La acción del exmandatario podría configurar una infracción a la Ley del Régimen Electoral y ser considerada como un delito electoral, debido a que la normativa vigente establece restricciones claras respecto a los tiempos en que se pueden divulgar sondeos relacionados con procesos electorales. Estas limitaciones tienen el objetivo de garantizar la equidad y transparencia en la contienda, y de evitar que el electorado sea influenciado por información no autorizada o parcializada durante las etapas previas al proceso.
Durante su programa radial, Morales presentó datos de dos estudios que reflejarían niveles de apoyo político a diferentes actores y organizaciones, sin mencionar si estas encuestas fueron registradas ante el TSE, tal como exige la normativa para que un estudio de opinión sea considerado válido y legal.
El reglamento del TSE exige que todas las encuestas electorales sean previamente registradas y validadas, y que su publicación se realice únicamente dentro de los plazos establecidos por el calendario electoral. En caso contrario, se expone a los responsables a sanciones administrativas, económicas o incluso penales.
Expertos en materia electoral consultados por Brújula Digital señalaron que este tipo de infracción podría dar lugar a una investigación por parte del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), y a la eventual remisión del caso al Ministerio Público, si se comprueba la comisión de un delito electoral.
Hasta la tarde de este domingo, el TSE no había emitido un pronunciamiento oficial sobre la difusión anticipada de encuestas por parte del exmandatario. No obstante, fuentes del ente electoral señalaron que se hará una evaluación del contenido del programa y se definirá si corresponde iniciar un proceso de oficio.
No es la primera vez que Morales utiliza su espacio en RKC para lanzar mensajes de carácter político y electoral, lo que ha sido motivo de cuestionamientos en anteriores ocasiones. En este contexto, organizaciones ciudadanas han pedido que el TSE actúe con imparcialidad y celeridad ante posibles vulneraciones a las normas electorales, independientemente del actor político involucrado.
