Los participantes aseguran que reciben aportes de sus militantes para realizar los actos proselitistas. El ente electoral regula los financiamientos.
Millones de dólares danzan en medio de las campañas electorales. Algunas organizaciones políticas tienen presupuestos altos, otras son más austeras. La mayoría de las alianzas y partidos reúnen recursos económicos a través de donaciones de sus simpatizantes y todas invierten más en medios de comunicación tradicionales y espacios en redes sociales. Uno de los candidatos que más dinero gasta es Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el que menos tiene para campaña es Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Voto Informado hizo un recuento de los presupuestos que tienen las organizaciones políticas para enfrentar este proceso electoral. No todas dieron información exacta, pero todas confirmaron que sus presupuestos son engrosados por aportes. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un reglamento para que los candidatos, alianzas y partidos respeten las normas de la propaganda y campañas electorales.
Félix Ajpi es uno de los voceros de Alianza Popular, que postula a Andrónico Rodríguez. El también senador informó a Voto Informado que el financiamiento de la campaña de esta organización asciende a 15 millones de bolivianos. El legislador dijo que la mitad se destina al pago del estratega de campaña, el español Antoni Gutiérrez-Rubí. Además, afirmó que todos esos recursos provienen de aportes de simpatizantes y de sectores sociales que están al interior de la carrera de la dupla Andrónico Rodríguez-Mariana Prado.
“Nosotros iniciamos hace poco nuestra campaña. Lo hicimos con la presentación de nuestro binomio. Además, hay que presentar un monto económico al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) de cuánto gasto creemos que vamos a tener en esta campaña. Creo que estamos en una cosa (estimado) de 15 millones de bolivianos”, reconoció Ajpi.
El legislador detalló que parte de esos recursos provienen de colaboraciones de simpatizantes y de sectores sociales, quienes donan afiches o facilitan tarimas para los actos proselitistas. “Ese tipo de participaciones, nosotros vamos a descargar, porque hay compañeros que apoyan a la Alianza Popular”, explicó Ajpi. Asimismo, el senador descalificó las acusaciones sobre un presunto financiamiento desde el exterior o proveniente del narcotráfico.
“Todo eso es falso, esas acusaciones están dentro de la guerra sucia”, rechazó. Por otro lado, Ajpi confirmó que la campaña de Rodríguez y Prado cuenta con el respaldo de un asesor internacional, quien es Gutiérrez-Rubí. “Este estratega extranjero es bastante conocido en el ámbito político” y admitió que la semana pasada arribó a Bolivia. “La alianza cubre sus gastos de estadía y hotel” y afirmó que este fin de semana retornó a España. “Por vía virtual nos seguirá dirigiendo”, dijo.
Gastos y aportes
En la acera de la alianza Súmate, que postula a Manfred Reyes Villa y Juan Carlos Medrano, el monto de la campaña asciende a 20 millones de bolivianos, según reveló a Voto Informado el jefe de campaña de esa organización política, Mauricio Muñoz. El político dijo que también los recursos provienen de “aportes” y que la mayoría de ese dinero se destina a la propaganda pagada a medios de comunicación y plataformas digitales. “Nosotros vamos a llevar esta campaña con apoyo de nuestros militantes y de nuestros simpatizantes. Hemos hecho formularios de acuerdo a la normativa del TSE donde existe gente que aporta desde 10 bolivianos y hay gente que nos trae 15.000 o 20.000 bolivianos. Así estamos juntando recursos y nuestro campo está más o menos entre 18 a 20 millones de bolivianos”, afirmó Muñoz. El representante de Súmate aseguró que la mayor parte del presupuesto de campaña es destinado a la propaganda en los espacios de medios de comunicación y digitales. “Ustedes saben lo costoso que es llegar a los medios, sobre todo los televisivos”, dijo. Según el analista político Ricardo Paz Ballivián, actualmente una campaña electoral presidencial en Bolivia puede alcanzar un costo aproximado de 10 millones de dólares, debido al uso intensivo de medios de comunicación, especialmente la televisión, que sigue siendo el canal más caro y de mayor impacto, y al crecimiento de la publicidad en redes sociales.
El experto explicó que, si bien en el pasado una campaña podía costar entre cinco y seis millones de dólares, hoy ese monto se ha duplicado por la irrupción de plataformas digitales sin regulación efectiva y el encarecimiento de los espacios publicitarios en televisión abierta y digital.
“Antes una campaña costaba entre cinco o seis millones de dólares aproximadamente. Ahora creo que eso se ha incrementado casi al doble por el tema de que en las redes sociales puedes pautar prácticamente sin ningún tipo de control, entonces eso ha generado una explosión de financiamiento extraordinario de las campañas electorales en esta coyuntura”, afirmó Paz.
Según el reglamento de Propaganda y Campaña Electoral para las Elecciones Generales 2025, aprobado por Sala Plena del TSE el 16 de abril de 2025, las organizaciones políticas y los candidatos pueden realizar propaganda electoral en medios de comunicación tradicionales –televisión, radio, revista y prensa escrita-, medios digitales, redes sociales, propaganda gratuita en medios del Estado y campañas en actos masivos.
Este reglamento establece que la propaganda electoral de cada organización política o alianza está sujeta a tiempos y espacios máximos en cada medio de comunicación. Por ejemplo, en redes televisivas y canales de televisión, y en redes radiales y emisoras de radio, un máximo total de diez minutos diarios. Este tiempo incluye la difusión tanto nacional como departamental, municipal, regional.
En periódicos, se establece un máximo de dos páginas diarias y una separata semanal de hasta 12 páginas en tamaño tabloide. Lo mismo en revistas impresas. Los actos públicos de proclamación de candidaturas y cierres de campaña pueden ser difundidos por los medios de televisión y radio por un lapso máximo de dos horas continuas o discontinuas, en directo y/o diferido, por medio de comunicación y por día, que se computarán sumando los ámbitos nacional, departamental, municipal, regional.
“La transmisión debe identificarse como espacio solicitado durante todo el tiempo de difusión. En caso de la difusión de actos públicos de proclamación de candidaturas y cierres de campaña por medios digitales con dominio propio, con sus respectivas redes sociales, y cuentas en redes sociales registradas por organizaciones políticas, alianzas y candidatas y candidatos, no existe límite de tiempo”, dice parte del reglamento.
El dinero de Samuel
En la alianza Unidad, que postula a Samuel Doria Medina, también se afirma que el financiamiento de su campaña proviene de aportes de militantes y grupos que apoyan la postulación del empresario paceño. El vocero de esta agrupación, Marco Fuentes, no brindó una cifra exacta del monto que utiliza Unidad en esta campaña, pero allegados a este bloque dijeron a este medio que la cifra no pasa de los 27 millones de bolivianos.
“El tema de financiamiento de campaña es regulado por el Órgano Electoral. Los estados financieros y aportes, por lo menos de Unidad, son transparentes y nosotros como dirigentes aportamos. Sin embargo, hay que modernizar los mecanismos de transparencia electoral por el propio ente electoral. Nosotros nos estamos autofinanciando y nosotros pagamos nuestra propia campaña”, afirmó Fuentes.
El representante de Súmate aseguró que la alianza de Samuel Doria Medina gastó “más de seis millones de dólares solo en redes sociales”. Fuentes respondió que ese monto no es real y que existen aportes en cada departamento para realizar la campaña.
El analista Paz Ballivián detalló que una pauta de diez minutos por día en una red televisiva durante 27 días de campaña podría alcanzar los 243.000 dólares en el escenario más bajo y hasta medio millón de dólares si se considera el precio más alto por segundo. “Por lo menos se pautan en cinco, seis o siete canales. Solo en televisión se estaría hablando de tres a tres millones y medio de dólares”, dijo.
En el bando de Jorge Quiroga, presidenciable de la alianza Libre, el monto de financiamiento de su campaña no sobrepasa los 12 millones de bolivianos, según José Ormachea, dirigente de esta alianza en La Paz. “Son gastos más para medios de comunicación y digitales, también para logística de nuestro candidato (Quiroga), quien él mismo dijo que son aportes e incluso hay personas que se acercan a ofrecer casas de campaña. Lo nuestro es más humilde a comparación de otros candidatos”, dijo.
Sin embargo, solo el estratega extranjero que contrató Libre, Jaime Durán Barba, cuesta por lo menos 1,5 millones de dólares, según publicaciones de medios argentinos.
El postulante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, afirmó que su campaña es “austera” y que incluso recibe aportes para trasladarse “por tierra” a diferentes partes del país para hacer conocer su campaña. Otras organizaciones, como el Movimiento Al Socialismo (MAS), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) no brindaron detalles financieros de sus campañas.
La comisión que vigila la propaganda
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), creó una comisión que realiza el análisis y vigilancia de propaganda electoral que realizan las agrupaciones y alianzas políticas en medios tradicionales, digitales y redes sociales. Esta instancia emite un informe a la Sala Plena del TSE en caso de que haya violaciones a la normativa en la campaña.
“En el Tribunal Supremo Electoral se conformará la Comisión de Análisis Nacional Sifde de Propaganda y Campaña Electoral, integrada por servidores públicos para la elaboración de informes sobre vulneraciones al régimen de propaganda y campaña electoral, con base en los reportes de monitoreo y antecedentes de los casos de denuncias”, dice el artículo 33 del reglamento.
Esta instancia también hará seguimiento al derecho a propaganda gratuita que tienen las organizaciones políticas en medios estatales. En canales de televisión estatal, las alianzas y partidos tienen tres minutos por día. Lo mismo en emisoras de radio estatales y en periódicos estatales una separata en el periodo de campaña.
Solo mensajes de gestión
Según el reglamento de propaganda electoral del TSE, 30 días antes de la elección presidencial las autoridades del Gobierno solo pueden emitir mensajes estrictamente informativos acerca de campañas educativas, de salud y deportes, de servicios públicos o promoción turística. Esto está regulado a sanciones.
Se prohíbe propaganda gubernamental
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prohíbe 30 días antes de la elección presidencial la emisión de propaganda gubernamental. Esta disposición establece que autoridades del Gobierno no pueden promocionar una candidatura, como lo hizo el ministro Edgar Montaño, quien apoyó al candidato Eduardo Del Castillo, del MAS.
Redes sociales en campaña
Las cuentas en redes sociales registradas por las organizaciones políticas, alianzas y candidatas y candidatos serán consideradas oficiales por los tribunales electorales para el monitoreo de propaganda electoral. Estas cuentas también son vigiladas por funcionarios del ente electoral para verificar si vulneran el reglamento.
Prohibido en horario laboral
Los funcionarios públicos, cualquiera sea su nivel jerárquico o forma de designación, no podrá realizar campaña electoral en horarios laborales, ni podrá utilizar el cargo para difundir propaganda electoral o promover candidaturas. En caso de que el funcionario incumpla esta disposición, habrá sanción a la candidatura promovida
