después de las votaciones.
