Jaime Dunn, candidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica (NGP), aseguró en el programa Desayuno Informado que pagó más de 200 mil bolivianos para cumplir con los requisitos legales de postulación, y pidió que se revise la solvencia fiscal de aproximadamente 3.400 candidatos habilitados en todo el país.
Durante la entrevista, Dunn denunció que existen inconsistencias en la forma en que las autoridades electorales verifican la situación fiscal de los postulantes.
“La Alcaldía de El Alto se puede complicar con mi caso. Le preguntan a mi rival si tengo solvencia fiscal y emiten dos informes que son distintos”, explicó, cuestionando la transparencia y la uniformidad en los procesos de fiscalización.
El candidato afirmó que, en caso de ser inhabilitado, recurrirá a los recursos legales correspondientes sin afectar el desarrollo del proceso electoral.
“Si me inhabilitan, recurriré a lo legal sin afectar las elecciones”, señaló con firmeza, dejando en claro su intención de defender su candidatura dentro del marco jurídico.
Además, Dunn hizo un llamado a revisar a fondo la solvencia fiscal de los miles de candidatos que se presentaron a las elecciones, argumentando que esta revisión es fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso democrático. Según sus datos, cerca de 3.400 postulantes podrían estar involucrados en situaciones similares que requieren una evaluación detallada.
Este planteamiento pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control electoral y fiscalización para evitar irregularidades que puedan afectar la confianza ciudadana en los comicios. La denuncia de Dunn abre un debate sobre la eficacia y equidad de los filtros que aplican las autoridades electorales en Bolivia.
