El informe de la Fiscalía General del Estado sobre los abusos y violaciones a niños, niñas y adolescentes pasó desapercibido cuando se lo presentó. Pocos se hicieron eco de ese informe vergonzoso y nefasto: el 2024 cada día se registraron 19 casos de violaciones y abusos sexuales a esta población altamente vulnerable.

La UNICEF retomó la problemática y reiteró esta extrema situación que cada año se repite, con la tendencia de ir aumentado, debido a varios factores comprometiendo a la sociedad en su conjunto y a las instituciones del Estado, que a pesar de que Bolivia tiene un paquete abundante e importante de leyes, algo está fallando, situación que nos ayudarán a comprender mejor tres expertos en esta temática.

Ante la pregunta ¿Qué está fallando en Bolivia para que se registren tan altos índices de violaciones y abusos sexuales a niños y niñas?, nuestros invitados tuvieron las siguientes respuestas.

La psicóloga Guisela Martínez Pinaya, directora de la Fundación Alquimia, que trabaja con víctimas de violencia sexual, identifica varias fallas:

Implementación deficiente de las leyes: la ley en su aplicación no se cumple, se dice que es gratuita y la víctima tiene que hacer un memorial; es pronta y oportuna, en muchos casos solo si hay dinero de por medio, perpetuando la impunidad;  la policía no cuenta con recursos para el proceso de investigación, se ha visto casos donde la víctima tiene que llevar la citación al agresor; falta de sensibilización en el personal del órgano judicial, abuso y revictimización

Debilidad institucional: Las instituciones encargadas de la protección carecen de recursos humanos y financieros suficientes, poca coordinación entre ellas, insuficiente capacidad técnica necesaria para abordar la complejidad del problema. Los cargos se deben institucionalizar, ya que es violento para una víctima comenzar un proceso con un profesional y luego su contrato se termine.

Normas sociales y culturales permisivas: Persisten actitudes y creencias que minimizan la violencia sexual, culpan a las víctimas o protegen a los agresores.

Fallos en la detección y denuncia: Las víctimas pueden tener miedo de denunciar, no ser creídas o no encontrar canales seguros y accesibles para hacerlo, y cuando lo hacen en muchos casos se vulneran sus derechos y terminan abandonando la causa

Falta de priorización política y asignación de recursos: La protección de la infancia puede no ser una prioridad real en la agenda política, lo que se traduce en una asignación insuficiente de recursos o que las partidas asignadas se desvíen para otras actividades.

“Fallan todos los niveles del sistema: el Estado, las instituciones, las comunidades, las familias y también la sociedad civil si no logra articularse ni actuar con fuerza y unidad”, puntualiza el investigador social Guillermo Dávalos. Identifica aspectos centrales en esta cadena de irresponsabilidades, apuntando al sistema, es decir las instituciones que deben proteger a la niñez, está fragmentado y descoordinado, además de la duplicación de funciones y vacíos de responsabilidad institucional, entre otros aspectos, le preocupa que hay una gran brecha entre la ley y la práctica, es decir: aunque las leyes son buenas, su aplicación es débil; faltan recursos humanos y financieros; hay déficit de personal capacitado en los derechos de la niñez.

El investigador social advierte que falta una voluntad política real de las autoridades competentes, ya que muchas de ellas solo reactivan el discurso de protección en eventos simbólicos o frente a la presión pública, pero no hay decisiones estructurales para invertir y transformar el sistema. Agregando a ello, los presupuestos bajos, acciones cortoplacistas y falta de seguimiento de los compromisos asumidos.

La psicóloga Greta Vargas, integrante de Acción Feminista, tiene la siguiente opinión: “Se dice que Bolivia es uno de los países con una buena legislación. Sin embargo, la falla principal está en los operadores de justicia. El dominio de las leyes en la mayoría de los casos es usado para justificar fallos que contravienen los derechos humanos, enredar en las formas para no tocar el fondo es una de las argucias que usan abogados litigantes como autoridades judiciales. La famosa frase: “actué bajo la normativa legal” es dicha con bastante cinismo por funcionarios judiciales, cuando las personas denuncian hechos irregulares. Entonces, no podemos indicar que la falla radica en la falta de conocimiento de las normativas, mas bien es un acto intencionado el manipular las leyes para favorecer al mejor postor, es decir reforzar impunidad”.

Y para rematar esta crítica situación de la falta de coordinación institucional, no hay voluntad real de las autoridades, los escasos recursos económicos y la politización de los cargos para trabajar por los derechos de la niñez y adolescencia, nuestros entrevistados, apuntan al sistema judicial como uno de los principales responsables de las altas incidencias de abusos sexuales y violaciones.

Vargas lanza una pregunta fuerte: ¿El dinero justifica liberar a una persona que ha violado, que ha cometido infanticidio, que ha cometido feminicidio? “Sabiendo que en cualquier momento puede existir otra víctima. La respuesta nos lleva a un tema crucial: es urgente que las autoridades no sólo estén capacitadas en el ámbito académico, sino que tengan una formación humana, ética, integral. A la fecha, tenemos autoridades denunciadas por violencia hacia las mujeres y porque no existe una “sentencia ejecutoriada” (formalidades) siguen fungiendo como jueces en juzgados que atienden casos de violencia hacia las mujeres. Muchas autoridades favorecen a agresores comprobados, no sólo por recibir sobornos, si no, porque existe un proceso psicológico social, una identificación con los agresores, al liberarlos, al protegerlos a ellos se protegen a sí mismos. Este punto es denunciado constantemente por los movimientos feministas, puesto que esta postura política entiende como una de las raíces principales de la impunidad la doble moral.

El otro porcentaje de autoridades judiciales están llenas de prejuicios moralistas, machistas, clasistas que afectan su imparcialidad. No es casual que en el palacio de justicia de Santa Cruz diga: “Dios ilumine al hombre para que en este templo se haga justicia”.

¿En qué medida los fiscales y jueces son cómplices para que no exista justicia e impere la impunidad en esos casos de abuso sexual a NNA?, le preguntamos a Martínez que acompaña a las víctimas de violencia sexual y conoce a fondo el accionar de los administradores de justicia. Su diagnóstico es claro y revelador:

La complicidad de fiscales y jueces en la impunidad de casos de abuso sexual a NNAs puede manifestarse de diversas formas:

Negligencia en la investigación: No realizar investigaciones exhaustivas, omitir pruebas o no dar la debida diligencia a las denuncias, la cadena de custodia en cuanto a las pruebas, omisión de funciones.

Falta de sensibilidad y revictimización: Tratar a las víctimas de manera inadecuada, cuestionar su testimonio de forma agresiva o no tomar en cuenta su vulnerabilidad. Asignar forense varón viendo la incomodidad de la victima.

Aplicación deficiente de la ley: Imponer penas leves o buscar alternativas a la prisión para los agresores. Impunidad

Corrupción: Aceptar sobornos o ceder a presiones para favorecer a los agresores.

Falta de especialización: No contar con la formación y sensibilidad necesarias para abordar casos complejos de abuso infantil.

Según estimaciones de varias ONGs, entre el 70% y el 90% de los casos de violencia sexual contra NNA en Bolivia no termina en sentencia condenatoria. Muchos ni siquiera llegan a juicio.

Dávalos es crítico sobre el accionar de los fiscales y jueces y de forma didáctica nos brinda detalles de los niveles de complicidad e impunidad en que incurre el sistema judicial para casos de abusos sexuales a niños y niñas, identificando cuatro elementos centrales ante la pregunta ¿En qué medida son cómplices los fiscales y jueces?

1. Complicidad por acción directa (corrupción y encubrimiento). Hay casos documentados de fiscales y jueces que aceptan sobornos, favores o presiones políticas para favorecer a agresores, especialmente si tienen poder o influencias. En algunos casos se desvirtúan pruebas, se retardan audiencias, se archivan denuncias sin justificación, o se presiona a víctimas y familias para desistir.

Dávalos precisa que esto es complicidad abierta, y debe ser identificada, denunciada y sancionada con fuerza.

2. Complicidad por omisión o negligencia. Muchos fiscales no investigan a fondo los casos, no recogen testimonios oportunamente, no aplican protocolos especializados. Jueces que no valoran adecuadamente el testimonio del niño o niña, exigen “pruebas físicas” cuando ya se sabe que muchas formas de abuso no dejan huellas visibles. Hay falta de sensibilidad y formación en enfoque de niñez, género y derechos humanos.

“Esta es una complicidad silenciosa, pero igual de grave”.

3. Complicidad por revictimización. Obligar a niñas/os a contar varias veces lo ocurrido, a estar frente a su agresor, o tratarlos como mentirosos/as cuando denuncian, constituye una forma de violencia institucional. Esto desalienta las denuncias, hace que muchas familias retiren los procesos, o que nunca lleguen a juicio.

4. Complicidad estructural. Hay falta de fiscales y jueces especializados en niñez en muchos municipios. La justicia es lenta, burocrática y poco accesible, sobre todo para familias empobrecidas o del área rural. Los cambios de fiscales, audiencias postergadas por meses o años, y ausencia de medidas de protección, benefician siempre al agresor.

“Aquí la complicidad está en no cambiar el sistema, sabiendo que falla”, anota Dávalos.

Es un secreto a voces la descoordinación institucional, la falta de recursos humanos sensibles y capacitados, la negligencia en la aplicación de las leyes y el vergonzoso rol que vienen desempeñando los fiscales y jueces, por lo que, urge reconocer estos diagnósticos y demostrar una enorme voluntad para cambiar uno mismo y generar transformaciones en todo el sistema de protección de los niños y niñas.

Así como propone Dávalos: Un Pacto Nacional por la Protección de la Niñez, que convoque a todos los sectores con metas concretas, responsables definidos y recursos asegurados. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de miles de niñas y niños, es la dignidad y el alma de un país entero.