El Gobierno nacional presentó ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley orientado a reforzar las capacidades de investigación en delitos de financiamiento al terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas, con el objetivo de que Bolivia salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La ministra de Justicia, Jéssica Saravia, explicó que la norma permitirá a las fuerzas del orden infiltrarse en redes criminales, rastrear flujos financieros, identificar beneficiarios finales y desmantelar estructuras delictivas, todo en línea con estándares internacionales. “Bolivia necesita estas técnicas para atender cualquier investigación relacionada tanto al financiamiento al terrorismo como al lavado de activos”, indicó.
Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que no aprobar esta normativa en los próximos dos años podría tener un alto costo. “Las consecuencias de no hacerlo serán que Bolivia pase a la lista negra del GAFI, con implicaciones económicas graves”, sostuvo.
El anteproyecto se enmarca en las observaciones realizadas al país por el GAFI, que exige una legislación más efectiva contra estos delitos para mejorar la transparencia financiera y la cooperación internacional. Las autoridades esperan que el tratamiento legislativo avance con celeridad para evitar que Bolivia enfrente sanciones financieras o restricciones en el sistema bancario global.
