En el octavo día de bloqueos protagonizados por sectores afines al evismo, la Defensoría del Pueblo, junto a 55 redes e instituciones de la sociedad civil, emitió un pronunciamiento conjunto en el que exhorta a todos los actores políticos, públicos, privados y organizaciones sociales a “evitar una escalada de la conflictividad social” y a deponer “acciones, discursos y actitudes que inciten a la violencia”.
Durante una conferencia de prensa, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dio lectura al documento en el que se advierte que el actual contexto puede derivar en una “afectación irreversible de la estabilidad democrática, la institucionalidad del Estado y los derechos humanos de los bolivianos”.
El pronunciamiento hace referencia directa al impacto del bloqueo de carreteras, agravado por la crisis económica, la escasez de combustibles y la falta de divisas, señalando que estos factores están afectando a toda la población, en especial a las personas en situación de vulnerabilidad.
Las organizaciones firmantes llamaron a los actores políticos a actuar con “responsabilidad democrática”, y evitar discursos de odio o amenazas contra instituciones públicas o sociales, así como cualquier incitación a la violencia.
En cuanto a la respuesta del Gobierno, el documento insta a que la actuación de la fuerza pública se rija por los estándares internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza y que se evite el despliegue militar frente a manifestaciones pacíficas.
Sin embargo, en los últimos días, las protestas se tornaron violentas. De acuerdo con reportes oficiales, hay decenas de personas heridas, la mayoría efectivos policiales y personal médico. Se registró también el ataque a una ambulancia, cuyos ocupantes fueron golpeados durante un operativo de emergencia.
Actualmente, continúa un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar las vías, en particular la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país.
En el pronunciamiento también se dirigieron al Órgano Electoral, solicitando que garantice el cumplimiento del calendario electoral y asegure un proceso íntegro, transparente y competitivo.
A los sectores movilizados, les recordaron que el ejercicio de los derechos políticos debe realizarse dentro del marco democrático y con respeto a la libertad de expresión responsable. Advirtieron que únicamente las manifestaciones pacíficas están amparadas por estándares internacionales de protección de derechos, y solicitaron garantizar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.
Finalmente, el conjunto de instituciones hizo un llamado a establecer mecanismos “seguros e incluyentes” para abrir espacios de diálogo que permitan acuerdos sobre los principales problemas del país. Reafirmaron que “el diálogo debe priorizarse sobre el uso de la fuerza”, e instaron a la ciudadanía a mantener una actitud crítica, vigilante y comprometida con la democracia y los derechos humanos.
